El uso de tecnologías para el combate de la pandemia: datos personales en Latinoamérica

Derechos Digitales junto a la Global Network Initiative presentan “Uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica”, una investigación realizada por Laura Hernández, que examina la manera en que distintos gobiernos latinoamericanos implementaron tecnologías a raíz de la pandemia por COVID-19 y su impacto en el derecho de las personas a la privacidad y a la autodeterminación de la información.

La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a buscar soluciones para limitar la propagación del virus. La tecnología jugó un papel clave para responder a esta crisis. Sin embargo, incluso en situaciones críticas de salud pública es fundamental que los gobiernos mantengan y cumplan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En esta investigación se analizó el desarrollo de tecnologías para combatir la pandemia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador, y su impacto en el derecho a la privacidad de usuarias y usuarios. Asimismo, se compararon los marcos legales existentes para la protección de datos y se revisaron los acuerdos para compartir información con compañías privadas. Para ello se consultaron varias fuentes oficiales, reportes de prensa, entrevistas con representantes de organizaciones para la protección de derechos humanos y artículos académicos en la materia.

El estudio muestra que ha habido un amplio despliegue de tecnología y mecanismos para recolectar y procesar información con fines relacionados a la salud pública, aún queda mucho por hacer para asegurar que el diseño, desarrollo e implementación de las tecnologías para proteger la salud pública se apeguen a estándares de derechos humanos y sean consistentes con la protección de la privacidad y autodeterminación de la información.

El reporte concluye que es necesario que cualquier medida de combate a la pandemia, y a cualquier emergencia futura, sea adecuada, proporcional, con una finalidad clara, delimitada en el tiempo, consentida y necesaria, y ofrece recomendaciones respecto a la implementación de soluciones viables, tomando en cuenta mejores prácticas, los marcos legales y la protección de los derechos humanos.

La publicación está disponible en inglés y castellano.

Fuente: Derechos Digitales

Derecho a la información: RSF y más de 60 periodistas ambientales alertan a la COP26

Más de 60 periodistas especializados en temas ambientales de 34 nacionalidades diferentes, todas las regiones del mundo, todos los perfiles, todas las sensibilidades, y todos los medios, firmaron con Reporteros sin Fronteras (RSF) un llamado sin precedentes titulado Emergencia climática, emergencia informativa! Hombres y mujeres conocedores de temas ecológicos o más generales, familiarizados con temas "verdes" o cubriendo estos temas en el recinto de una realidad cada vez más preocupante, denuncian los obstáculos que limitan el derecho a informar sobre estas cuestiones, por lo demás cruciales para toda la humanidad. También piden a los Estados que reconozcan formalmente que el derecho a la información sobre estos asuntos es inherente al derecho a un medio ambiente sano y al derecho a la salud.

Entre los firmantes se encuentran la ganadora del Premio Pulitzer 2020, Gaelle Borgia, con sede en Madagascar, el francés Morgan Large, especialista en la industria agroalimentaria, el ruso Grigory Pasko (Premio RSF y Premio Sajarov 2002), el indio Soulik Dutta, experto en energía y planificación territorial, la sudafricana Khadija Sharife, periodista de investigación sobre delitos ambientales y el periodista independiente Lucien Kosha, que trabaja en minerales en la República Democrática del Congo... La mayoría ha escrito cada texto individualmente, pero algunos editores insistieron en firmar todos juntos en solidaridad. Este es el caso de los medios palestinos Afaq Environmental Magazine y Reporterre, el sitio de noticias francés sobre cuestiones ambientales.

Punto crucial de este llamado: el derecho a informar sobre temas ambientales, planteado como tal desde 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, mismo que aún no se respeta. Los firmantes señalan las dificultades de obtener información científica y datos sobre el medio ambiente a pesar de que éstos son de interés general y sus investigaciones pueden conducir a cambios de comportamiento beneficiosos para luchar contra la amenaza que significa calentamiento global.

“Casi 30 años después de la declaración de la“ Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas ”en Río de Janeiro en 1992, el derecho a informar sobre las cuestiones ambientales que proclamó debe finalmente concretarse, aplicarse y respetarse sin excepción,” subraya el Secretario General de RSF, Christophe Deloire, y agrega: “Además de tratarse de una emergencia climática, esto es  una emergencia de información. Informar sobre el medio ambiente se ha vuelto vital."

Tomando nota de los peligros vinculados a la cobertura de temas ambientales en determinadas regiones del mundo -al menos 21 periodistas han sido asesinados en 10 años por haber investigado estos temas sensibles- RSF y los periodistas firmantes también piden la implementación concreta del derecho internacional de protección de periodistas.

 Fuente: RSF

SIN aprueba cobro de impuestos a servicios digitales, entre ellos Marketplace

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), aprobó este viernes la resolución Nº 102100000020, mediante la cual autorizará el cobro de gravámenes por servicios digitales, entre ellos el comercio en Marketplace, descargas de internet, streaming, delivery y servicios de tele educación.

“Incorporar el Anexo II de la Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000023, del 26 de agosto de 2020, Homologación de actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, las actividades económicas de los numerales 826 al 831”, indica el artículo único de la disposición.

De acuerdo con el artículo único de la disposición de la entidad estatal, se establece la “homologación de actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN” al menos seis rubros relacionados al consumo de servicios en la nube.

Entre los servicios mencionados se encuentran los de intermediación en la venta de bienes o servicios a través de medios digitales, es decir, las actividades “vinculadas a la prestación de servicios de intermediación en la distribución de bienes y servicios en línea”, como Marketplace, sitios de comercio electrónico, delivery, entre otras.

En esa línea, los servicios de suministro de contenido digital “por descarga o streaming”, relacionados a la compra o descarga de “imágenes, videojuegos, de cualquier tipo, textos, revistas, ebooks, audiolibros, tv, películas, música, podcast" y otros están contemplados para pagar el tributo.

De igual manera, quienes también pagarán el gravamen a servicios digitales son las plataformas y servicios de contenido digital para educación en línea.

“El MAS le metió no más”

Mediante un video publicado en redes sociales, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas alertó sobre la aprobación de esta resolución y cuestionó al oficialismo.

“¿Recuerdas que MAS pretendió cobrarte impuestos por los servicios digitales? Te cuento que hoy el SIN emitió una resolución sin que exista esta ley, y a partir de hoy tú vas a pagar estos impuestos cuando uses estas plataformas digitales, cuando estudies por internet, cuando quieras hacer una transacción. El MAS le metió no más”, condenó.

Por su lado, la diputada de la misma fuerza, Luisa Nayar, se sumó a las críticas y escribió en Twitter: "Otra vez la imposición del #MAS, busca cobrarle más impuestos a las amas de casa, estudiantes y ciudadanos en general, a través, de resolución de Directorio de Impuestos Nacionales, donde se aprueba el impuestazo a los servicios digitales".

Fuente: Pagina 7