¿Por qué una organización de derechos humanos acudiría a un tribunal para apoyar a alguien con quien se opone de manera fundamental debido a sus opiniones políticas extremistas o sus posturas éticas? ¿Un pornógrafo, tal vez? ¿O un anarquista? Porque gracias a los derechos establecidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), todos tenemos derecho a formar nuestras propias opiniones y a expresarlas y compartirlas libremente.
“Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada,” asegura el lingüista y activista político Noam Chomsky. Human Rights Watch añade: “la libertad de expresión es un referente: cómo una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general.”
Este derecho apuntala muchos otros, como el de libertad de culto, asamblea y la capacidad para participar en asuntos públicos. Pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes gritar falsamente “fuego” en un teatro lleno de personas, al causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión que no están protegidas incluyen la pornografía infantil, el perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia.
Los redactores de la DUDH lidiaron con el problema de qué tan tolerante una sociedad tolerante debería ser respecto de personas como los nazis o los fascistas, que a su vez son intolerantes. Los redactores eran sumamente conscientes del rol que habían desempeñado los medios y la industria cinematográfica nazi en la creación de un entorno que permitió la matanza de 6 millones de judíos y otros grupos, como los roma y las personas con discapacidades. Tras ganar el poder en 1933, los nazis usaron una nueva serie de leyes y regulaciones para aplastar a los medios independientes, sustituyéndolos por una maquinaria totalitaria de propaganda fanática, dirigida por Joseph Goebbles, el “Ministro para la ilustración pública y propaganda del tercer Reich”.
Como resultado de lo anterior, cualquier defensa del odio nacional, racial o religioso que constituyera una instigación a la discriminación, hostilidad o violencia fue explícitamente prohibida cuando la DUDH fue traducida a leyes internacionales vinculantes en tratados posteriores. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión ocupa el mismo apartado (artículo 19) que en la DUDH y provee criterios explícitos que los gobiernos deben cumplir al restringir la libertad de expresión. El artículo 20, a su vez, establece los límites de la prohibición a la provocación.
Los resultados potencialmente letales del discurso de odio – incluyendo su capacidad para permitir violaciones del derecho a la vida a escala masiva – se vieron claramente cuando la Radio Mille Collines de Ruanda sentó las bases para el genocidio de 1994 al deshumanizar a sus compatriotas y etiquetarlos como enemigos. Aproximadamente 800,000 personas fueron asesinadas. De manera más reciente, en Myanmar, mensajes de incitación al odio y la violencia se esparcieron a una velocidad alarmante en Facebook y podrían haber contribuido al genocidio y los crímenes contra la humanidad. La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar señaló el uso de Facebook por parte de los militares en Myanmar como herramienta para incitar al odio y diseminar información falsa para justificar sus acciones contra civiles. Como consecuencia, Facebook cerró varias de esas cuentas.
Los límites que deben ser respetados
Tienes derecho a tener cualquier opinión, no importa cuán vil pueda ser. Pero la expresión de dicha opinión – si equivale a una instigación – debe ser penalizada. Existen claros ejemplos históricos de lo que puede suceder cuando no es así.
Cuando un tabloide británico recuperó el lenguaje al estilo de Mille Collines en 2015, refiriéndose a los migrantes y refugiados como “cucarachas”, el entonces jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, urgió a los países europeos a tomar acciones firmes contra el racismo y la xenofobia que, dijo, “bajo el disfraz de la libertad de expresión, están permitiendo alimentar un círculo vicioso de difamación, intolerancia y politización de los migrantes, así como de las minorías marginadas europeas, tal como los roma.”
Sin embargo, la libertad de expresión está explícitamente protegida en la mayoría de las esferas y hay crecientes preocupaciones hoy en día por que los esfuerzos continuos, y posiblemente al alza, para hacer un mal uso del concepto de “discurso de odio” o “incitación” estén siendo utilizados como pretexto para sofocar la disidencia o la crítica hacia un gobierno en el poder, que a menudo utiliza leyes antiterroristas como medio legal para lo que es, bajo la ley internacional, un objetivo ilegal.
En numerosas ocasiones la ONU ha criticado leyes nacionales que suprimen la oposición o la disidencia en nombre del combate al “discurso de odio”, a lo que David Kaye, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, apuntó que “los Estados a menudo estipulan prohibiciones vagas sobre “la defensa del odio” que no equivalen a incitamientos.”
El artículo 19 incluye el derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras.” A pesar de que los individuos gozan de los mismos derechos en la red y fuera de ella, los Estados también están censurando, y en ocasiones criminalizando, un amplio abanico de contenido en la red a través de leyes vagas o ambiguas que prohíben el “extremismo”, la “blasfemia”, la “difamación”, el lenguaje “ofensivo”, las “falsas noticias” y la “propaganda”.
Si los periodistas son atacados, espiados, encarcelados o incluso asesinados cuando sus búsquedas de información son interpretadas por parte de los gobiernos o empresas criminales como amenaza, las personas pueden no tener la oportunidad de formarse una opinión y tomar decisiones informadas.
El Comité para la Protección de Periodistas dice que, en 2017, alrededor del mundo 262 periodistas fueron encarcelados y Reporteros Sin Fronteras dice que 90% de los crímenes contra los periodistas quedan impunes. Incluso en democracias que se precian de ser libres, la demonización de los periodistas y los alegatos de “fake news”, así como las limitaciones de las fuentes periodísticas, están socavando su trabajo.
Mientras los esfuerzos por controlar la expresión y la información se incrementan, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha proporcionado una guía sobre cómo distinguir la libertad de expresión del discurso de odio a través del Plan de Acción de Rabat, que sugiere establecer un umbral alto para interpretar las restricciones determinadas por el derecho internacional de los derechos humanos que restrinjan la libertad de expresión. Su umbral, que tiene seis partes, toma en consideración el contexto, la intención, el contenido, la extensión, la condición del orador y la probabilidad de que el discurso en cuestión pueda incitar a una acción en contra de un grupo específico, y está siendo utilizado en Túnez, Costa de Marfil y Marruecos, y por la Corte Europea de Derechos Humanos en la reciente sentencia sobre el caso Pussy Riot.
Fuente: ONU Noticias
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