¿Cómo lograr que la información y la evidencia guíen la política pública?

Nuestro trabajo diario para fortalecer las políticas de desarrollo infantil nos ha mostrado que “lo que se mide, se puede mejorar”. Es tan potente esta frase, que se ha convertido en el eslogan de una institución tan importante como es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en México. En otras palabras, los hacedores de política pública necesitan contar con evidencia empírica, indicadores –“lo que se mide”- para tomar decisiones que efectivamente mejoren las variables de resultado asociadas al bienestar de la ciudadanía. Aunque parece un enunciado bastante obvio, también pone en evidencia una trágica constatación.

Contar con información es una condición necesaria pero no suficiente para hacer buena política pública. Es decir, las importantes inversiones realizadas por los gobiernos, la sociedad civil, los centros de investigación y las agencias internacionales para generar estadísticas, sistemas de información, evaluaciones de impacto y de procesos, estudios cualitativos, entre otros, pueden tener retorno nulo si no llegan a persuadir de manera decisiva a los políticos y a informar sus opciones de política pública.

La evidencia, los datos, la información, ¿pueden modificar los puntos de vista y las decisiones de los hacedores de política? O siendo incluso más agnóstica al respecto, ¿los políticos demandan este tipo de información? Dos interesantes experimentos llevados a cabo entre los alcaldes de los más de dos mil municipios en Brasil por un grupo de economistas empíricos y cuyos resultados han sido publicados recientemente ofrecen algunas luces al respecto.

¿Puede la evidencia de evaluaciones aleatorizadas afectar el punto de vista de un político?

Para explorar esta pregunta, los investigadores se aproximaron a los alcaldes brasileños e indagaron cuál creían que sería el impacto de un programa de desarrollo infantil temprano (DIT) sobre el bienestar y el desarrollo de la niñez en su municipio. A continuación, hablaron con estos alcaldes sobre un estudio riguroso -seleccionado al azar de entre cuatro conocidas evaluaciones en esta área, en diferentes países y con muestras de distinto tamaño- que medía los impactos de un programa de DIT y le dieron la opción de pagar por conocer más sobre sus resultados. Aleatoriamente, se designó a quienes recibieron información detallada sobre los impactos de estos programas. Los que accedieron a esta evidencia tuvieron la opción de actualizar sus creencias sobre el impacto potencial de un programa de DIT en su municipio e incluso, de contratar servicios de asistencia técnica para implementarlo.

Los investigadores reportan varios hallazgos interesantes:

(a) Los alcaldes estuvieron dispuestos a pagar por conocer la evidencia.

(b) Expresaron su disposición a pagar más por estudios con muestras más grandes, pero no necesariamente por estudios provenientes de países más parecidos a Brasil en cuanto a su nivel de ingresos.

(c) Quienes ya implementaban en sus municipios programas de DIT revelaron una mayor demanda por los estudios a través de su disposición a pagar por ellos.

(d) Tal vez lo más interesante: informarse sobre la evidencia resultante de la evaluación de impacto hizo que los hacedores de políticas modificaran sus propias creencias sobre el impacto que un programa de este tipo podría tener en su localidad. En otras palabras, los investigadores confirmaron no solo que los políticos demandan información y evidencia, sino además que estos insumos pueden cambiar sus apreciaciones, opiniones, creencias y perspectivas.

Un paso más allá: ¿la evidencia afecta las decisiones de política?

En un segundo experimento, durante una convención nacional de alcaldes, los investigadores invitaron a un grupo seleccionado al azar a asistir a una reunión en la cual se les presentó los resultados de varias investigaciones rigurosas que demostraban cómo enviar cartas recordatorias podía mejorar los niveles de cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias. Se escogió esta intervención de política por ser barata, relevante para los alcaldes, y de relativamente fácil implementación. Los investigadores hicieron un seguimiento con los participantes entre 1 y 2 años más tarde. Confirmaron que asistir a la sesión tuvo un impacto de 10 puntos porcentuales sobre la adopción de este tipo de cartas para promover el pago de impuestos con respecto a un nivel de 32% en el “grupo de control — es decir, entre los alcaldes de municipios no invitados a la sesión y que ya enviaban estas cartas a sus contribuyentes.

¿Qué aprendemos de estos experimentos?

Esta investigación demuestra que los políticos no solo demandan evidencia, sino que ésta modifica sus puntos de vista e incluso sus acciones y decisiones. No obstante, ¿qué explica el que no haya un esfuerzo activo por parte de los hacedores de política para informarse mejor antes de diseñar un nuevo programa o modificar una política pública?

Desde el punto de vista de organizaciones como el propio Banco Interamericano de Desarrollo, leer este estudio me ha hecho preguntarme qué podemos hacer mejor para que la información y la evidencia que producimos sea más utilizada en el diseño de políticas públicas, incluyendo en el ámbito del DIT. Una idea es pensar en estrategias de diseminación que presenten, en formatos accesibles y breves, resúmenes sistemáticos de evidencia para el consumo de los hacedores de política y sus equipos.

Imagen: Ahorremos Club

Fuente: iadb.org