El pasado primero de julio, 130 naciones y territorios respaldaron una propuesta de crear un impuesto corporativo mínimo a nivel global. El plan fue elaborado y promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con su comunicado, el programa busca “abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”.
Este objetivo debe interpretarse como la intención de obstaculizar la práctica de algunas corporaciones de trasladar sus utilidades hacia jurisdicciones con menores tasas impositivas.
La alusión a la digitalización hace referencia a las compañías tecnológicas que, por contar con un elevado porcentaje de activos intangibles, como regalías por marcas, patentes y licencias de software, parecen realizar esa práctica con mayor facilidad.
Algunos gobiernos que apoyan el plan han sostenido que las acciones descoordinadas de los países han llevado a la inestabilidad del sistema tributario mundial. Por ello, han llamado a alcanzar una distribución “más justa” de la recaudación fiscal y detener la “carrera hacia abajo” en las tasas de los impuestos corporativos, resultante de la competencia entre los países. El plan se sustenta en dos ‘pilares’, los cuales pueden resumirse como sigue.
El pilar uno busca colectar ingresos de las empresas multinacionales más grandes y rentables, es decir, con volúmenes de facturación y utilidades que exceden ciertos umbrales, mediante la aplicación de un impuesto sobre las utilidades que sobrepasan la mencionada referencia. Se planea que, en siete años, se revise a la baja el umbral de facturación para comprender a más empresas. La finalidad es redistribuir esos recursos hacia los gobiernos de las economías donde las corporaciones venden sus productos y servicios, y no donde tienen sus oficinas matrices como hasta ahora. Una condición para su aplicación es la eliminación de cualquier gravamen nacional a los servicios digitales.
El pilar dos pretende implantar una tasa impositiva global de por lo menos 15 por ciento sobre las utilidades de las multinacionales cuyos ingresos financieros superen cierto monto. Para lograr que la tasa sea efectiva se establecen reglas contra las deducciones y exenciones en la base gravable.
El plan descrito, que se espera entre en vigor en 2023, exhibe algunas limitaciones que, al parecer, no fueron suficientemente valoradas. La más importante consiste en la subestimación de los beneficios de la competencia entre los gobiernos. Ante la elevada movilidad de los recursos productivos de alta calidad por la globalización, la competencia en impuestos contribuye a la conformación de condiciones atractivas para la inversión y la innovación, que promueven la eficiencia y el crecimiento económico, en especial, de los países con las mejores políticas.
En cualquier área sujeta a presiones competitivas, los participantes pueden responder de dos maneras: siendo mejores que los demás o buscando suprimir la competencia. A pesar de que generalmente prohíben los monopolios por sus conocidos efectos adversos sobre el consumidor, en materia tributaria los gobiernos optaron por la segunda opción, lo cual envía un mensaje contradictorio. Una peculiaridad del discurso oficial es el recurso a la idea de una “carrera hacia abajo”, que tradicionalmente han utilizado los defensores de los monopolios y de la protección, al describir erróneamente la caída de los precios por la competencia, como causa del cierre de empresas y pérdida de empleos en una industria.
Además, el proyecto parece promover la ficción de que los impuestos corporativos son financiados por las empresas. Los estudios sobre ‘incidencia’ sugieren que gran parte de la carga cae en los empleados, restringiendo sus remuneraciones, y el resto en los consumidores, con un aumento de precios y en los accionistas, con una disminución de utilidades. Los dos pilares difícilmente promueven la equidad internacional, al implantar una reasignación de la recaudación a favor de las economías con mercados más grandes, y limitar la competencia de las pequeñas mediante menores impuestos.
La ejecución del plan luce muy complicada. Implica la modificación de tratados internacionales y reformas nacionales que requieren la aprobación de los poderes legislativos de las distintas jurisdicciones. Al basarse en una redistribución de ingresos, el sacrificio de otros y el aumento de impuestos que distorsionan la actividad económica, algunos países pueden salir perjudicados, lo cual entorpecería su aceptación local.
Fuente: Cato
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