Atlantic Council alerta sobre el retroceso del Estado de Derecho en el mundo

Atlantic Council lanzó una advertencia clara: el Estado de Derecho es el principal motor de la prosperidad y el bienestar social a largo plazo. Un análisis que abarca tres décadas y comprende datos globales muestra que el deterioro de este pilar amenaza el desarrollo económico y social en todas las regiones, incluso en democracias establecidas. El informe, divulgado en el trigésimo aniversario del Índice de Libertad y Prosperidad, destaca que la erosión del Estado de derecho afecta tanto a los países avanzados como a los emergentes, y que revertir esta tendencia demanda reformas coordinadas y una inversión significativa en la capacidad judicial.

El estudio de Atlantic Council, a través de su Freedom and Prosperity Center, emplea el Índice de Libertad y Prosperidad, una herramienta que evalúa la calidad institucional de 164 países desde 1995 hasta 2024. El análisis se fundamenta en tres dimensiones: política, legal y económica. El componente político analiza el acceso y la limitación de la autoridad ejecutiva; el legal, la sujeción a la ley, incluida la independencia judicial; y el económico, en qué medida los mercados, y no el Estado, asignan los recursos. Esta estructura convierte la complejidad institucional en componentes medibles y comparables, permitiendo observar cómo cada dimensión incide en el desarrollo y la prosperidad nacional.

Estado de derecho y prosperidad: evidencia y casos comparativos

Los datos recolectados por Atlantic Council son concluyentes: el Estado de derecho es el factor institucional que más impacta en la prosperidad. Su influencia supera a la de la libertad política y económica tanto en el crecimiento del ingreso, como en la esperanza de vida y la protección de las minorías. Un sistema donde la ley es clara, predecible y aplicada de forma uniforme favorece la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido. Más allá de impulsar el desarrollo económico, el Estado de derecho facilita reformas políticas y de mercado, al proporcionar la base para la gobernanza democrática y la apertura económica.

El informe resalta casos concretos. Rwanda y Nigeria, con niveles institucionales similares en 1995, siguieron caminos muy distintos. Rwanda optó por la estabilidad, la legalidad y la liberalización económica, obteniendo avances notorios en prosperidad y un aumento de 19 puntos en el Índice de Prosperidad en tres décadas. Sin embargo, la falta de una democratización plena podría limitar su potencial a futuro. Nigeria, en cambio, apostó por la liberalización política tras el fin de la dictadura militar en 1999, pero no logró fortalecer las instituciones legales y económicas. El progreso en libertad política fue notable, pero la persistencia de la corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional redujo su desarrollo, con un aumento de casi 13 puntos en el mismo periodo.

Chile ofrece otro ángulo sobre la resiliencia y vulnerabilidad institucional. Entre 2019 y 2022, el país afrontó protestas sociales que provocaron una baja significativa en el indicador de “claridad de la ley”, reflejando incertidumbre entre la ciudadanía frente a normas y medidas de emergencia. Ante esto, Chile emprendió una reforma constitucional y promulgó en 2023 una nueva Ley de Delitos Económicos, que potenció la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Aunque las reformas constitucionales fueron rechazadas en referendos, el proceso amplió la participación ciudadana y el debate sobre el Estado de derecho. Estas medidas permitieron una recuperación parcial en los indicadores legales, demostrando que la movilización social y las reformas bien orientadas pueden revertir el deterioro institucional, a pesar de la gradualidad y los desafíos de polarización política.

Deterioro global del estado de derecho y recomendaciones

Pese a avances en algunos países, el informe de Atlantic Council alerta sobre el retroceso global del Estado de derecho durante los últimos once años, llegando hasta su punto más bajo en casi dos décadas. Esta erosión afecta varios componentes legales así como claridad de la ley, independencia judicial, seguridad, informalidad, burocracia y corrupción, siendo la “claridad de la ley” la dimensión más dañada. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han registrado las caídas más abruptas, con descensos de 6,6 puntos en promedio. Dentro del grupo, lideran los retrocesos Reino Unido (-18,20), Corea del Sur (-18), Canadá (-17,70), México (-16,80) y Francia (-14,60). Entre los países fuera de la OCDE, Nicaragua (-35,60), Afganistán (-33,50), El Salvador (-26,30), Myanmar (-24,60) y Benín (-24,50) muestran los descensos más drásticos.

La “claridad de la ley” mide la coherencia, la publicidad y la aplicación predecible de las normas legales. Cuando esta dimensión se debilita, los sistemas jurídicos pierden consistencia y las leyes se aplican de modo desigual, lo que genera incertidumbre y disminuye la confianza en las instituciones. El impacto, además, desalienta la inversión, restringe el emprendimiento y amplía el margen para la corrupción y la informalidad. Según Atlantic Council, la erosión de la confianza en el Estado de derecho debilita la eficacia de las reformas políticas y económicas, limita el desarrollo y reduce las posibilidades de prosperidad compartida.

Frente a este diagnóstico, Atlantic Council presenta una serie de recomendaciones para gobiernos, donantes y sector privado. Exhorta a los gobiernos a convertir la reforma del Estado de derecho en prioridad estratégica, enfocándose en la claridad legal, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Recomienda invertir en la capacidad de los sistemas judiciales, combatir la corrupción y la informalidad mediante políticas como la digitalización y la simplificación de trámites, y fortalecer la legitimidad institucional a través de mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A donantes y organismos financieros internacionales, les sugiere condicionar la ayuda a mejoras objetivas en la efectividad judicial, así como apoyar a la sociedad civil y a medios independientes. Para el sector privado, plantea la importancia de la transparencia en los contratos, la cooperación en buenas prácticas regulatorias y la defensa de marcos legales estables y predecibles.

En su conclusión, Atlantic Council sostiene que la prosperidad sostenible requiere algo más que ajustes técnicos o reformas aisladas. Es imprescindible un esfuerzo estratégico y coordinado para fortalecer los tres pilares institucionales —político, legal y económico—, otorgando especial protagonismo al poder habilitador del Estado de derecho. Aprovechar la experiencia acumulada en treinta años de datos y casos nacionales permitirá a responsables de políticas y actores sociales priorizar las intervenciones más eficaces y construir resiliencia frente a futuras crisis.

En definitiva, el informe afirma que la libertad, en sus dimensiones política, legal y económica, constituye no solo un valor ético, sino también el camino más efectivo y pragmático hacia la prosperidad colectiva.

Fuente: Infobae

Revistas literarias publicadas en La Paz a principios del siglo XX

A propósito de las revistas literarias bolivianas, hace unos días atrás, recordé que fruto de mis búsquedas en los puestos de libros usados en la “Riel” de la Feria 16 de julio, de El Alto, de La Paz, encontré, con fortuna, tres ejemplares de comienzos del siglo XX. Dos eran paceñas y una era cochabambina. Y como diría Carlos Medinaceli (1898-1949), “Comentarla[s]… ¿por qué no?”, aunque, amargamente también señalaba: “Yo he nacido con un triste destino: el de comentar” y tal vez yo estoy infectado de Medinaceli. En cualquier caso, esta (re)aparición ocasional es posible entenderla de muchas maneras. Más, me gustaría emprender este comentario en sentido de que hablar sobre estos impresos da la sensación de crear ruido en el silencio del tiempo.

A este respecto, la revista Ciencias y Arte, fue publicada en “La Paz, Setiembre 28 de 1902” (sic). El formato era de 15,5 X 24 cm y estaba constituida por una tapa, una contratapa y, en su interior, 26 páginas de papel biblia color blanco. En cuanto a la paginación, iniciaba en el número 64 y terminaba en el 89, dando a entender que, tanto las anteriores y las futuras entregas, seguían una numeración correlativa. En esa lógica, este ejemplar era el número 4. En la portada constaban los datos editoriales del “Año I” y en un titular se leía “Revista mensual de Ciencias Sociales y Literatura” (periodicidad de entregas). También aparecía como “Director y redactor”, Felipe 2º Guzmán (1879-1932). Un “Sumario” donde se exhibían los nombres de 10 colaboradores y sus respectivas notas. Al pie de la tapa decía “Imprenta y Litografía Boliviana – Parque Murillo”. En la parte posterior había 8 avisos publicitarios, 6 de direcciones de bufetes de abogados, 1 de una zapatería y 1 de la publicación de un compendio de Aritmética Mercantil.

Conforme iba viendo el contenido de esta publicación periódica, me daba cuenta que estaba dividida en tres claras secciones: la primera reproducía comentarios políticos, cuyo fin era provocar el pensamiento crítico de la sociedad de la época. Así, en “Penalidad electoral”, el autor Felipe 2º Guzmán lanzaba un elocuente discurso sobre el ejercicio del sufragio y el fraude electoral (¿multiverso?): “No se olvide que, de la calificación nace la ciudadanía, y si la adquisición y ejercicio de este derecho ha de ser garantizado por la ley, castíguese el fraude en la inscripción con penas paralelas al daño que se intentó causar o se causó a la sociedad”. Bautista Saavedra (1870-1939) en “¿Una lección de Sociología?”, refería que en la revista potosina Temas de estudio, el artículo “Sociología” tiene muchas imprecisiones y esto “motivaría algunas rectificaciones dirigidas al flamante sociólogo boliviano” Carlos V. Romero (1856-1909). Igualmente, replicaba: “debería dejar la tarea de dar enseñanzas sobre Sociología, para otras expertas manos”. Finalmente, Daniel Sánchez Bustamante (1871-1933), en “La sociedad: sus fenómenos y sus leyes”, con pulcra elegancia en su escritura, brindaba y reflexionaba sobre el concepto de sociedad, pues decía que es “toda reunión de hombres dirigidos por ideas, deseos e instintos semejantes: no simplemente agrupación, sino también comunicación mental” y José Palma y V. (1870-1927) en “Por el porvenir de la juventud” cuestionaba “la muerte civil y la infamia” de la ley sobre cierta juventud que cometió actos criminales.

El que lee los comentarios de la primera parte, en efecto, sabe que escucha un ruido. Es una forma de escucha en el tiempo del ruido. Un ruido que desea ser transformador. Siguiendo ese sentido sonoro, la segunda parte era literaria y se denominaba “Bellas Letras”. En este espacio he tenido una agradable sorpresa, pues se abría con el cuento modernista (inédito) “Las dos gatas”, de Armando Chirveches Arrozpide (1881-1926), escritor talentoso que revelaba su faceta de cuentista. El relato exponía una armoniosa construcción y un perfecto dominio del lenguaje: “–Ya lo ves, repuso Pepe, soy refractario al matrimonio, incapaz de llegar al grado de fusión necesario para combinar dos caracteres, unir dos caprichos y dos epidermis. Además los argumentos con vidrio molido so son los que conducen a la Vicaria”. Sin duda, el autor de La candidatura de Rojas poseía el predominio de la expresión metafórica.

A continuación, aparecían 4 poemas de Juan Francisco Bedregal (1883-1944); Abel Alarcón (1881-1954); Felipe 2º Guzmán y del cubano Emilio Bobadilla (1862-1921). Los dos primeros, conjuntamente Chirveches, en 1905, conformarán el grupo literario Palabras Libres. Una generación de intelectuales que hizo mucho ruido en las letras nacionales. Transcribo una estrofa de “Gotas de ron”, de Bedregal: “Por la musa festiva y traviesa / que bebe cogñác con los bohemios (sic) / en las sucias tabernas; I que imprime sus besos de fuego / en la gélida frente marchita / del artista que de hambre se muere”. Me parece que estos aportes suponían robustecer a un talentoso grupo de jóvenes autores, al mismo tiempo, hay que entenderlos como construcciones textuales concretos a ser leídos en estos soportes literarios.

Luego venía la sección “Notas del mes. Bibliografía”. Parte que cumplía la buena acción de proveer de información sobre publicaciones de libros y de revistas. Ahí, uno se enteraba de la circulación de las revistas “La nueva revista Nº 2” y “La Crisálida Nº 5”, última que se editaba en Oruro. Del mismo modo, brindaba noticias cortas del acontecer social paceño, tal que la nota “Exámenes anuales” apuntaba: “La juventud estudiosa se prepara entusiasta a las pruebas de fin de año. La intelectualidad paceña que se nutre de conocimientos útiles en las aulas escolares y universitarias ha dado, siempre muestras de su aprovechamiento”.

Es cierto que esta forma de divulgación no refleja la realidad de esta atractiva revista literaria paceña, pero, me parece interesante describirla como un objeto literario útil que hace escuchar el sonido de un tiempo atrás y que expone su poética y su retórica. Son lecturas enriquecedoras para observar experiencias y producción textual de un grupo de escritores que estaban en boga en ese momento. Y, también, vale para conformar un corpus bibliográfico (¿in-completo?) de revistas literarias bolivianas.

Fuente: Ramona Cultural

De la Casa de la Moneda al QR y los activos virtuales

El pasado 6 de agosto, Bolivia celebró 200 años de vida, en este periodo la banca y la regulación financiera tuvo una importante evolución y se destacan al menos 14 hitos desde la acuñación de las primeras monedas en la Casa Nacional de la Moneda en el siglo XVI hasta la digitalización del sistema financiero, el nacimiento del QR y de los activos virtuales en los últimos años.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), difundió con motivo de este importante acontecimiento un documento denominado “Breve Reseña de la Regulación y Supervisión Financiera en el Bicentenario de Bolivia", donde repasa y analiza la historia del sistema financiero y su desarrollo en el país.

El  documento presenta un recorrido histórico sobre la evolución de la regulación y supervisión financiera en Bolivia desde el periodo colonial hasta la actualidad; pasando su desarrollo, desde los primeros mecanismos de control en la colonia, la creación del Banco Nacional de San Carlos, los Bancos de Rescate en el siglo XVIII, la institucionalización de la banca en el siglo XIX con la Ley de Bancos de Emisión de 1890, la influencia de la Misión Kemmerer en 1928, hasta las reformas estructurales y la modernización del sistema en el siglo XXI y los desafíos actuales.

Estos son los principales hitos:

Primer hito

La actividad financiera en el territorio boliviano tiene como uno de sus principales antecedentes la creación de la Casa Nacional de Moneda de Potosí en el siglo XVI, destinada a la acuñación de monedas de plata que facilitaron las transacciones comerciales, aprovechando la abundante producción minera de la región.

Segundo hito

En el siglo XVIII, se creó el Banco de Rescates de Potosí, que centralizaba la compra de la plata producida en la región. Esta institución ejercía un monopsonio de toda la plata producida y otorgó créditos sin interés a los productores, facilitando la adquisición de diversos materiales e, incluso, estableció un premio sobre la plata vendida a dicho Banco.

Tercer hito

El 2 de junio de 1782 fue fundado el Banco Nacional de San Carlos, que absorbió las funciones del Banco de Rescates. Entre sus principales objetivos figuraban asegurar un mercado para la plata a precios favorables y pagados al contado, consolidarse como una institución de crédito alternativa a las extorsiones de los mercaderes, abasteciendo de créditos seguros y gratuitos a los empresarios mineros.

Durante las primeras décadas del siglo XIX, la continuidad de estas actividades se vio afectada por la crisis política y económica derivada de la guerra de la independencia. El Banco Nacional de San Carlos enfrentó crecientes dificultades financieras debido a los préstamos públicos forzosos que absorbieron toda su liquidez, lo que condujo a su agotamiento y limitó su capacidad de financiamiento.

Hasta 1825, la actividad financiera en la región se mantuvo vinculada principalmente a la minería, a través de instituciones creadas para facilitar la comercialización de metales y otorgar financiamiento a los productores. La formación de un sistema bancario formal y regulado sería un proceso posterior.

Tras la independencia, la economía boliviana mantuvo su dependencia de la minería, sin un sistema financiero formal en las primeras décadas. Fue recién, en la segunda mitad del siglo XIX cuando comenzaron a consolidarse las primeras instituciones bancarias propiamente dichas.

Cuarto hito

En 1867, se fundó el Banco Boliviano, la primera entidad privada de este tipo, con facultad de emisión y capitales mixtos nacionales y extranjeros. Esta institución fue absorbida, posteriormente, por el Banco Nacional de Bolivia (BNB), creado en la década de 1870, que se consolidó como la entidad bancaria más importante del país en ese periodo.

En 1871, se promulgó la Ley de Autorización para la Creación de Bancos, que otorgaba al Gobierno la facultad de aprobar o rechazar la creación de estas entidades. Sin embargo, no fue hasta 1890, que se estableció un marco normativo más estructurado con la Ley General de Bancos de Emisión y Comercio, que introdujo requisitos de capital mínimo, límites a la emisión de billetes en proporción al capital (hasta un 150%) y la creación de la figura del Inspector General de Bancos, encargado de controlar la impresión de billetes y dar validez a los mismos mediante su firma.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las instituciones financieras existentes mantuvieron un carácter eminentemente comercial y orientado a la actividad minera. La falta de un ente regulador sólido y de un banco central limitó la capacidad del Estado para influir en la política monetaria y crediticia del país.

Este periodo finalizó en la segunda mitad de la década de 1920, con la creación de las primeras instituciones modernas de regulación y control, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia financiera de Bolivia.

Quinto hito: creación y primera etapa de entidades de control

En 1927, la llegada de la Misión Kemmerer impulsó reformas en el sistema financiero boliviano, promoviendo la creación de instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de Bolivia (BCB).

La Ley General de Bancos de 1928, estableció a la Superintendencia como dependencia del Ministerio de Hacienda, responsable de la vigilancia de la actividad bancaria. El Superintendente de Bancos debía ser designado por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por la Cámara de Senadores y sólo podía ser removido por la Corte Suprema.

En la década de 1940, la Ley de Reorganización del BCB, estableció dos departamentos independientes: el Monetario, encargado de las funciones tradicionales de un banco central y el Bancario, con funciones de banca de fomento.

Este periodo consolidó las bases de la supervisión financiera en Bolivia, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la regulación ante los desafíos económicos derivados de la crisis internacional de 1929 (la Gran Depresión) y las transformaciones internas del país.

Sexto hito: Banca de Fomento y capitalismo de Estado

Con la Revolución de abril de 1952, inicia la etapa del Capitalismo de Estado que estuvo vigente en el país hasta la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985.

En este periodo, el Estado boliviano adoptó un papel protagónico en la economía, impulsando un modelo de desarrollo basado en la intervención directa, caracterizado por altos niveles de inversión pública, planificación centralizada y fuerte participación estatal en la asignación de recursos productivos.

Las políticas aplicadas consistieron en exenciones tributarias, aranceles de protección a la industria nacional y la expansión del crédito dirigido con la creación de bancos de fomento.

El Banco Minero de Bolivia y el Banco Agrícola de Bolivia canalizaron recursos hacia la minería pequeña y mediana, así como a las actividades agropecuarias y agroindustriales. Se dispusieron importantes flujos de recursos y subsidios a través de estas instituciones especializadas.

Durante este periodo, también se promovió la creación de bancos orientados al desarrollo de la industria.

También se autorizó la creación de nuevas entidades financieras, incluidas asociaciones mutuales. Al finalizar esta etapa, el sistema financiero boliviano tenía una fuerte presencia estatal en la asignación de recursos, priorizando los objetivos de la política económica sobre las decisiones de mercado

Séptimo hito

A partir de 1964, los gobiernos militares profundizaron el modelo de Capitalismo de Estado iniciado con la Revolución Nacional. Este modelo se basó en la intervención directa del Estado en la economía, la nacionalización de sectores estratégicos y la canalización dirigida del crédito hacia actividades consideradas prioritarias

En este periodo, se promovió la expansión del crédito dirigido a sectores específicos. Por ejemplo, mediante Decreto Supremo Nº 07977, se dispuso que, hasta un 70% de la cartera bancaria, debía orientarse al sector industrial y el resto al crédito comercial.

El auge de los precios internacionales de materias primas y el endeudamiento externo durante los años setenta sostuvieron este modelo. El Banco del Estado y el Banco Central de Bolivia jugaron un rol preponderante en la asignación de recursos financieros, a través de líneas de crédito preferenciales, con destino a sectores definidos por la planificación estatal.

El auge de los precios internacionales de materias primas y el endeudamiento externo durante los años setenta sostuvieron este modelo. El Banco del Estado y el Banco Central de Bolivia jugaron un rol preponderante en la asignación de recursos financieros, a través de líneas de crédito preferenciales, con destino a sectores definidos por la planificación estatal.

Esta etapa concluyó en 1982, con el retorno a la democracia, dejando un sistema financiero caracterizado por una elevada intervención estatal, desequilibrios estructurales y creciente rigidez en los mercados de crédito.

Octavo hito:  Recuperación de la democracia crisis económica y reformas estructurales

Tras la recuperación de la democracia en 1982, Bolivia enfrentó una de las crisis económicas más profundas de su historia. La inflación, que ya era alta a inicios de la década, se transformó en hiperinflación a partir de 1984, alcanzando tasas mensuales promedio del 46% y acumulando un incremento de precios de más del 20.000% durante ese año.

El déficit fiscal fue financiado, principalmente, a través de la emisión monetaria por parte del BCB, lo que generó una espiral inflacionaria insostenible.

Esta situación derivó en la desintermediación financiera, con retiros masivos de depósitos y una fuerte contracción del crédito.

Entre 1982 y 1985, los depósitos a la vista cayeron en un 87% y los depósitos en cajas de ahorro en un 90%, en términos reales. El gobierno, incapaz de contener la situación, aplicó sin éxito al menos seis paquetes de medidas económicas, que incluyeron controles de precios, devaluaciones y congelamientos de tarifas, a pesar de aquello, no logro revertir la crisis.

La crisis alcanzó su punto más crítico en 1985, lo que motivó la adopción de la Nueva Política Económica mediante Decreto Supremo Nº 21060, que puso fin a este periodo, introduciendo un severo ajuste estructural orientado a estabilizar la economía y controlar la hiperinflación. Esta medida cerró la etapa de fuerte intervención estatal y marcó el inicio de un nuevo modelo económico basado en el libre mercado.

Para enfrentar la crisis que vivía el país, se adoptaron un conjunto de medidas, entre las que se incluyen la libre convertibilidad de la moneda, la eliminación de restricciones en el tipo de cambio y la reestructuración del crédito bancario.

En el ámbito financiero, se impulsaron reformas orientadas a restablecer la confianza en el sistema bancario y fortalecer la capacidad operativa de las entidades financieras.

Noveno hito: Restitución de la superintendencia de Bancos

Un hito importante en la reorganización del sistema financiero fue la restitución de la Superintendencia de Bancos en 1987, a través del Decreto Supremo N° 21060. Esta medida permitió fortalecer el rol de supervisión y regulación del sistema financiero, asegurando que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) operaran bajo normas prudenciales alineadas con estándares internacionales.

Como parte de este proceso, se implementaron nuevas normativas sobre capitalización bancaria, clasificación de cartera y previsiones para cubrir riesgos crediticios. Entre las principales medidas implementadas durante este período, destacan:

• La creación de la Central de Información de Riesgos (1988) y el Manual de Análisis Financiero (1988).
• La Regulación de Tasas de Interés y Encaje Legal.

También se establecieron reglas claras para la intervención y liquidación de entidades en dificultades, con el propósito de preservar la estabilidad del sistema financiero y evitar crisis sistémicas.

Décimo hito

A partir de 1990, las reformas estructurales comenzaron a mostrar resultados en términos de estabilidad macroeconómica y recuperación del sistema financiero. La consolidación del marco regulatorio permitió un mejor manejo de los riesgos bancarios, fortaleciendo la confianza del público.

El fortalecimiento del rol de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) permitió avances en la implementación de un modelo de supervisión basado en criterios de solvencia y transparencia, sentando los cimientos para una regulación más eficiente y adaptada a las necesidades del desarrollo financiero del país.

Onceavo hito:  Modernización y regulación post reformas (1991-2005)

A partir de 1991, el sistema financiero boliviano emprendió un proceso de consolidación y modernización de su regulación y supervisión.

En 1993, la promulgación de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras representó un hito en la regulación del sistema financiero boliviano. Esta normativa estableció un nuevo marco jurídico orientado a fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero. Entre sus principales determinaciones, se destacan:

• Autonomía y fortalecimiento de la SBEF, con facultades ampliadas para la supervisión y regulación de las entidades financieras.
• Establecimiento del Coeficiente de Adecuación Patrimonial, alineado a los estándares internacionales de la época.
• Promoción del concepto de multibanca, permitiendo a las entidades financieras ofrecer una gama más amplia de servicios.
• A fines de la década de 1990, el sistema bancario boliviano experimentó un crecimiento acelerado en la cartera de créditos, lo que requirió ajustes en la regulación para garantizar un equilibrio entre la expansión del crédito y la sostenibilidad de las entidades financieras.
• En 1999, el entonces Reglamento de Evaluación de Créditos, estableció lineamientos para evaluar la capacidad de pago de los deudores, fortaleciendo los mecanismos de control y previsión de riesgos.
• Las crisis económicas de fines de los años noventa, así como a principios de los 2.000, tuvieron efectos importantes sobre el Sistema Financiero Nacional, afectando la liquidez y la capacidad de pago de ciertos sectores. En respuesta, se adoptaron medidas para fortalecer el monitoreo del sistema financiero y garantizar la estabilidad del crédito, promoviendo una gestión responsable de los riesgos.

Durante este período, Bolivia adoptó un modelo de regulación financiera coherente con los lineamientos de Basilea I, establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 1988, buscando fortalecer la estabilidad y solidez del sistema financiero, mediante requisitos prudenciales de capital y supervisión basada en riesgos; sin embargo, también generó vacíos importantes, en razón a que las entidades financieras operaban con un enfoque orientado exclusivamente a la rentabilidad de los accionistas, priorizando la maximización de beneficios sin considerar el acceso equitativo al crédito, ni la protección del consumidor financiero.

Las crisis financieras de 1994 y 2000, demostraron que el enfoque regulatorio basado exclusivamente en los principios del libre mercado resultaba insuficiente para garantizar la estabilidad del sistema financiero.

La crisis del año 2000, derivada de un contexto regional adverso y de la desaceleración económica en el país, afectó la liquidez del sistema financiero y generó un aumento significativo en la morosidad bancaria hasta cerca del 20% de la cartera.

Ambos episodios pusieron en evidencia la necesidad de una regulación más activa en la gestión del riesgo crediticio y en la protección de los ahorristas.

Doceavo hito:  2006-2013 creación de ASFI 

A partir del año 2006, Bolivia experimentó una profunda transformación política, económica y social, marcada por un nuevo modelo de desarrollo que buscaba consolidar la participación del Estado en sectores estratégicos y fortalecer el rol del sistema financiero como un instrumento para el desarrollo económico y la inclusión social.

Uno de los hitos más importantes en este proceso fue la creación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante Decreto Supremo N° 29894 de 2009, que reemplazó a la SBEF. Con este cambio, se buscó fortalecer el enfoque integral de regulación y supervisión, ampliando su alcance a otros sectores financieros como valores y seguros, además de establecer una mayor articulación con las políticas económicas del país.

Décimo tercer hito 2014-2019: implementación de la Ley de Servicios Financieros

Durante el período 2014 – 2019, la implementación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, permitió consolidar importantes avances en la inclusión financiera, acceso equitativo al crédito y protección de los derechos de los consumidores financieros.

Asimismo, fortaleció el rol del Estado en la regulación y supervisión, promoviendo la estabilidad del sistema financiero bajo un enfoque que articula su función social con el desarrollo económico nacional.

A diferencia del esquema anterior, que consideraba los conflictos entre entidades y clientes como meras relaciones privadas, la nueva legislación estableció mecanismos de protección y equilibró las relaciones entre los actores del sistema financiero.

En este proceso de transformación, el Sistema Financiero Boliviano experimentó una expansión significativa en términos de inclusión financiera y acceso al crédito, con un crecimiento sostenido de la cartera de préstamos destinados al sector productivo y a la vivienda de interés social.

Uno de los principales beneficios de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, fue la implementación de tasas de interés reguladas y el establecimiento de cuotas mínimas de cartera dirigidas a sectores productivos y a la vivienda de interés social.

Ley N° 393 de Servicios Financieros introdujo disposiciones para fortalecer los derechos de los clientes y usuarios del sistema financiero, estableciendo mecanismos de protección y garantizando una relación más equilibrada con las entidades financieras.

Uno de los ejes centrales de la Ley N° 393 de Servicios Financieros fue garantizar el acceso universal a los servicios financieros, con un énfasis en las zonas rurales y municipios con baja presencia de entidades financieras.

Décimo cuarto hito: Modernización y digitalización del sistema financiero 2020-2024

El año 2020, estuvo marcado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes debido a la pandemia del Covid-19, lo que impactó severamente en la economía mundial y local.

Entre las principales medidas regulatorias adoptadas en 2020 destacan las siguientes:

• Diferimiento de amortizaciones de créditos, capitalización de utilidades y promoción de transacciones digitales.
• El período 2020 – 2024 estuvo marcado por la digitalización de los servicios financieros y la modernización del marco normativo para adaptarse a nuevas tendencias tecnológicas.

En este sentido, se implementaron diversas medidas que favorecieron la innovación y la inclusión financiera, lo que impactó en un crecimiento exponencial de las transacciones efectuadas mediante mecanismos como el QR o las transferencias intra o interbancarias realizadas a través de banca por internet y banca móvil. Entre otros aspectos destacables, se pueden citar:

• Emisión de normativa relacionada con activos virtuales: En 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) dejó sin efecto la prohibición del uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional.
• Emisión de bonos sociales: Se autorizó la emisión de “Bonos Sociales”, diseñados para canalizar recursos hacia proyectos y actividades que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo sostenible
• El Sistema Financiero Boliviano cerró el año 2024, con indicadores sólidos de crecimiento, estabilidad y expansión de la inclusión financiera, resultado de la regulación prudencial y las políticas implementadas en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

El avance en la digitalización permitió una mayor eficiencia y un mayor uso de los servicios financieros:

• 1,64 millones de nuevas billeteras móviles fueron habilitadas en 2024, facilitando las transacciones electrónicas.
• El uso de pagos por código QR creció en 250 millones de operaciones, consolidando los pagos digitales como una alternativa eficiente.
• Se emitieron bonos sociales de género por Bs 205,8 millones, promoviendo el financiamiento sostenible y el empoderamiento económico de las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, además de bonos verdes por Bs 102,9 millones, impulsando el empleo de energías renovables, una producción más limpia, el ahorro de energía y de agua, así como economías circulares para la producción, factores clave que permitirán disminuir la contaminación y preservar el medio ambiente.

Desafíos

Según la reseña de ASFI, el sistema financiero boliviano se encuentra en una posición privilegiada para continuar su desarrollo y expansión en los próximos años. Estos son algunos desafíos que deberán afrontar:

• Consolidar la cobertura del 100% de los municipios para 2025, asegurando que ningún boliviano quede excluido del acceso a servicios financieros.
• Fortalecer la adopción de tecnologías financieras (FinTech) y la regulación de activos digitales, garantizando la seguridad y eficiencia en el uso de estos nuevos instrumentos.
• Seguir profundizando la inclusión de sectores vulnerables, a efectos de que los productos financieros sean accesibles y adecuados a las necesidades de la población.
• Mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero, con el propósito de que la intermediación financiera continúe siendo uno de los pilares del desarrollo económico y social del país.

Fuente: Vision 360