Human Rights Watch (HRW-ONG) emitió un nuevo informe en su capítulo #Bolivia, en el cual se toca el tema de la justicia en Bolivia y además se habla de los casos de Luis F. Camacho, Jeanine Añez y César Apaza, de quienes no encuentran material justiciable para los supuestos implicados y donde miles bolivianos fueron testigos del fraude de Evo Morales como de Luis Arce, que manipulan la verdad y realizan juicios sin pruebas o sobredimensionadas.
Destacar que la HRW no encuentra pruebas para culpar a Camacho por terrorismo y afirma que acusación contra Añez carece de fundamento, pues la organización de derechos humanos revisó los documentos de las acusaciones y no halló pruebas que respalden el cargo de terrorismo contra Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.
El documento exhibe que la acusación de terrorismo contra Añez carece de fundamento y es “extremadamente desproporcionada”, agregando que también otras acusaciones en su contra están definidas de manera muy amplia en la legislación boliviana como es el caso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Ley.
A continuación publicamos los puntos más importantes de este informe internacional:
Interferencia política en la justicia
El documento en su primera parte confirma que “El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años.
Los sucesivos gobiernos, tanto bajo la expresidenta interina Jeanine Áñez como bajo el actual presidente Luis Arce, se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de “terrorismo” para la presentación de cargos contra opositores.
Las cárceles bolivianas continúan estando hacinadas, con atención sanitaria inadecuada y un uso excesivo de la prisión preventiva.
En marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció las uniones civiles para las parejas del mismo sexo.
En septiembre, un tribunal constató los graves daños que el uso descontrolado del mercurio genera en las comunidades indígenas de la Amazonía y ordenó al gobierno proteger sus derechos.
La violencia de género y la violación de derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas muy graves. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en numerosas ocasiones Bolivia se puso del lado de los gobiernos represivos y no defendió los derechos de las víctimas.
Independencia judicial
El sistema judicial de Bolivia ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita realizada en marzo de 2023. El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política.
Luis Fernando Camacho
En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia. Camacho fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo.
A octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece.
Jeanine Añez
La expresidenta interina constitucional Jeanine Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada.
En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana) por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019. Áñez no pudo asistir en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal.
Caso Cesar Apaza
César Apaza, dirigente cocalero (de la región de los Yungas), se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2022. Sufrió una embolia cerebral en febrero de 2023. Su familia denunció que las autoridades no le proporcionaban una atención médica adecuada. En julio, la Defensoría del Pueblo dijo que la fiscalía, a petición de la Defensoría, estaba investigando denuncias sobre torturas y otros malos tratos a Apaza por parte de agentes del Estado.
Jueces y fiscales interinos
Casi el 50% de los jueces en Bolivia son “transitorios”, dijo la CIDH en marzo. Alrededor del 80% de los fiscales también son “transitorios”, según datos de diciembre de 2022 obtenidos por la Fundación Construir, una organización no gubernamental boliviana. Los funcionarios judiciales que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder.
Los bolivianos tenían previsto votar en 2023 para elegir, a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los jueces de los tribunales superiores y a los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y destituir jueces. En el pasado, el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno. Las elecciones se retrasaron porque, por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos. El mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024; la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones no se celebren oportunamente.
Condiciones de detención
Los centros de detención de Bolivia albergan a tres veces más detenidos de los que permite su capacidad. La población carcelaria creció un 19% entre 2021 y 2022, ascendiendo a 24.824 personas, según datos oficiales obtenidos por Fundación Construir.
El sistema de justicia de Bolivia hace un uso excesivo de la prisión preventiva, incluyendo contra líderes de oposición. A diciembre de 2022, el 66% de los detenidos estaban a la espera de un juicio, indicó Fundación Construir.
Justicia por abusos de 2019
A octubre de 2023 nadie había sido juzgado por las 37 muertes en el contexto de las protestas por las elecciones de octubre de 2019, así como por las presuntas torturas y otros abusos cometidos en ese contexto por las fuerzas de seguridad. Un informe de 2021 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la CIDH, documentó graves falencias en las investigaciones de los abusos.
Libertad de expresión y acceso a la información
Página Siete, uno de los principales periódicos de Bolivia, cerró en junio. Su presidente acusó al gobierno de bloquear la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado y de presionar a empresas privadas para que no publiquen sus avisos en Página Siete, así como de imponer auditorías y multas arbitrarias que mermaron los ingresos del diario. En marzo, la CIDH había expresado su preocupación por la forma en que el gobierno asignaba la pauta publicitaria por parte del Estado. Bolivia carece de regulación al respecto.
Imagen: Abecor
Fuente: PAN
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