En la última década creció el interés de los medios por los problemas ambientales a medida en que el cambio climático fue convirtiéndose en crisis climática, mientras el Gobierno de Bolivia fue restringiendo el acceso a la información pública en torno al tema, al punto de que es casi imposible para las y los periodistas obtener la contraparte para sus investigaciones que son normalmente plasmadas en reportajes y si en algún momento alguna autoridad dice algo, lo hace de manera escueta e incluso esquivando el tema o problema central.
Así lo confirman periodistas entrevistados por Guardiana, cuya agenda gira en torno a la problemática ambiental que en los últimos años incluye las actividades extractivas porque impactan principalmente en las áreas protegidas y territorios indígenas, así como en la deforestación de los bosques como el amazónico y la degradación de los ecosistemas naturales del país. Todo esto con las consecuentes consecuencias en la salud y economía de los pueblos que viven en esas zonas y el medioambiente en general del país porque se trata de algunos de los pulmones del planeta.
A pesar de que la Constitución Política del Estado establece el derecho al acceso a la información para las y los bolivianos en general, existe un desconocimiento del alcance de ese derecho y de su importancia entre quienes son periodistas y servidores públicos, explica el abogado Sergio Ardaya, especializado en temas de transparencia y acceso a la información pública.
Bolivia y Surinam son los únicos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información; aunque está vigente un decreto supremo de 2005, entre otras normas y convenios internacionales que pueden ser usados para obtener información pública en temas ambientales.
La mayoría de los periodistas no apelan a esas normas y buscan la contraparte entre las autoridades acudiendo a las unidades de comunicación de las reparticiones del Estado, cumpliendo con las formalidades que estas exigen.
Aun así, las solicitudes de información o entrevistas no prosperan. Tampoco hay una ruta crítica a seguir para llegar hasta la última instancia y obtener la información. A pesar de ello, las y los periodistas entrevistados por Guardiana aseguraron que esto no es impedimento para seguir investigando y publicar sus reportajes.
Las pruebas sustituyen a la contraparte
“Este medio solicitó información… y no recibió respuesta hasta en cierre de esta edición”. Un texto similar puede leerse en noticias y reportajes en los cuales la contraparte (la autoridad o institución del Estado), que debería responder por el tema abordado en una investigación periodística, no responde a las solicitudes de información o de entrevistas.
Se llega a esa instancia, tras haber cumplido con los requerimientos de las áreas de comunicación de las entidades públicas. Sergio Mendoza, periodista del medio digital La Nube, cuenta que envió cartas solicitando información a los ministerios de Medio Ambiente y de Minería, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entre otras entidades estatales, sin lograr su objetivo.
Las y los periodistas ambientales, por la recurrencia, ya saben que es difícil obtener una “versión oficial”; aunque insisten con llamadas telefónicas a los comunicadores o mensajes por WhatsApp solicitando entrevistas, porque por ética cuando existe una acusación debe incluirse la contraparte y luego cuando no la consiguen por esa misma ética deben indicar a través de un texto que no pudieron obtenerla a pesar de haber hecho las gestiones correspondientes, que en más de un caso pueden implicar el envío de la lista de preguntas, lo que podría parecer inadmisible para periodistas de otros países por cuanto la fuente de información pareciera tener la necesidad de prepararse con las preguntas en la mano para poder responder en Bolivia.
Y no importa si se trata de una o un periodista poco conocido o de gran renombre. Roberto Navia, director de la Revista Nómadas, comenta: “Requiere ser exigentes y constantes en solicitar la información. Pese a eso, te la dan muy tarde o ni siquiera te la dan”.
Sin embargo, la falta de contraparte no impide publicar las investigaciones. La hoja de ruta que siguen periodistas como Navia incluye la obtención de documentos que le permiten al periodista denunciar o confirmar una situación irregular, documentos de instituciones estatales en los niveles municipal, departamental o nacional.
Para corroborar esa información documental se acude al “lugar de los hechos”. Las entrevistas, fotografías y vídeos permiten respaldar una historia. En esa instancia se busca la contraparte, la entrevista con las fuentes oficiales.
Por diferentes medios se contactan con los comunicadores, se registra el número de solicitudes de entrevistas y el tiempo transcurrido desde el primer contacto o envío del cuestionario que exigen en las unidades de comunicación. Finalmente, se publica el reportaje sin la contraparte porque no se la obtuvo.
Además de no dar su versión, una vez publicada una investigación tampoco suele aparecer autoridad alguna para dar la cara. De esta forma, no solo no se sabe qué hace el Estado en general y el Gobierno en particular en relación a las problemáticas planteadas ni qué planes tienen al respecto y si en algún momento harán algo para revertir situaciones en las que incluso está comprometida la salud de poblaciones afectadas como es el caso de indígenas que viven cerca de ríos hoy contaminados con el mercurio usado en la explotación de oro en Bolivia.
La incidencia de los reportajes se da más bien en la población que se involucra en el tema y es la que exige, a través de las redes sociales, respuestas y soluciones al Estado.
Por lo general, (las autoridades) tratan de ocultar la verdad, “porque estamos hablando de muchísimos intereses cuando abordamos temas del medio ambiente. Es increíble, están en juego tanto el poder económico como el poder político”, analiza Navia.
Por eso, para Navia las fuentes primarias de información (oficiales) más la constatación en el sitio sustentan todo el trabajo de investigación, como en el reportaje sobre la empresa minera que obtuvo autorización para ingresar a operar en el área protegida San Matías, titulado «El desmonte en el ANMI San Matías, es un paso para que MINCRUZ realice la extracción de minerales«.
“El Sernap salía con el cuento de que no era así la situación (…), pero nosotros fuimos al lugar, constatamos que la deforestación se iba a dar donde están acuíferos importantísimos no solamente para esa área protegida y las comunidades indígenas, sino para buena parte del departamento y del país”, recuerda Navia.
Para otra de sus investigaciones titulada «La deforestación ilegal ya se comió 210 hectáreas del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá» sobre la deforestación en el Bajo Paragua, un área protegida municipal y reserva forestal, solicitaron entrevistas a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) sin éxito.
Realizaron varias expediciones a la zona y comprobaron el avance de la deforestación. “Lo hemos constatado y ahí no necesitamos que una institución estatal (como la ABT), que debería cuidar el bosque y no lo está haciendo, nos responda solamente para decirnos lo que ellos quieren decir”, explica el Director de la Revista Nómadas.
Tras la publicación, la Gobernación de Santa Cruz fue a constatar la situación y conformó comisiones para abordar el problema denunciado por la publicación de Nómadas.
Algo similar sucedió con el reportaje «El puente ‘clandestino’ de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iya«. Luego de su publicación, tanto la Gobernación de Santa Cruz como el Gobierno Nacional se hicieron los sorprendidos por la construcción hecha en una zona que es de resguardo natural.
En la Agencia de Noticias Fides (ANF) la situación no es diferente. Su directora informativa, Nancy Vacaflor, cuenta que para una de sus últimas publicaciones sobre los proyectos hidroeléctricos Chepete-El Bala, la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) les dejó esperando por meses y, finalmente, no respondió a la pregunta sobre el trabajo que la entidad realiza sobre el tema.
Lo mismo pasó cuando indagaron en el Ministerio de Medio Ambiente sobre el Plan Nacional de Reducción del Uso del Mercurio. Solicitaron una entrevista con el ministro o el viceministro. A pesar de la insistencia, no la consiguieron.
Para ANF, los ministerios de Medio Ambiente y de Minería son los más reacios a dar información. Ninguno de los periodistas con los que conversó Guardiana ha tenido la oportunidad de entrevistar a sus autoridades para que respondan a sus preguntas.
Ante esa negativa, se busca la información por otras vías como el off de récord, la filtración o a través de los legisladores que están trabajando en el tema. Una estrategia usada por las y los periodistas es asistir a eventos públicos donde fue anunciada la presencia de alguna autoridad del sector, aunque es poco frecuente que sea la máxima autoridad, un ministro, por ejemplo.
Vacaflor dice que, en esos casos, que son pocos, las declaraciones son reiterativas, muy genéricas y no responden a lo que verdaderamente se quiere conocer.
“Me han tenido que responder ante la pregunta directa, casi interpeladora, porque ya no tenían otra opción. Tienes que correr tras esa autoridad y preguntarle, como hay periodistas de otros medios, no tienen otra que responder algo”, comenta Jimena Mercado, editora general de Brújula Digital, sobre los abordajes que realiza a las autoridades en eventos públicos.
Lo que lamenta Jimena Mercado es que las respuestas que dan los entrevistados son muy generales. “Te dan más respuestas políticas que técnicas. Por el nivel de desinstitucionalización que se ha dado en el caso del Sernap, por ejemplo, se ve que ahí no priman los criterios técnicos, sino más bien los políticos”.
Sergio Mendoza, periodista de La Nube, también aprovecha los eventos públicos, porque las autoridades ya no dan conferencias de prensa como en el pasado y tiene que publicar sin contraparte como pasó con su reportaje “El saqueo del oro boliviano: Empresas chinas ocultas tras cooperativas mineras”. No obtuvo respuesta del Ministerio de Minería.
Para su reportaje: “El 8% del parque Madidi está comprometido a 140 empresas y cooperativas mineras”, ni el Sernap ni el Ministerio de Medio Ambiente le respondieron. Por eso tuvo que poner: «La Nube solicitó una entrevista a la AJAM para tratar las autorizaciones y trámites mineros en el área protegida; pero no obtuvo respuesta».
Rocío Lloret, jefa de prensa de La Región, observa que hace cinco años se podía obtener información de las compras estatales en el Sicoes y ahora es cada vez más difícil hacerlo; por otra parte, la información oficial que debe estar disponible en sitios web de las instituciones estales es cada vez más restringida, por ejemplo en los temas de tierras y de hidrocarburos.
Para La Región es más complicado obtener la contraparte o acceder a entrevistas con funcionarios del Gobierno central porque su sede está en Santa Cruz. “Tengo que mandar cartas y uno sabe que es una manera de cansarte hasta que decidas poner la típica frase de ‘este medio intento comunicarse’”, dice Lloret, aunque estar en La Paz no es una ventaja como lo mencionan Vacaflor y Mendoza.
La Región no logró conseguir datos oficiales sobre la actividad minera en la Chiquitanía, “es un tema quizás igual o más grave que en el norte de La Paz”, remarca Lloret. En otro reportaje sobre los guardaparques y los conflictos que había en áreas protegidas con el Sernap, por los cambios de directores, contrataron a una periodista en La Paz para que entreviste al director, pero no obtuvieron todas las respuestas que esperaban.
Lograron la entrevista tras varios intentos, fueron persistentes porque tenían la decisión de conseguirla sin importar el tiempo que les llevara. “Pero no es lo normal, no todos tenemos ese tiempo para esperar y no cansarnos”, asegura la jefa de prensa de La Región.
Para La Región, la Gobernación de Santa Cruz es más accesible a dar información, aunque igual hay temas que trata de esquivar. En el caso de la Gobernación de La Paz es otra fuente cerrada, dice Mercado. No le facilitaron información sobre el impacto de proyectos carreteros en zonas naturales como el Madidi y Apolobamba y tampoco sobre la contaminación por mercurio.
Un tema cobró relevancia por los recientes estudios realizados sobre el impacto del mercurio en la salud y la llamada de atención que recibió el Estado boliviano del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, su incumplimiento del Convenio de Minamata.
En estos casos, la Editora General de Brújula Digital acude a especialistas, a los colegios de biólogos, por ejemplo, para conocer el impacto de la construcción de una carretera en un área de muy rica en biodiversidad, o a ingenieros ambientales que conocen el impacto de las infraestructuras en zonas naturales.
Mercado recuerda que en el gobierno Evo Morales se instruyó que los periodistas envíen cuestionarios para acceder a entrevistas con las autoridades del Ejecutivo; aunque es un mecanismo que no funciona porque no responden.
Normas y derechos que no se aplican ni se ejercen
Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información, sin embargo, la Constitución Política del Estado en su artículo 21, parágrafo 6, establece: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: (…) a acceder a la información interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
Pero los bolivianos no ejercen este derecho, hace notar el abogado Sergio Ardaya, quien en los últimos años ha investigado el tema y capacitado a periodistas. Si bien el acceso a la información pública es un derecho de la población en general, quienes más solicitan información son las y los periodistas, pero existe un desconocimiento de las normas, leyes y convenios internacionales al respecto.
Ardaya señala que este derecho tiene que ser enseñado en las carreras de Ciencias Políticas y de Comunicación, porque el desconocimiento del alcance del mismo hace que “los ciudadanos no pidan información y los servidores públicos no respondan a los pedidos de información; además, hace que aquellas personas que han pedido y les han negado información, tampoco apelen la decisión negativa”.
La mayoría de las y los periodistas consultados ha buscado la información en las unidades de comunicación a través de cartas en las que no mencionan las normas legales que amparan el derecho de acceso a la información. Esto confirma lo que señala Ardaya, que no se ejerce ese derecho.
Sergio Mendoza, de La Nube, apeló a la Constitución Política del Estado y “aun así” no obtuvo respuesta. “Y cuando obtenemos respuesta no es la que esperamos o solicitamos”, dice citando a su último reportaje sobre las empresas chinas. En el Ministerio de Minería le respondieron que el tema no les compete, que solicite la información a otra instancia.
Y cuando le responden a Mendoza, en algunos casos ni siquiera puede publicar porque no es de manera oficial. “Cuando son respuestas escritas sí sirven para descargo, pero no se puede profundizar más, para nada es lo que uno esperaría”.
Algunas ONG y la Fundación para el Periodismo están capacitando sobre el acceso a la información, por lo cual Rocío Lloret, jefa de prensa de La Región, conoce el alcance de ese derecho. “Pero no sé qué tanto nos ayudará en nuestro trabajo. Sabemos que, aun nombrando los artículos y los decretos, y todo aquello que nos respalda, no se obtiene la información”.
Fuera de la Constitución, desde 2005 está vigente el Decreto Supremo N° 28168 sobre Acceso a la Información. Para el reportaje “Los papeles falsos que lavan la madera ilegal en Bolivia”, del especial “Madera Sucia”, realizado por periodistas de cinco países de la región, se apeló a ese decreto tras no obtener información por los medios establecidos por el área de comunicación de la ABT. Se buscaba conocer el trabajo que realiza esa entidad para controlar el tráfico de madera. Una semana después de la publicación en Mongabay, el director de la ABT de entonces llamó para concertar una entrevista y disculparse asegurando que en la Unidad de Comunicación se “entrepapeló la carta”.
Para el reportaje “Indígenas de Madidi y Pilón Lajas deciden ser mineros para “proteger sus territorios”, se solicitó información a la AJAM apelando al derecho establecido por la Constitución. La respuesta fue una negativa, argumentando que la Ley 341 establece que la solicitud de información “sobre recursos naturales” debe realizarla el Control Social.
Ardaya reitera que los abogados y los servidores públicos no conocen los alcances de este derecho y también los periodistas porque envían cartas justificando para qué piden la información, cuando la norma dice que no es necesario hacerlo.
Incluso ya se tiene jurisprudencia sobre el tema. En diciembre de 2021, el Tribunal Constitucionales emitió una sentencia a favor del docente Henry Álvaro Pinto Dávalos para que se le proporcioné la información que solicitó al Seguro Social Universitario.
Entre sus argumentaciones, señala que “el derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos, confidencialidad que debe ser razonable y destinada a la protección de determinados valores”.
“Este es un precedente que tiene que ser aprovechado”, señala Ardaya.
Escepticismo por el Acuerdo de Escazú y una ley de acceso a la información
Fuera de la Constitución y el Decreto Supremo N° 28168, ahora está en escenario el Acuerdo de Escazú que ha sido ratificado por el Estado boliviano con la Ley 1182. Este acuerdo tiene entre sus principios fundamentales el acceso a información ambiental que deben dar los gobiernos a las y los ciudadanos en general.
Según el Observatorio del Principio 10 de la Cepal, Bolivia cuenta con nueve normas que dan acceso a la información ambiental. Se trata de cuatro leyes, la Constitución, tres reglamentos y un decreto supremo (ver el primer cuadro).
Para Sergio Mendoza de la Nube, no hacen falta más normativas ni convenios firmados, sino una “cultura de acceso a la información” por parte del Gobierno, de todas las instituciones públicas, y también de los periodistas.
En otros países los periodistas, por ejemplo, van hasta los estrados judiciales o a instancias internacionales para acceder a la información, dice Mendoza, por eso considera que en Bolivia falta capacitación sobre el tema.
A Roberto Navia le parece muy valioso el Acuerdo de Escazú como herramienta para sumar fuerzas y presionar a las autoridades, aunque considera que el problema no está en los periodistas que solicitan la información, sino “en los que están gobernando el país” porque no respetan los acuerdos internacionales que firman.
A ello, Mendoza agrega un problema existente en reparticiones del Estado. El Sernap, la ABT, el Ministerio de Medio Ambiente, Hidrocarburos, Desarrollo Rural y Tierras son instituciones politizadas, no técnicas, poco profesionales. “Al ser altamente politizadas hacen una gestión pública mucho más pobre y poco transparente”.
Nancy Vacaflor cree que este nuevo instrumento internacional no pasará de una buena intención como otros convenios porque los estados que asumen esos compromisos en los hechos no los cumplen.
Jimena Mercado señala que en el Estado no hay una voluntad real de transparentar este tipo de información justamente porque va en contrasentido a la lógica de la preservación del medio ambiente y más bien está orientado a profundizar el extractivismo.
Observa que cada vez más se vulneran los derechos de los indígenas y que hay un deterioro, en todos los niveles, de las libertades y derechos. “Para la prensa peor todavía”, dice, y cree que eso no cambiará porque se haya firmado el Acuerdo de Escazú.
Socializar la norma y derechos
En los últimos años, se han creado varios medios digitales cuyo foco está en los temas ambientales. Sergio Mendoza dice que son pocos los periodistas que cubren esa temática descuidada por los grandes medios y que ese podría ser uno de los factores que dificulta acceder a la información.
Roberto Navia coincide con Mendoza en que los medios en Bolivia no le dan la importancia real que tiene el tema ambiental. “Fundamos revista Nómadas para darle la verdadera importancia al medio ambiente y a la naturaleza. Así como le dan tanta fuerza a los temas políticos y económicos, el tema del medio ambiente tiene que estar dentro de las agendas primarias de los medios de comunicación”.
Fuente: La Nube
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