Cientos de miles de personas están siendo obligadas por bandas criminales organizadas a participar en la realización de delitos en línea en Asia sudoriental, delitos que van desde estafas de inversiones relacionadas con relaciones ficticias y cripto-fraude hasta apuestas ilegales, según muestra un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las víctimas sufren una variedad de violaciones y abusos graves, incluyendo amenazas para su seguridad; y muchas de ellas han sido sometidas a tortura y a trato o castigo cruel, inhumano y degradante, a detención arbitraria, violencia sexual, trabajos forzados, así como a otros abusos de derechos humanos, según señala el informe.
«Las personas que son obligadas a trabajar en estas estafas padecen un trato inhumano al tiempo que son obligadas a cometer delitos. Estas personas son víctimas. No son criminales,» afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk.
«En nuestro llamamiento constante para que se haga justicia a esas personas que han sido defraudadas mediante la delincuencia en línea, no debemos olvidarnos de que este fenómeno tan complejo produce dos tipos de víctimas.»
Resulta complicado calcular la magnitud de la trata de personas para cometer estafas en línea en Asia sudoriental, afirma el informe, debido a su carácter clandestino y a las deficiencias de la respuesta oficial. Fuentes creíbles sostienen que al menos 120.000 personas ubicadas en muchos puntos de Myanmar pueden estar retenidas en situaciones donde son obligadas a llevar a cabo estafas en línea, a la vez que los cálculos sobre una situación parecida en Camboya son de aproximadamente 100.000. Otros Estados de la región, incluyendo la República Democrática Popular Lao, Filipinas y Tailandia, han sido identificados también como países principales de destino o tránsito en donde se han visto implicadas decenas de miles de personas como mínimo.
Estos centros de estafas generan ingresos que ascienden a miles de millones de dólares americanos todos los años.
La pandemia de la COVID-19 y las medidas de respuesta consiguientes tuvieron un impacto drástico sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en toda la región. Las medidas de salud pública obligaron a cerrar casinos en numerosos países y como respuesta, los operadores de casinos desplazaron sus operaciones a espacios menos regulados, incluyendo zonas fronterizas afectadas por conflictos y Zonas Económicas Especiales, además de al espacio en línea, el cual es cada vez más lucrativo, según señala el informe.
Al tener que enfrentarse a nuevas situaciones para manejar sus operaciones, los delincuentes empezaron a fijarse cada vez más en migrantes en situaciones vulnerables, los cuales se encontraban desamparados en estos países y sin empleo alguno debido a los cierres de fronteras y de las empresas, con el fin de emplearlos en operaciones criminales, bajo el pretexto de ofrecerles trabajos reales. Ya que los cierres por culpa de la COVID obligaron a millones de personas a quedarse en sus hogares, pasando más tiempo en línea que nunca anteriormente, comenzaron a aparecer más objetivos ideales para ser víctimas de sistemas de fraude en línea y más personas propensas a ser empleadas de forma fraudulenta.
La mayor parte de las personas utilizadas en operaciones de estafas en línea son hombres, aunque entre las víctimas se encuentran también mujeres y adolescentes, según indica el informe. La mayoría de ellas no son ciudadanas de los países en los que ocurre esta trata. Muchas de las víctimas tienen un buen nivel educativo, en ocasiones con experiencia en empleos profesionales o con títulos de licenciatura o incluso de posgrado, con conocimientos informáticos y manejando varios idiomas. Las víctimas provienen de países de toda la región ASEAN (de Indonesia, RDP Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam), así como de China continental, Hong Kong y Taiwan, Asia meridional, e incluso de países más lejanos de la zona de África y América Latina.
A la vez que algunos países de Asia sudoriental han aplicado marcos legales y normativos destinados a combatir la trata de personas, en ocasiones estos mismos marcos no se ajustan a las normas internacionales. En muchos casos su puesta en práctica no ha respondido adecuadamente al contexto y sofisticación que caracterizan estas estafas en línea, asegura el informe.
Las víctimas de trata y de otros abusos de derechos humanos son identificadas de forma errónea como criminales o como infractores en materia de inmigración y, en lugar de ser protegidos y recibir el acceso a rehabilitación y reparación que necesitan, son objeto de enjuiciamiento penal o de sanciones en materia de inmigración, señala el informe.
«Todos los Estados afectados han de reunir la voluntad política necesaria para afianzar los derechos humanos y mejorar la gobernanza y el estado de derecho, incluso a través de iniciativas claras y sostenidas para combatir la corrupción. Este paso debe formar parte tanto de la respuesta ante estas estafas como de una respuesta firme del sistema de justicia penal,» declaró Türk.
«Solamente un enfoque holístico de este tipo puede romper el ciclo de impunidad y asegurar protección y justicia para estas personas que han sufrido unos abusos tan horrendos.»
Fuente: ONU
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