El trabajo de los medios de comunicación en el contexto de conflictividad que vive Bolivia por las elecciones nacionales y la crisis económica se ha visto afectado por al menos 33 vulneraciones entre enero y junio de este año, de acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
En total, las vulneraciones a la libertad de prensa recogidas por este observatorio son 73 entre enero y junio del presente año, de éstas, las 33 (42%) señaladas se dieron en el contexto de los conflictos sociales por las elecciones nacionales y la crisis económica, que han traído consigo violencia verbal y física, estigmatización, violencia de género, amenazas y censura contra periodistas de medios de comunicación nacional y corresponsales internacionales. Comparativamente, entre enero y junio de 2024 se presentaron 55 casos de vulneración a la libertad de prensa, por lo que los 73 casos de este año representan un incremento de 32,7%.
Violencia de sectores afines a Evo Morales contra la prensa
De enero a junio se ha observado un crecimiento constante en la intensidad y frecuencia de agresiones físicas y verbales, amenazas y ataques a medios de comunicación que han estado al frente de la cobertura de bloqueos o marchas, protagonizadas, principalmente, por sectores afines al expresidente Evo Morales, que demandan su habilitación como candidato a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto.
Por ejemplo, el 13 de enero, el camarógrafo Marco Jiménez del canal F10 sufrió el impacto de un petardo lanzado contra su pierna derecha por marchistas afines a Morales. En esa misma movilización, varios periodistas fueron insultados, empujados y expulsados por los manifestantes.
El 26 de febrero, tres periodistas del medio internacional Bloomberg fueron hostigados durante una entrevista con Morales, realizada en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Cuando los reporteros consultaron al expresidente sobre su inhabilitación, éste se molestó y exigió borrar el material, propósito que terminó por lograr a través de la presión, según uno de los periodistas entrevistados por el Observatorio.
El 16 de mayo en la ciudad de La Paz, al menos seis periodistas resultaron heridos en la cobertura de una movilización de sectores afines a Morales que demandaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato. De éstos, tres eran corresponsales de medios internacionales.
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional observó que la Policía actúa “sin ninguna medida, proporcionalidad y que sus actos concluyen en flagrantes agresiones a la prensa”. La organización demandó al Estado “tomar medidas inmediatas para respetar y garantizar el trabajo de la prensa”.
Con motivo de los bloqueos encabezados por Morales, desde el 2 de junio, se ha presentado una sistemática escalada de vulneraciones contra la prensa. En Sipe Sipe, un equipo de Red Uno fue atacado por pobladores; en El Alto, otro equipo de Red Uno fue increpado y hostigado por manifestantes que bloqueaban la carretera a Laja, y se reportaron ataques contra la prensa en los recientes conflictos en Llallagua, Potosí, donde tres policías fallecieron producto del enfrentamiento con sectores movilizados, que emplearon dinamita, piedras y armamento letal en contra de efectivos del orden. El 12 de junio, dos periodistas fueron interceptados, despojados de sus teléfonos móviles y amenazados de muerte por manifestantes en la carretera que une Oruro con Cochabamba, reportó la Asociación de Periodistas de Oruro.
La libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, está consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho protege especialmente el trabajo periodístico, fundamental para la rendición de cuentas, la transparencia del poder y la participación ciudadana informada.
Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS, las agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamientos y restricciones al trabajo periodístico —como las documentadas en las movilizaciones protagonizadas por sectores afines a Evo Morales— representan formas de censura indirecta que inhiben el ejercicio libre del periodismo. La obligación estatal no solo es no censurar, sino también prevenir, proteger e investigar estos hechos. Cuando el Estado no investiga y sanciona adecuadamente las agresiones a periodistas, como las ocurridas en enero, febrero, mayo y junio de 2025, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa. Esto genera un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a informar y ser informado, afectando a toda la sociedad.
Violencia de género en cobertura electoral y de conflictos
Periodistas mujeres fueron específicamente agredidas durante la cobertura de los conflictos, revelando un patrón de hostigamiento con tintes sexistas. Es el caso de dos periodistas de Red Uno que fueron acosadas y agredidas verbalmente por sectores afines al MAS cerca a plaza Murillo, el 28 de mayo.
En Yapacaní, el 8 de junio, la periodista S.P.N., de InfoYapacaní, denunció ante la Policía haber sido víctima de amenazas mientras realizaba su labor informativa sobre sectores movilizados en esa población. “No creo que quisieras estar en luto por decir cosas que no son”, fue una de las amenazas que se registró en redes sociales.
El 27 de mayo, en la población fronteriza de Desaguadero, una periodista y su camarógrafo, de Urgente.bo, fueron amenazados con ser metidos al agua por comerciantes durante una cobertura de prensa. Les obligaron a borrar imágenes. El 12 de junio, una periodista en Santa Cruz fue increpada por el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por cuestionarle que use espacios de la Alcaldía para hablar sobre su partido.
A través de un comunicado, el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz repudió los ataques a las periodistas y consideró que estos “no sólo buscan silenciar el derecho a informar, sino que reproducen patrones estructurales de violencia de género”. Además, demandó a las autoridades a actuar con “prontitud y eficacia para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo”.
Para el Programa Defensores de UNITAS, las agresiones dirigidas específicamente contra mujeres periodistas en el contexto de la cobertura de conflictos en Bolivia revelan una preocupante intersección entre la violencia contra la prensa y la violencia basada en género. El hostigamiento sexista, las amenazas con connotaciones de intimidación personal y las descalificaciones públicas, como las sufridas por periodistas en La Paz, Yapacaní, Desaguadero y Santa Cruz, no solo vulneran el derecho a la libertad de expresión, sino que refuerzan patrones estructurales de discriminación y exclusión. Este tipo de violencia constituye una forma de censura que busca desalentar la participación de las mujeres en el espacio público y en el ejercicio del periodismo.
Desde el enfoque de derechos humanos, estas acciones constituyen una doble vulneración: por un lado, al derecho a informar y ser informado, y por otro, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, consagrado en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas específicas para proteger a las mujeres periodistas, incluyendo mecanismos de prevención, atención y sanción frente a la violencia de género en el ejercicio de su labor. La inacción institucional frente a estos hechos no solo perpetúa la impunidad, sino que contribuye a un entorno hostil que desalienta el ejercicio del periodismo desde una perspectiva crítica y plural.
Discursos estigmatizantes y participación de actores estatales en la hostilidad
El discurso recurrente de deslegitimación de los medios como “prensa vendida”, “mentirosa” o “comprada” se ha venido repitiendo en el contexto de los conflictos, lo que aviva las tensiones y alienta a la violencia en contra de periodistas. Éstos no sólo provienen de actores en protesta, sino también de funcionarios públicos, lo que ahonda el entorno hostil, agresivo y peligroso para el periodismo.
El 19 de marzo, campesinos integrantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos insultaron a periodistas durante su marcha por la crisis económica. «Prensa vendida» o «prensa vividora» fueron algunos de los calificativos empleados por este sector.
Uno de los dirigentes que integra las movilizaciones a favor de Morales, Enrique Mamani, calificó a la prensa de “comprada, vendida, maldita”. Similares expresiones se recabaron en Oruro. Un manifestante increpó a un periodista calificándolo de “prensa vendida”. Franco García, dirigente identificado con el ala “evista”, amenazó a periodistas en Cochabamba: “que no se venda la prensa. Si no van a presentar esto, nosotros vamos a quemar instalaciones de la prensa”.
Además de manifestantes, servidores públicos han protagonizado vulneraciones a la libertad de prensa mediante discursos estigmatizantes. En Sucre, funcionarios del Concejo Municipal, afines a Evo Morales, calificaron como “prensa vendida” a periodistas que se encontraban ejercicio su labor, según denuncia de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca.
Con motivo de las protestas por sectores afines a Morales, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia observó que estas agresiones no sólo se repiten, sino que también se justifican y quedan impunes. “Alertamos que el clima de conflictividad política y social configura un contexto de alto riesgo para la integridad de las y los periodistas. Ante esta alarmante situación exigimos: el cese inmediato de la violencia, hostigamiento y estigmatización contra periodistas; la investigación de oficio de los hechos y sanciones para los responsables ya identificados públicamente y; garantías para el libre y seguro ejercicio del periodismo”, exigió la asociación a través de un pronunciamiento.
El programa Defensores de UNITAS apunta que la estigmatización sistemática de la prensa constituye una forma de violencia simbólica que incita al descrédito, la hostilidad y posibles agresiones físicas contra periodistas. Estos discursos, en un contexto de alta polarización política, alimentan un clima de intolerancia y odio que convierte a los trabajadores de la información en blancos directos de ataques.
Desde el enfoque de derechos humanos, estos actos atentan contra la libertad de expresión, consagrada en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La estigmatización del periodismo desde el poder no solo incumple la obligación estatal de proteger a quienes ejercen esta labor, sino que promueve su persecución y vulnerabilidad. Adicionalmente, la descalificación reiterada, unida a la falta de investigación y sanción, configura un entorno de impunidad incompatible con un sistema democrático, es deber del Estado prevenir activamente este tipo de discursos y garantizar condiciones seguras para que la prensa pueda ejercer su labor sin miedo, intimidación ni represalias, señala la institución.
Fuente: Sumando Voces
