Milei aplica la motosierra profunda a la burocracia y la tramitocracia

En el corazón de la economía argentina, propensa a crisis crónicas, se encuentra un sistema político que fomenta el gasto público sin restricciones y la sobre-regulación en extremo. Se trata del sistema establecido por Juan Domingo Perón en la década de 1940, que se fortaleció en las décadas siguientes y que el presidente Javier Milei prometió eliminar con una motosierra y sustituir por políticas liberales clásicas, como las que hicieron de su país uno de los más prósperos del mundo hace un siglo.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, Milei ha estado recortando el tamaño del Estado con ese fin. Sus prioridades han sido controlar el gasto y desregular. Milei recortó el presupuesto en alrededor de un 30% y lo equilibró al mes de asumir el cargo. Esto facilitó una política monetaria más disciplinada y la reducción de la inflación del 25% mensual cuando el presidente llegó al poder al 2,2% en enero de 2025.

El éxito que ha tenido hasta ahora la estabilización económica de Milei es ampliamente reconocido. El presidente sacó a la economía de la crisis y la llevó a la recuperación mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba: el crecimiento volvió en la segunda mitad de 2024, los salarios han aumentado y la tasa de pobreza, tras haber subido inicialmente, ha caído por debajo del 41,7% que dejó el gobierno anterior como parte de su legado.

Sin embargo, no se aprecia que tanto ha desregulado Milei ni suficientemente el papel que la desregulación desempeña en el éxito de Argentina, aunque es tan importante como el recorte del gasto. Para entender por qué, es útil conocer algunos aspectos que diferencian la política argentina de la de la mayoría de los países.

El sistema peronista argentino

Durante más de siete décadas, Argentina ha tenido un sistema corporativista que Perón estableció siguiendo el modelo de la Italia fascista de Mussolini. En este sistema, el Estado organiza la sociedad en grupos —sindicatos, gremios empresariales, empleados públicos, etc.— con los que negocia para establecer las políticas nacionales y equilibrar los intereses. Se trata de un tipo de colectivismo que borra al individuo, centraliza el poder en el Estado e incentiva a los grupos de interés a competir por el favoritismo del Gobierno a través del gasto público y la regulación.

Este sistema dio lugar a una proliferación de normas destinadas a proteger y promover sectores concretos mediante controles de precios, regímenes de licencias, tipos de cambio diferenciados en función del tipo de actividad económica, controles de capitales, tipos de interés preferenciales, afiliación obligatoria (y apoyo) a gremios y otras intervenciones.

El sistema que instauró el partido peronista desalentaba el libre intercambio, la competencia y la productividad, pero se arraigó profundamente. Los privilegios otorgados por la regulación eran políticamente difíciles de eliminar. El jurista Jorge Bustamante señala, además, que la regulación desempeña un papel más importante que la política fiscal en la redistribución de la riqueza en Argentina. Añade que "el derroche de recursos escasos provocados por las regulaciones es más grave que la propia actividad directa del Estado en la economía [la política fiscal], consabidamente deficitaria".

Los sindicatos, en particular, adquirieron un enorme poder político. Tal es el caso que Bustamante describe el sistema argentino como uno que "convierte a los sindicatos en órganos del Estado cuando el partido al que adhieren [el partido peronista] está en el poder, o convierte al Estado en prisionero de los sindicatos cuando el partido está en la oposición".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, expresó una opinión similar en la conferencia de Cato que celebramos en Buenos Aires en junio de 2024 con el presidente Milei y otros destacados liberales clásicos. El partido peronista", dijo Sturzenegger, "es el gestor del statu quo... Es el gestor de los intereses creados; es el partido conservador de Argentina".

Puede que los peronistas quieran conservar el sistema, pero Milei tiene razón al recortarlo. Según el Índice de Libertad Humana, la Argentina que heredó el presidente es uno de los países más regulados del mundo. Ocupa el puesto 146 de 165 países en términos de carga regulatoria.

Los recortes de Milei en un año

Desde que llegó al poder, Milei ha realizado recortes de gran alcance en la burocracia argentina. En su primer año, redujo el número de ministerios de 18 a 8 (eliminando algunos y fusionando otros), despidió a 37.000 empleados públicos y abolió alrededor de 100 secretarías y subsecretarías, además de más de 200 departamentos burocráticos de nivel inferior.

El presidente también ha impulsado agresivamente la desregulación. Utilizando una metodología conservadora, mi colega Guillermina Sutter Schneider y yo calculamos que durante el primer año de Milei en el cargo, implementó alrededor de dos desregulaciones por día. Aproximadamente la mitad de las medidas eliminaron regulaciones por completo, mientras que el resto modificó las regulaciones existentes en una dirección generalmente orientada al mercado.

Milei ha implementado estas reformas de manera legal y constitucional, y son el resultado principalmente de dos medidas amplias. En primer lugar, Milei comenzó su gobierno con la promulgación de un "megadecreto" de emergencia que constaba de 366 artículos. Los decretos de emergencia son compatibles con la legislación argentina si cumplen determinadas condiciones. También pueden ser revisados por el Congreso, que tiene derecho a rechazarlos en un plazo determinado. Dado que el poder legislativo no se opuso, la mayoría de las desregulaciones del megadecreto entraron en vigor.

En segundo lugar, el Congreso aprobó el junio pasado un proyecto de ley de gran envergadura (la "Ley Bases") que permite al Gobierno emitir nuevos decretos desreguladores durante un año. La mayoría de las desregulaciones de Argentina se están llevando a cabo en virtud de esa autoridad y han sido impulsadas por el nuevo Ministerio de Desregulación, que comenzó a funcionar al mes siguiente.

El ministerio se encuentra literalmente en una carrera contra el tiempo, y su sentido de urgencia es palpable. Cuando visité al ministro Sturzenegger y a su equipo en noviembre, me mostraron un cartel afuera de su oficina que decía "Faltan 237 días", indicando el tiempo que le queda al Gobierno para seguir emitiendo decretos desreguladores. El equipo de Sturzenegger, formado por expertos jurídicos y economistas de prestigio, también tiene una misión clara: aumentar la libertad en lugar de hacer más eficiente al Gobierno. Por lo tanto, al revisar una regulación, lo primero que se preguntan es si el Gobierno debería intervenir en ese ámbito.

Siguiendo ese enfoque, el Gobierno ha implementado desregulaciones en sectores de la economía que van desde la agricultura y la energía hasta el transporte y la vivienda. Para ayudar a priorizar esas reformas, el ministerio analiza los precios. Si el costo de un bien o servicio es significativamente más alto en Argentina que a nivel internacional, la carga regulatoria suele explicar la diferencia de precio. Sturzenegger informa que la desregulación en Argentina ha tendido a bajar los precios en alrededor de un 30%. El ministerio también ha creado un portal web llamado "Reportá la burocracia", que recoge recomendaciones de empresas y del público, lo que ha dado lugar a numerosas reformas.

Algunas de las reformas han sido de carácter procedimental. Por ejemplo, las inspecciones gubernamentales ahora se realizan a veces después de que una empresa comienza a operar (suponiendo que cumple con la ley y puede ser objeto de inspección), en lugar de antes de que se le permita siquiera iniciar sus actividades. Esta inspección "a posteriori" del etiquetado de los textiles importados, por ejemplo, provocó una caída del 29% en el precio de los textiles. El Gobierno también ha instituido una norma de "silencio administrativo positivo" que afecta a varias actividades, según la cual las solicitudes de permiso se consideran aprobadas si la burocracia gubernamental no responde en un plazo determinado. En otro ejemplo, Milei prohibió los cargos hereditarios sancionados por ley que se habían convertido en una práctica habitual en numerosos organismos estatales.

Gran parte del impacto de las desregulaciones aún no se ha medido, pero los datos concretos o anecdóticos que existen sugieren que las reformas están marcando una diferencia significativa. A continuación se presentan algunos de los logros del primer año de Milei:

• El fin de los extensos controles de alquileres en Argentina ha dado lugar a que se triplique la oferta de apartamentos en alquiler en Buenos Aires y a una caída del 30% en los precios.
• La nueva política de cielos abiertos y la autorización a los propietarios de aviones pequeños para prestar servicios de transporte dentro de Argentina ha dado lugar a un aumento del número de servicios aéreos y de rutas que operan dentro del país (y hacia y desde él).
• La autorización a Starlink y otras empresas para prestar servicios de Internet por satélite ha proporcionado conectividad a grandes zonas de Argentina que antes no la tenían. Datos anecdóticos de una localidad de la remota provincia noroccidental de Jujuy apuntan a una caída del 90% en el precio de la conectividad.
• El Gobierno derogó la ley "Compre Argentino", similar a las leyes "Compre Americano", y derogó las leyes que obligaban a las tiendas a abastecer sus estanterías según normas específicas que regulaban qué productos, de qué empresas y de qué nacionalidades podían exponerse, en qué orden y en qué proporciones.
• Los medicamentos sin receta ya pueden venderse no solo en farmacias, sino también en otros comercios. Esto ha dado lugar a la venta por Internet y a la reducción de los precios.
• La eliminación de uno de los regímenes de licencias de importación ha provocado una caída del 20% en el precio de las prendas de vestir y del 35% en el de los electrodomésticos.
• El Gobierno ha eliminado la obligación de que los funcionarios públicos compren los vuelos en la aerolínea estatal, la cual es más cara, y de que otras aerolíneas no puedan estacionar sus aviones durante la noche en uno de los principales aeropuertos de Buenos Aires.

Se podrían citar muchos más ejemplos, pero no hay duda de que los argentinos están empezando a sentir los resultados de las reformas. Estos resultados también ayudan a explicar el índice de aprobación de Milei, que se sitúa entre el 50% y el 55%, según las últimas encuestas.

Segundo año de Milei: comienza la "motosierra profunda"

En su discurso a la nación con motivo de su primer aniversario como presidente, Milei explicó que los recortes que ha realizado hasta ahora son solo el comienzo. "Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir", prometió, y luego fue más allá: “Cada atribución o tarea que no corresponda a la que se supone que tiene que hacer el Estado nacional será eliminada. Porque cuanto más chico el estado, más grande la Libertad”. Milei declaró que ahora comenzaría a aplicar la "motosierra profunda".

El ministro Sturzenegger lidera la iniciativa. Un decreto de febrero ordenó a todos los ministros que revisaran todas las leyes y reglamentos de su competencia y recomendaran desregulaciones integrales en un plazo de 30 días. En un país con casi 300.000 leyes, decretos o resoluciones, no es una tarea fácil. Pero según Sturzenegger, el Gobierno ha recortado o modificado el 20% de las leyes del país y su objetivo es llegar al 70%. Añade que se acelerará el ritmo de despidos de empleados públicos.

Las reformas normativas ya se han acelerado. En enero, Sturzenegger anunció una "revolucionaria desregulación" de la exportación e importación de alimentos. Todos los alimentos certificados por países con altos estándares sanitarios pueden ahora importarse sin necesidad de aprobación o registro por parte del Estado argentino. Las exportaciones de alimentos solo deben cumplir la normativa del país de destino y no están sujetas a la normativa nacional.

Esa innovadora reforma, que externaliza la regulación, tiene por objeto generar "alimentos más baratos para los argentinos y más alimentos argentinos para el mundo". Pero también es un ejemplo de cómo el ministerio tiene en cuenta las opiniones de los ciudadanos argentinos sobre la necesidad de cambiar normativas absurdas. Como explicó Sturzenegger: “Innumerables empresas nos han comentado las increíbles peripecias que tenían que sortear para satisfacer requerimientos locales que no eran requeridos por el mercado destino. A un productor que necesitaba certificar una muestra para ver si podía abrir el mercado de Estados Unidos le pedíamos que primero montara la fábrica”.

En otro caso, Argentina exigía a un exportador de sandías que envasara su producto de una forma diferente a la exigida por el país receptor. Así, en la práctica, el exportador cargaba el barco de acuerdo con la legislación argentina y, una vez que la mercancía salía del puerto, las sandías se volvían a re-envasar inmediatamente.

Hay muchos otros ejemplos. Un decreto de febrero facilitó a los agricultores el uso de nuevas semillas al eliminar el requisito de realizar pruebas exhaustivas de las mismas. Como observó Sturzenegger, en un país donde la agricultura desempeña un papel económico importante, esas restricciones eran especialmente perversas: “Brasil ha triplicado su producción de soja, en gran medida con semillas hechas por investigadores argentinos, trabajando en empresas argentinas pero radicadas en Brasil ¡mientras nosotros estamos relativamente estancados porque no podemos acceder a nuestra propia tecnología!”

Otro decreto reduce el costo del almacenamiento de los contenedores importados en espera de inspección aduanera en aproximadamente un 80%, ya que permite a los importadores mantener sus mercancías en lugares competitivos durante ese tiempo, en lugar de únicamente en lugares gestionados por el servicio de aduanas. Esa reducción de costos, como otras muchas derivadas de la aceleración de las reformas normativas, se trasladará a los consumidores argentinos. Y en la medida en que la motosierra sea realmente más profunda y rápida en el segundo año, los beneficios serán aún más pronunciados.

Un ejemplo para el mundo

La tarea de Milei de convertir a Argentina una vez más en uno de los países más libres y prósperos del mundo es hercúlea. Pero la desregulación desempeña un papel clave para alcanzar ese objetivo y, a pesar de que la agenda de reformas está lejos de completarse, Milei ya ha superado las expectativas de la mayoría. Sus desregulaciones están reduciendo los costos, aumentando la libertad económica, reduciendo las oportunidades de corrupción, estimulando el crecimiento y contribuyendo a derrocar un sistema político corrupto y fallido. Por el alcance, el método y la magnitud de sus desregulaciones, Argentina está sentando un ejemplo para un mundo excesivamente regulado.

Fuente: El Cato

El DOGE está construyendo un Estado de vigilancia

Puede que Elon Musk deje de dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), pero su legado allí ya está asegurado. El DOGE está montando un extenso sistema de vigilancia nacional para el gobierno de Donald Trump como nunca se ha visto en Estados Unidos.

El presidente Trump podría disponer pronto de las herramientas necesarias para satisfacer sus numerosas quejas localizando rápidamente información comprometedora sobre sus oponentes políticos o sobre cualquier persona que simplemente le moleste. El gobierno ya ha declarado que planea examinar los registros fiscales para encontrar las direcciones de los migrantes que está investigando, un plan tan cuestionado moral y legalmente que llevó a varios altos funcionarios del IRS a dimitir en señal de protesta. Algunos trabajadores federales también han sido informados de que el DOGE está utilizando IA para cribar sus comunicaciones con el fin de identificar a quienes albergan sentimientos anti-Musk o anti-Trump (y presumiblemente castigarlos o despedirlos).

Esto supone un giro asombrosamente rápido de nuestra larga historia de aislar y resguardar los datos gubernamentales para evitar su uso indebido. En sus primeros 100 días, Musk y Trump han derribado las barreras que pretendían impedirles crear expedientes sobre cada residente en Estados Unidos. Ahora, parecen estar creando un rasgo definitorio de muchos regímenes autoritarios: archivos exhaustivos sobre todo el mundo para poder castigar a aquellos que protestan.

“Esto es lo que siempre temimos”, dijo Kevin Bankston, abogado especializado en libertades civiles y asesor principal sobre gobernanza de la IA en el Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización de derechos civiles y políticos. “La infraestructura para el totalitarismo llave en mano está ahí para una administración dispuesta a infringir la ley”.

En los últimos 100 días, los equipos del DOGE han obtenido datos personales sobre residentes estadounidenses de decenas de bases de datos federales y, al parecer, los están fusionando todos en una base de datos maestra en el Departamento de Seguridad Nacional. Este mes, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes informaron de que un denunciante había revelado que la base de datos maestra combinará datos de agencias federales como la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El denunciante también alegó que los trabajadores del DOGE están llenando mochilas con varias computadoras portátiles, cada una de ellas cargada con datos robados de agencias.

Durante años, los defensores de la privacidad, entre los que me incluyo, nos hemos obsesionado con la cantidad de datos que poseen las grandes empresas tecnológicas. Conocen nuestra ubicación, controlan nuestro historial de navegación y nuestras compras por internet, y utilizan esa información para hacer deducciones sobre nuestros intereses y hábitos.

Pero los registros gubernamentales contienen información mucho más sensible que la que poseen incluso los gigantes tecnológicos: nuestros ingresos, nuestros números de cuenta bancaria, si nos han despedido, qué enfermedades padecemos, cuánto apostamos.

En 2009, el profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, Paul Ohm, imaginó el ensamblaje de una cantidad de datos similar a la del DOGE y la llamó la “base de datos de la ruina”. “Casi todas las personas del mundo desarrollado pueden estar vinculadas al menos a un hecho en una base de datos informática que un adversario podría utilizar para el chantaje, la discriminación, el acoso o el robo financiero o de identidad”, escribió Ohm.

Todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión. Parece que el DOGE aún no ha intentado recoger datos de las agencias de inteligencia, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés), que recopilan enormes cantidades de comunicaciones entre extranjeros, y a menudo atrapan en su red las comunicaciones de los estadounidenses. (Dicho esto, no es alentador que el director de la NSA haya sido despedido recientemente, al parecer a instancias de un influente de internet que es amigo del presidente).

Aun así, la creación de una enorme base de datos gubernamental de información personal sobre los residentes en Estados Unidos es peligrosa y muy probablemente contraviene la ley. En la década de 1960, el gobierno de Lyndon B. Johnson propuso combinar todos sus expedientes federales en un nuevo “banco de datos” nacional.

El gobierno dijo que solo quería eliminar los registros duplicados y realizar análisis estadísticos, pero la población se indignó. El banco de datos se echó por tierra, y el Congreso aprobó la Ley Federal de Privacidad de 1974, que obliga a los organismos federales a obtener el consentimiento antes de divulgar los datos de las personas entre los distintos organismos.

De las más de 30 demandas que afectan al DOGE, varias alegan que sus incursiones en los datos violan la Ley de Privacidad. Hasta ahora, los tribunales han fallado a favor de los demandantes en dos de esos casos, dictando órdenes que limitan el acceso del DOGE a los datos de la Administración del Seguro Social y del Departamento del Tesoro. Ambos casos están en curso. Aunque las órdenes restringieron al DOGE la obtención de datos de identificación personal, sigue sin estar claro qué ocurre con los datos que ya se han recopilado.

Pero el problema más profundo es que la Ley de Privacidad carece de verdaderas protecciones. No le dio a los jueces la capacidad de imponer multas significativas ni de detener fácilmente las acciones ilegales. No estableció un brazo ejecutor para investigar las violaciones de la privacidad de formas que los tribunales no pueden investigarlas. Y desde entonces, el Congreso no ha sido capaz de aprobar nuevas leyes de privacidad exhaustivas ni de crear mecanismos de aplicación más fuertes.

Esto convierte a Estados Unidos en el único país de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que carece de una agencia de protección de datos que haga cumplir las leyes generales sobre privacidad. En la Unión Europea, cada país tiene una autoridad de protección de datos específica que puede realizar investigaciones, redactar normas, imponer multas e incluso exigir la suspensión del procesamiento de datos.

Sin un policía de la privacidad que vigile, los estadounidenses pueden presentar una solicitud a la Ley de Privacidad para intentar averiguar qué datos tiene el DOGE sobre ellos, o esperar que los jueces se pongan de su parte en una de las decenas de demandas que se abren camino en los tribunales. Aun así, el DOGE sigue yendo de organismo en organismo acaparando datos.

Por poner solo dos ejemplos recientes: el mes pasado, el DOGE se abrió paso a su antojo en los registros de nóminas federales de unos 276.000 trabajadores federales, poniendo en licencia administrativa a los funcionarios que se opusieron; y este mes, otro denunciante de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo presentó evidencias que demostraban que, tras la llegada de los trabajadores del DOGE, se produjo un aumento de los datos desviados desde la agencia.

“En ningún otro país, una persona como Elon Musk podría hurgar en las bases de datos gubernamentales y recopilar datos personales de empleados públicos, contribuyentes y veteranos”, dijo Marc Rotenberg, abogado especializado desde hace tiempo en privacidad y fundador del Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital, un grupo de investigación sin fines de lucro. “Hay muchas leyes estadounidenses sobre privacidad. Pero estas solo son eficaces cuando las aplican agencias dedicadas a la privacidad”.

Necesitamos modernizar urgentemente nuestro enfoque de la privacidad creando una agencia federal de protección de datos con sólidos poderes de investigación.

Pero antes de eso, aún estamos a tiempo de detener la creación de la base de datos de la ruina. El Congreso podría desfinanciar la DOGE, o derogar la orden ejecutiva de Trump que la establece, o apoyar la legislación que los senadores demócratas Ed Markey y Ron Wyden han presentado para actualizar la Ley de Privacidad a fin de proporcionar multas y sanciones penales más significativas.

Esto debería ser una cuestión bipartidista. Porque una vez creada una base de datos de la ruina, ninguno de nosotros está a salvo de que nuestra información —por inocua que sea— se utilice contra nosotros.

Fuente: NYT

Luis López tiene 82 años y lleva tres meses en prisión solo por portar un panfleto y la Constitución

Luis López, un adulto mayor de 82 años, salió de su casa el 21 de enero con un pequeño panfleto que contenía los resultados electorales de su centro de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio. También, llevaba consigo un ejemplar de la Constitución. Llegó hasta el peaje de Tapa Tapa en Maracay, estado Aragua, donde, sin ningún tipo de explicación, funcionarios policiales se lo llevaron detenido.

Tras llegar al lugar con el panfleto, un funcionario policial lo detuvo en el sitio y fue entregado al centro de resguardo de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) en la Urbanización Caña de Azúcar. Allí lo tuvieron varios días hasta que lo presentaron de forma telemática ante los tribunales. Le dictaron privativa de libertad el 27 de enero, día en que se le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo.

Después de 12 días, el adulto mayor fue trasladado al centro de resguardo de La Morita. Según declaró una de sus hijas, allí estuvo detenido unos 26 días, hasta que lo trasladaron a Caracas sin ninguna notificación previa a sus familiares.

“Antes de trasladarlo pasaron por el Senamecf, que eso ha sido una piedra de tranca con esos benditos exámenes, porque el juez cuando le dio la privativa de libertad le mandó a hacer exámenes psiquiátricos y todos se los hicimos. Los exámenes nunca llegaron a Caracas”, denunció una de las hijas de López en entrevista exclusiva con Runrun.es.

Los familiares del señor López llegaron a la ciudad capital desorientados, pues cuando les informaron que lo trasladaron a la capital, solo les dijeron que estaba en Boleita, una zona que desconocen. Recorrieron todo el sector hasta que llegaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7. Una vez en el punto, les mostraron una foto del señor López para confirmar que estaba allí recluido.

“Cuando lo veo, mi papá venía llorando y temblando y me decía ‘no me vayan a dejar aquí’’. ¿Te imaginas el dolor inmenso que sintió mi corazón en ese momento, y yo haciéndome la que tenía mucha fuerza para que no se sintiera mal?”, contó la hija del señor López.

Condiciones precarias de reclusión

López fue recluido inicialmente en una celda con unas 60 personas en la Zona 7 de Boleíta. Su hija relató que allí no había siquiera espacio para la colchoneta que él utilizaba. “Dormía con la cabeza casi metida debajo de un televisor porque no había espacio”, dijo su hija.

López empezó a presentar problemas respiratorios, calambres y dolores en el pecho. A pesar de que siempre ha sido una persona sana, desde su reclusión, su salud se ha deteriorado.

“Como mi papá es un sobreviviente de COVID-19 estaba trancado, lo tuvieron que nebulizar. Tuve que conseguir un equipo prestado para llevárselo y que se nebulizara allá”, contó su hija.

A raíz de esos problemas de salud, López fue trasladado a otra celda donde solo había tres personas. La orden la dio el director del centro de reclusión, a quien ella agradece esta acción. “Hasta el sol de hoy está ahí metido con ellos, y como él es el más viejito de todo el penal, no nos podemos quejar porque dentro de todo lo han tratado bien”, contó la hija.

Sin embargo, sigue teniendo otros problemas de salud como artritis, incontinencia urinaria, dolores en el pecho y pérdida de la memoria. 

“Me dice que tiene un dolor en el pecho permanente que no se le quita, en los pulmones, y debido a su mala circulación, que le quedó por el COVID-19, le dan muchos calambres. En estos días fui a visitarlo y de repente me asustó. Yo pensé que tenía un dolor en el pecho y se puso como un tomate rojo y era un calambre, pero que no lo dejaba ni hablar. Primera vez que veía a mi papá así”, relató su hija.

Una boleta de excarcelación que no se cumple

Como en la mayoría de estas detenciones arbitrarias, al señor López no se le permitió acceder a una defensa privada y se le asignó un defensor público. Inicialmente, le asignaron el caso a un defensor público de apellido Marcano quien, por problemas familiares, estuvo casi dos meses de permiso. Posteriormente, le asignaron otro, quien admite no entender por qué el adulto mayor sigue preso.

El 28 de febrero, recibieron una llamada en donde les notificaron que se otorgó una medida de excarcelación, pero su liberación aún no se ha ejecutado. Ese día la familia llegó a los tribunales, pero les indicaron que para poder excarcelar al señor López necesitan un correo institucional en el que envíen los resultados de los exámenes hechos en el Senamecf meses antes.

La familia de López se sintió engañada. Cuando iban de camino a Caracas, en la camioneta de uno de sus hijos lloraron y se arrodillaron dando gracias a Dios. Pero el señor Luis López no fue excarcelado. “Fue una burla. Yo siento que los de los tribunales se han burlado de nosotros como les ha dado la gana”, condenó su hija.

Más adelante, el pasado 8 de abril, López tenía que acudir al tribunal, pero debido al ahorro energético decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, esa audiencia no se pudo celebrar. La próxima está programada para el 6 de mayo. La familia está a la espera de una resolución del caso ese día.

“A mi papá le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo. Yo le digo, ¿Terrorismo por qué? ¿Porque iba armado con la Constitución de Venezuela? Esa era la única arma que llevaba mi papá y el panfleto”, señaló su hija, quien condenó la mala atención que reciben en los tribunales. “Nosotros somos unos fastidiosos para ellos y no entiendo por qué. Si somos fastidiosos es porque todavía lo tienen preso ahí”, dijo.

Incluso, un día en el que la esposa del señor López fue a los tribunales la señora le preguntó a la secretaria del juez: “Ay, hija, ¿hasta cuándo me tienen a mi viejito encerrado? ¿Cuándo me lo van a mandar para mi casa?”. La hija de López lamentó la falta de sensibilidad de la secretaria ante el planteamiento de su madre y cuestionó: “La piedra de tranca han sido los tribunales. Ya mi papá no es un preso, mi papá es un secuestrado. Mi papá está secuestrado desde el 28 de febrero”.

Una familia severamente afectada

El señor Luis López tiene siete hijos, de los cuales cuatro ya son de la tercera edad. Él ya es un adulto mayor y se dedicaba a estar en su casa con sus nietos, especialmente con el más pequeño, muy apegado a él, a quien le dice que es “su asistente”.

Por otra parte, tiene más de seis décadas casado y su esposa es quien más afectada ha resultado por la reclusión del señor. La señora tiene 80 años y padece hipertensión, diabetes y problemas coronarios. Ha vivido meses de angustia. La separación forzada ha sido devastadora para ambos.

“Mi mamá ha rezado mucho, ahorita en Semana Santa la llevamos poco a poco a ver al Nazareno. Hace el rosario a las 3 de la tarde todos los días. Eso es un rosario a la misericordia divina, porque nosotros somos católicos”, relató la hija del señor López.

A pesar de que describe a su madre como una mujer sumamente fuerte, lamentó que todos los días llora esperando a que su esposo vuelva a casa. “Yo le digo: ‘Mamá, aférrate a Dios, que Dios tiene un propósito con mi papá, por algo mi papá está allí’”, expresó su hija.

La señora no quería verlo en la cárcel, pero el señor López ansiaba ver a su esposa. En la oportunidad en que la familia la llevó hasta la Zona 7 de la PNB en Boleíta, el ambiente fue sumamente conmovedor. “Cuando se vieron, se abrazaron de una manera en la que todo el mundo lloró y se besaron como si fueran unos noviecitos”, recordó su hija.

“Eso nos partió el corazón, de verdad que sí. Definitivamente, son 62 años viviendo juntos, casados por la iglesia y todo. Hace 63 años juraron amarse hasta que la muerte los separe. Y resulta que viene este gobierno por una estupidez a separarlos. Ya tienen 3 meses separados”, lamentó.

La hija de Luis López describe a su padre como un “hombre demasiado ejemplar y correcto”, quien es muy respetado en su comunidad. Crió a todos sus hijos con valores. “Mi papá fue tan recto en su vida que le decía a mis hermanos que si ellos caían presos, que vieran cómo los sacaban porque él no estaba criando vagos. Nosotros somos siete hermanos y gracias a Dios ninguno agarramos el mal camino”.

Pero esta situación también ha causado estragos económicos en la familia. Han tenido que hacer rifas y recibir aportes de otros familiares para poder visitarlo y llevarle la comida. Tienen planeado ahora hacer una vendimia familiar, para recoger fondos.

El caso del señor Luis López no solo evidencia las fallas estructurales del sistema judicial venezolano, sino también el profundo impacto humano que una detención injusta puede generar en una familia. A sus 82 años, con una salud deteriorada y una boleta de excarcelación ignorada desde hace más de dos meses, este adulto mayor continúa privado de libertad sin justificación legal ni compasión institucional.

“No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada.

En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado”, establece el artículo Nº 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que está siendo ignorado en este caso.

Fuente: RunRun