En 2025, las vulneraciones a las libertades fundamentales y a los derechos aumentaron en áreas sensibles y mutaron. Mientras los casos vinculados a la institucionalidad democrática descendieron respecto a 2024, crecieron los ataques contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el entorno digital. El fenómeno estuvo estrechamente ligado al proceso electoral, que trasladó buena parte de los ataques desde las calles hacia las redes sociales y otros espacios virtuales.
Esa es una de las principales conclusiones del Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática en Bolivia 2025, presentado este martes por el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS, que analiza la situación de siete derechos y libertades fundamentales a partir del monitoreo sistemático de casos ocurridos en el país.
De acuerdo con el reporte, un total de 619 casos fueron registrados el año pasado, siendo el Estado el actor que más vulneró los derechos humanos, entre ellos, el ejecutivo nacional, la policía y el òrgano judicial.
Los casos relacionados con vulneración a la institucionalidad democrática representan el 53,5% del total, cuatro puntos menos que en 2024 cuando llegó a 57,4%. Sin embargo, las condiciones para ejercer plenamente los derechos no son, en general, las mejores.
El informe identifica una transformación en las dinámicas de vulneración de derechos. Si bien las afectaciones a la institucionalidad democrática descendieron en comparación con 2024, crecieron las vulneraciones a la libertad de expresión en un 35,3%, a la libertad de prensa en un 7,3% (con ataques a 161 periodistas) y al entorno digital en un 42,5%, tendencia que el Observatorio relaciona con el clima preelectoral y electoral.
«La conflictividad política ha trasladado gran parte de sus expresiones al ámbito digital, una situación exacerbada por el clima electoral que convirtió a las redes sociales en un terreno de confrontación directa», señala el informe al analizar las vulneraciones registradas en internet. Añade que el entorno virtual dejó de ser un espacio neutral para convertirse en un escenario donde la estigmatización y la deslegitimación alcanzan mayor difusión y menor costo político para quienes las ejercen.
El reporte sostiene que esta transformación también explica el incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así como contra personas que ejercen su derecho a expresarse. Según el documento, la denominada «guerra sucia» electoral no se limitó a actos presenciales, sino que se desplegó simultáneamente en plataformas digitales mediante campañas de desprestigio, ataques y discursos de deslegitimación.
Patricia Flores, presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas, invitada a comentar el informe durante la presentación, expuso que “hubo una suerte de erosión de los derechos humanos, lo cual se complejiza por diversos factores: cuando las mujeres ejercen el periodismo son blanco recurrente de ataques misóginos y esto se reproduce en el espacio digital. En ese entorno, quienes cubren la noticia se exponen aún más a la violencia”, dijo.
Cambio en la naturaleza de las vulneraciones
Más que una reducción general de la conflictividad, el Observatorio advierte un cambio en la forma en que esta se manifiesta. Mientras las vulneraciones relacionadas con la institucionalidad democrática disminuyeron respecto al año anterior, persistieron las presiones sobre derechos esenciales para el funcionamiento democrático, como la libertad de prensa y la libertad de expresión, en un contexto marcado por la competencia política y la polarización.
En el caso de la libertad de prensa, el informe señala que el incremento responde principalmente a la presión ejercida sobre periodistas y medios durante la cobertura del proceso electoral y de los conflictos sociales asociados.
“Al ser 2025 un año de conflictividad tan acentuado, nos preocupó el nivel de vulneración en contra de las y los periodistas. Y lamentablemente, el Estado, desde sus órganos, muestra la inacción para proteger los derechos. Nos evidencia que transitamos en terrenos erosionados por la vulneración de derechos y con la precariedad laboral, algo que responde a los efectos de políticas que estigmatizan a quienes hacen información. Se buscó anular el periodismo, las voces interpeladoras y se optó por copar los medios públicos”, dijo Flores.
En esa línea, el experto en derechos humanos, Carlos Zárate también llamó la atención sobre la debilidad del Estado al proteger los derechos fundamentales y cuidar la institucionalidad democrática.
“Los mecanismos de protección deben venir del Estado. El Estado no solo vulnera derechos por falta de acción, sino por omisión. En 2025 hemos visto que se documentaron 619 vulneraciones, 331 corresponden a la categoría de institucionalidad democrática, no se trata solo de restricciones a derechos, sino del debilitamiento de las entidades encargadas de proteger esos derechos. Por tanto la democracia sufre un doble atentado”, manifestó.
El documento concluye que los ataques ya no constituyen hechos aislados, sino que revelan una hostilidad sostenida hacia el ejercicio periodístico proveniente de diversos actores políticos y sociales.
Zárate también reflexionó sobre la urgente necesidad de la separación de poderes. “Es vital para la calidad de la democracia. La intromisión de unos poderes en otros ha generado una justicia selectiva, de allí que tenemos a defensores criminalizados, llevados a procesos judiciales. El fortalecimiento de la institucionalidad pasa por la autonomía y la independencia de poderes”.
Las redes, un nuevo territorio de disputa
Uno de los hallazgos que más llama la atención del informe es el crecimiento de las vulneraciones registradas en el entorno digital.
El Observatorio documenta un incremento del 42,5% respecto a 2024 y sostiene que las redes sociales se consolidaron como un nuevo espacio de confrontación política, donde confluyeron campañas de estigmatización, desinformación, utilización indebida de recursos públicos y ataques dirigidos contra periodistas, activistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos.
Para el Observatorio, esta evolución demuestra que las amenazas a las libertades fundamentales ya no se expresan únicamente mediante restricciones o agresiones físicas, sino también a través de mecanismos digitales que amplifican el hostigamiento y afectan el debate público en un contexto democrático.
Durante su intervención, Mila Reynolds, directora ejecutiva de UNITAS hizo énfasis en que no existen derechos humanos plenos sin instituciones que los garanticen, y tampoco existen instituciones sólidas sin libertades fundamentales plenamente vigentes.
“Me refiero a libertades que, a primera vista, podrían parecer distintas entre sí —la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación—, pero que en realidad no son compartimentos separados. Son piezas de un mismo engranaje democrático. Y como todo engranaje, cuando una pieza falla, arrastra inevitablemente a las demás. No se puede debilitar la libertad de prensa sin que ello afecte, tarde o temprano, el derecho de la ciudadanía a la información y, con ello, la calidad misma de nuestra democracia”, señaló.
Fuente: Sumando Voces
