Periodismo de investigación en la era de la inteligencia artificial: ¿por qué sigue siendo indispensable?

El periodismo de investigación sigue siendo indispensable en la era de la inteligencia artificial porque ninguna herramienta tecnológica puede sustituir el criterio profesional, la verificación de fuentes y la responsabilidad ética que requiere revelar hechos de interés público. La IA puede ayudar a procesar grandes volúmenes de información, encontrar patrones y agilizar tareas, pero es el periodista quien debe comprobar los datos, contextualizarlos y determinar su relevancia social.

En Bolivia, este desafío adquiere especial relevancia mientras se aproxima la premiación de la cuarta versión del Reconocimiento al Periodismo de Investigación “Franz Tamayo”, impulsado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz). La premiación se realizará el 8 de septiembre, en La Paz, y reunirá trabajos que destacan por su calidad, rigor metodológico, ética e impacto social.

¿Qué es el periodismo de investigación y por qué es importante?

El periodismo de investigación busca revelar información de interés público que no siempre está disponible de manera evidente. Para hacerlo, requiere recopilar documentos, contrastar fuentes, analizar datos, verificar testimonios y construir una explicación sustentada de los hechos.

Su importancia va más allá de producir una noticia. Una investigación periodística puede contribuir a la transparencia, fiscalizar al poder, visibilizar problemas sociales y fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Esa función también está presente en el Reconocimiento “Franz Tamayo”. La convocatoria de su cuarta versión establece entre sus criterios de evaluación el tratamiento periodístico de los hechos, la calidad narrativa, el uso de metodologías de investigación, la relevancia social, el impacto en la opinión pública y la ética en el manejo de la información y las fuentes.

Para Jannette Jacobs, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo Digital de Unifranz La Paz, la investigación periodística tiene una función directamente vinculada con la democracia.

“La investigación periodística consolida la democracia. Los periodistas cumplen un rol fiscalizador fundamental, contribuyen al desarrollo del país y proyectan a nivel internacional la calidad de los profesionales bolivianos”.

¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial al periodismo de investigación?

La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para el periodista investigador. Su utilidad está relacionada con tareas como la búsqueda y organización de información, el análisis de grandes bases de datos, la identificación de patrones, la transcripción de entrevistas o la clasificación de documentos.

Sin embargo, utilizar IA no significa delegar la investigación. El periodista debe conocer las limitaciones de estas tecnologías, comprobar sus resultados y mantener el control editorial sobre la información publicada.

En este escenario, la formación profesional adquiere un papel central. El periodismo contemporáneo requiere combinar las competencias tradicionales de investigación y verificación con conocimientos digitales, análisis de datos y manejo responsable de herramientas de inteligencia artificial.

Desde Unifranz, esta perspectiva se relaciona con el modelo Aprender Haciendo, que busca que los estudiantes desarrollen sus competencias mediante experiencias vinculadas con situaciones profesionales reales.

Fabiola Vargas, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo Digital, sostiene que la práctica permite integrar conocimientos, habilidades y valores desde la etapa formativa:

“Es fundamental que los estudiantes de Periodismo se formen bajo la metodología de aprender haciendo, dado que el periodismo se construye en la práctica: investigando, preguntando, escribiendo y produciendo historias reales”.

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al periodista de investigación?

La respuesta es no. La IA puede procesar información, pero no sustituye la responsabilidad del periodista frente a sus fuentes, sus decisiones editoriales y las personas afectadas por una investigación.

Uno de los principales riesgos está en asumir como verdaderos resultados generados automáticamente. Una herramienta puede entregar información incompleta, descontextualizada o incorrecta. Por eso, la verificación continúa siendo una de las competencias fundamentales del oficio.

Jacobs resume esta responsabilidad desde la formación universitaria: “El rol de los periodistas es dar claridad y certidumbre respecto a la información”.

La propia convocatoria del Reconocimiento “Franz Tamayo” coloca la ética y el manejo de fuentes entre los elementos centrales de la evaluación. No basta, por tanto, con encontrar información: una investigación debe demostrar cómo se obtuvo, contrastó y presentó.

¿Qué habilidades necesita un periodista investigador en la era de la IA?

El periodista de investigación necesita combinar competencias profesionales y tecnológicas. Entre las principales están:

• Verificación de información: contrastar datos, documentos y testimonios.
• Periodismo de datos: interpretar bases de datos y detectar patrones relevantes.
• Pensamiento crítico: evaluar la información generada o procesada mediante IA.
• Manejo ético de fuentes: proteger derechos, contexto y confidencialidad.
• Narrativa periodística: transformar información compleja en historias comprensibles.
• Alfabetización digital: utilizar nuevas herramientas sin perder el criterio editorial.

Estas capacidades también se reflejan en la cuarta edición del Reconocimiento “Franz Tamayo”. Más de 160 trabajos fueron postulados en distintas categorías y los nominados abordaron temas relacionados con crisis económica, transparencia pública, salud, derechos humanos, pueblos indígenas, recursos naturales, medioambiente e igualdad de género.

La iniciativa cuenta además con respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Congreso Hispanoamericano de la Prensa (CHP) y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mientras que los trabajos son evaluados por especialistas internacionales.

¿Por qué reconocer al periodismo de investigación?

Reconocer el periodismo de investigación significa valorar un trabajo que requiere tiempo, método y responsabilidad. También implica destacar el papel de los periodistas que convierten información dispersa en conocimiento útil para la sociedad.

La cuarta versión del Reconocimiento “Franz Tamayo” llega así en un momento en que la profesión enfrenta simultáneamente la expansión de la inteligencia artificial, la desinformación y la aceleración de los ciclos informativos.

La premiación del 8 de septiembre pondrá en el centro a los trabajos que hayan demostrado rigor, calidad, ética e impacto social. Será también una oportunidad para reafirmar una idea fundamental: la tecnología puede transformar las herramientas del periodismo, pero la investigación, la verificación y la responsabilidad frente a la sociedad siguen dependiendo del criterio humano.

Fuente: Unifranz

Tokenización en Alianzas Público-Privadas en Bolivia

Hoy en día, se habla mucho de mejorar el país con Alianzas Público – Privadas (importación de gasolina, construcción de obras, trenes, etc), lo cual evidentemente es una necesidad, una posibilidad viable y definitivamente un gran propuesta. Adicionalmente, estamos en una era digital donde existen diferentes vehículos jurídicos que permiten alcanzar estos objetivos, uno de ellos es la Tokenización. La tokenización representa el siguiente paso evolutivo de la titularización tradicional de activos y es plenamente aplicable a las Alianzas Público-Privadas (APP) en Bolivia.

Herramientas normativas como el Decreto Supremo N°3469 para Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta y normativa autonómica como la Ley Departamental N°224 de Santa Cruz, brindan la base jurídica para que el actor privado busque financiamiento alternativo. La tokenización permite fraccionar la inversión requerida para obras de infraestructura o servicios públicos, atrayendo capital institucional y minorista de manera global.

Hagamos un paréntesis, primero definamos de manera sencilla que la Tokenización es la creación del activo digital, funciona de manera análoga a la emisión de un título valor, una acción o cuota de capital social. Permite tomar un activo ilíquido (como un proyecto inmobiliario en Santa Cruz o una cartera de deuda) y dividir sus derechos económicos en múltiples fracciones digitales, facilitando su liquidez. Por su parte, Blockchain es el registro público, el libro mayor contable, descentralizado y criptográficamente seguro (es el equivalente tecnológico de «Derechos Reales» o el registro del «SEPREC»), con la ventaja de que el historial de transferencias es transparente, auditable en tiempo real y no puede ser alterado ni borrado. Esto garantiza a los adquirentes que nadie puede vender el mismo token dos veces sin necesidad de una cámara de compensación central. Finalmente, el vehículo funcional es el contrato inteligente (Smart Contract), como líneas de código autoejecutables alojados dentro de la blockchain que rigen el comportamiento del token y que permite programar restricciones automatizadas, impidiendo, por ejemplo, que un token sea transferido a una billetera digital (wallet) que no haya superado previamente los filtros de debida diligencia para validar que el origen de los fondos sea lícito.

Hablemos de un ejemplo más claro, construir el tren metropolitano que conecte Santa Cruz, es una obra que cuesta muchísimo dinero. En un modelo tradicional de Alianza Público Privada, el empresario privado buscaría un organismo multilateral o a un banco internacional por un préstamo gigante. Sin embargo, a través de la tokenización cualquier persona puede ser inversor.

Supongamos que el Estado, a través de la Gobernación o Municipios, pone los terrenos, el derecho de vía y los permisos, y la empresa privada se encarga de construir, mantener y operar el tren por 30 años. Si el tren cuesta 500 millones de dólares. En lugar de buscar a un solo prestamista, la Empresa Privada «divide» ese costo en 5 millones de «acciones digitales» (Tokens) de 100 dólares cada una. Estos tokens se ofrecen al público, fondos de inversión o empresas locales, al comprar un token de 100 dólares, el inversor está comprando un derecho jurídico: recibir un porcentaje de lo que el tren recaude en pasajes y publicidad durante los próximos 30 años. Cuando el tren ya está funcionando, la gente paga su pasaje diario, el sistema informático aparta el dinero necesario para el mantenimiento y, automáticamente, reparte las ganancias restantes depositándolas directo en las billeteras digitales de los dueños

de los tokens. Nadie hace transferencias manuales ni emite cheques; el código lo hace solo.

De esta manera cualquier ciudadano puede adquirir un Token (acción), ser parte inversor del proyecto, y generar utilidad con su inversión. Hilando un poco más fino, sobre la misma base del ejemplo antes descrito, cabe destacar que al ofrecer estos tokens al público a cambio de ganancias futuras, nuestra normativa lo considera una Oferta Pública de Valores. Por ello, la mejor forma de blindar el proyecto legalmente es a través de un Fideicomiso. Este fideicomiso funciona como un puente seguro: un banco o entidad autorizada guarda el dinero recaudado (los pasajes) y los bienes del proyecto. Luego, este fideicomiso se conecta con el contrato inteligente (Smart Contract) para que el sistema reparta las ganancias automáticamente a las billeteras de los ciudadanos, garantizando que la inversión de todos esté siempre respaldada.

Sin embargo, desde la óptica penal y de prevención de lavado de dinero, es necesario comprender que si no se estructura de manera legalmente correcta, la tokenización de activos en Bolivia aplicada a Alianzas Público Privadas (APP) puede exponer a contingencias penales y administrativas severas, pues al tratarse de proyectos donde coexiste capital privado y patrimonio del Estado (que puede aportar terrenos o concesiones), cualquier fallo en el cumplimiento normativo detona la aplicación concurrente de la Ley de Servicios Financieros y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas con Agravante Estatal, si el smart contract carece de controles y permite la entrada de capitales ilícitos para financiar la obra pública, la empresa privada estructuradora y sus directivos se exponen a procesos por Legitimación de Ganancias Ilícitas. Al existir contratos estatales de por medio, el Ministerio Público activaría los tipos penales de corrupción por daño o afectación al Estado, cuyas penas son agravadas y no admiten medidas sustitutivas.

La Contaminación y Congelamiento del Proyecto se vuelve una posibilidad, si la UIF detecta que la red de emisión de tokens fue vulnerada para blanqueo de capitales, la ASFI puede instruir el congelamiento inmediato de las cuentas del fideicomiso. Esto paraliza la obra pública y detona el incumplimiento contractual del actor privado, derivando en la ejecución de las boletas de garantía de cumplimiento de contrato y juicios coactivos fiscales.

El estructurador se somete a una doble fiscalización por parte de ASFI y UIF, pues deberá registrarse ante la ASFI por la captación pública de fondos mediante plataformas digitales, y ante la UIF como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con un manual estricto de prevención de lavado de dinero.

Desde la óptica legal corporativa-penal, la viabilidad de este esquema dependerá de una arquitectura legal hermética, contar con un smart contract programado en un modelo de «lista blanca» que regule que absolutamente ningún inversor pueda adquirir o transferir un token de la Alianza Público Privada sin haber superado un proceso de debida diligencia de identidad y origen de fondos certificado por la firma estructuradora, será una prioridad.

Aplicar un primer modelo que sea exitoso, abrirá las puertas a que este modelo se vuelva común, y permitirá hacer partícipes a los ciudadanos de proyectos público – privados, que sean en beneficios de las ciudades, municipios o departamentos, pero que sobre todo estén a la vanguardia de seguridad jurídica, convirtiéndose a la vez en un vehículo de inversión seguro para el ciudadano común.

Fuente: Eju

Dos de cada 10 adolescentes sufrieron acoso sexual digital

Que internet no es un lugar seguro para niños y adolescentes es algo conocido desde hace tiempo. Las redes sociales utilizan algoritmos sofisticados para captar la atención de usuarios de todas las edades y, con frecuencia, exponen a los menores a la adicción, así como a contenidos potencialmente dañinos.

A finales de agosto, Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, evitó una sentencia judicial en Estados Unidos mediante un acuerdo extrajudicial: pagará 16.680 millones de dólares a los estados demandantes y limitará a dos horas diarias el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas; además, el acceso quedará completamente bloqueado durante la noche.

Ahora, un nuevo informe de UNICEF pone el foco en otro riesgo: la violencia sexual en el entorno digital. Según el estudio, uno de cada cinco jóvenes de entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de agresión sexual en línea durante el último año.

¿Qué revela el informe?

El informe de UNICEF, al que DW tuvo acceso antes de su publicación, describe cómo suelen producirse este tipo de agresiones. "A menudo, comienza sin previo aviso. Una conversación se convierte en coerción, y la coerción se convierte en una trampa", señalan los autores.

El estereotipo del desconocido que acosa a menores en internet solo se ajusta al 16 % de los casos. La mayoría de los agresores, un 57 %, ya eran conocidos por las víctimas: amigos, familiares o incluso parejas sentimentales. En un 27 % de los casos, los jóvenes no pudieron identificar quién estaba detrás de los perfiles. Los agresores pueden ser tanto adultos como menores de edad y, con frecuencia, el abuso ocurre simultáneamente en el mundo digital y en la vida real.

Las grandes plataformas concentran la mayoría de los incidentes. Según UNICEF, el 60 % de las agresiones tuvieron lugar en redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp e Instagram, seguidas de Snapchat, TikTok y YouTube. Además, un 14 % de los encuestados identificó los videojuegos en línea como el espacio donde sufrió la agresión, ya que muchos permiten intercambiar mensajes directos.

El informe también destaca la presión ejercida por los agresores y el sentimiento de vergüenza que dificulta pedir ayuda. El 41 % de las víctimas no contó su experiencia a nadie. Quienes sí buscaron apoyo recurrieron principalmente a amigos, hermanos o madres.

¿Cómo se realizó el estudio?

El informe incluye encuestas a unos 21.000 adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizan internet de forma habitual. Según UNICEF, la muestra es representativa de los usuarios de esa franja de edad en cada uno de los 21 países analizados.

Los últimos datos proceden de Armenia, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Montenegro, Macedonia del Norte, Pakistán y Serbia. Estos se sumaron a los que ya se habían recopilado entre 2020 y 2021 de Etiopía, Indonesia, Camboya, Kenia, Malasia, Mozambique, Namibia, Filipinas, Tanzania, Tailandia, Uganda y Vietnam.

El estudio también incorpora entrevistas en profundidad con 100 jóvenes que sufrieron abusos durante su infancia.

¿Coincide con otras investigaciones?

Los resultados son consistentes con estudios previos. La encuesta EU Kids Online de 2020 señaló que el 22 % de los participantes en 19 países europeos había recibido mensajes de contenido sexual.

En una investigación realizada en escuelas secundarias españolas durante el curso 2021/22, el 21 % de las alumnas afirmó sufrir acoso sexual en línea de forma ocasional y el 5 % de manera frecuente. Entre los chicos, los porcentajes fueron ligeramente inferiores.

Asimismo, una encuesta del Pew Research Center de 2022 mostró que el 17 % de los jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años había recibido imágenes explícitas no solicitadas por internet.

¿Qué propone UNICEF para hacer internet más seguro?

Los autores del informe piden a Gobiernos, empresas tecnológicas y otras instituciones reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

Entre sus principales recomendaciones figuran:

• Diseñar plataformas más seguras y con mayores protecciones de privacidad para menores.
• Reforzar la legislación y la persecución penal de estos delitos.
• Crear sistemas de denuncia y apoyo accesibles y fiables para niños y adolescentes.

El informe, junto con casos como el de Meta en Estados Unidos, se suma al debate planteado en muchos países occidentales sobre la posible prohibición de acceso a redes sociales para niños y adolescentes. Australia fue el primer país en introducir una edad mínima de 16 años para tener cuentas en redes sociales. El Reino Unido prevé aplicar una medida similar a partir de 2027. En Francia se aprobó una edad mínima de 15 años, aunque la norma fue frenada recientemente por el Consejo Constitucional.

En Alemania, una comisión de expertos propuso en junio un modelo escalonado que combina límites de edad, verificación de identidad y mayores obligaciones para las plataformas digitales.

Fuente: DW