La declaración conjunta denominada "Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década", que se originó en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue presentada este miércoles por cuatro funcionarios de importantes organizaciones.
Los firmantes exigieron de los gobiernos el respeto a "las normas internacionales de derechos humanos, incluidas aquellas relacionadas con la transparencia, al intentar regular o influir en las expresiones que circulan en las plataformas y medios en línea".
Además, pidieron a los Estados apoyar una Internet libre, para lo que demandaron "abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato", así como "tomar medidas inmediatas a largo plazo para prohibir la vigilancia ilegal o arbitraria y el tráfico irresponsable de herramientas de la industria comercial de spyware, que poseen considerables efectos perjudiciales sobre el ejercicio de la libertad de opinión y expresión".
El texto propuso la creación de un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, la búsqueda de "una Internet libre, abierta e inclusiva", y denunció el "control privado como amenaza de la libertad de expresión".
Los firmantes del documento son el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión; el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación; el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Esos funcionarios expresaron su preocupación por "los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación", y por el "incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, el control político sobre las insuficientes asignaciones financieras a los medios de servicio público" y "las fallas en el desarrollo sostenible de la radiodifusión comunitaria", entre otras situaciones que afectan la libre circulación de las opiniones e ideas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en que se basó este pronunciamiento había denunciado "la continua prevalencia de restricciones legales indebidas sobre la expresión en línea y su aplicación abusiva".
También, ese dictamen subrayó la urgencia de que los Estados respeten las obligaciones establecidas en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los obliga a no imponer restricciones a la libertad de expresión.
Asimismo, exigieron en su llamado a que las autoridades tomen "medidas inmediatas y significativas para proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques".
Imagen: OEA
Fuente: Diario de Cuba
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