Durante su participación, García subrayó que las decisiones que toman las empresas en Internet pueden afectar derechos como la libertad de expresión, la privacidad “o incluso derechos económicos, sociales y culturales” de miles de millones de personas alrededor del mundo.
Igualmente, es importante que las empresas sean transparentes ante requerimientos de datos personales por las autoridades, ya que deben evitar ser cómplices de prácticas de vigilancia ilegal, masiva o ceder ante presiones para debilitar sistemas de cifrado o la creación de “puertas traseras”.
García señaló, respecto al derecho a la libertad de expresión, que las empresas no deben adoptar medidas voluntarias que obstaculicen las posibilidad de expresarse de una persona en línea y, en caso de cumplir con una obligación legal en la que restrinjan este derecho, deben mitigar sus efectos.
“Los actores privados deben establecer e implementar condiciones de servicio que sean transparentes, claras, accesibles y apegadas a las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos, así como ofrecer mecanismos de apelación adecuados”, explicó el director de R3D.
Las empresas también tienen que tomar medidas para combatir fenómenos como la violencia en línea, con un enfoque “multisectorial, educativo y preventivo” y evitar la criminalización, revictimización o fortalecimiento de estereotipos.
Finalmente, García señaló que el Estado tiene un doble papel con estos actores privados: primero, debe abstenerse de hacerles peticiones que impliquen violaciones o limitaciones de manera excesiva o arbitraria a los derechos humanos y deben vigilar y proteger que sus prácticas comerciales no restrijan derechos, como la libertad de expresión.
Imagen: Letra Digital
Fuente: R3D
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