El rapero español Pablo Hasél ha sido detenido esta semana después de atrincherarse con algunos de sus seguidores en la Universidad de Lleida. Ha sido condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las instituciones del Estado. El caso ha recibido mucha atención mediática y ha merecido comentarios de los políticos. Más de 200 artistas, como Serrat y Javier Bardem, firmaron en apoyo del cantante. Se produjeron protestas en las que se dañó el mobiliario urbano y se asaltaron comercios, comisarías y la redacción de El Periódico de Catalunya.
El caso de Hasél se presta a distintas confusiones. La condena es más por sus tuits que por sus canciones, y la pena de cárcel no se debe a sus palabras. Tiene otras condenas —por resistencia a la autoridad, por allanamiento de un local y por amenazar a un testigo— y fue sentenciado en firme por el mismo delito (su condena fue suspendida). Va a prisión por esos delitos y por los antecedentes y condenas anteriores. No es un caso sencillo de defensa de la libertad de expresión. Cuando hablamos de la libertad de palabra, nos gustaría pensar que defendemos a Miguel Servet, Giordano Bruno o Voltaire. Pero la tarea es menos glamorosa: a menudo se trata de defender que gente profundamente desagradable pueda decir idioteces.
La sentencia contra el cantante es discutible. El lenguaje que emplea Hasél es soez, lanza acusaciones a las fuerzas de seguridad (la más común es de torturas) y critica la monarquía, y su forma de hablar del terrorismo es repugnante. Pero cuando uno defiende la libertad de expresión lo hace al margen del mérito de lo que se expresa.
Un análisis optimista podría apuntar que es una señal de progreso; otro, más desconfiado, nos diría que a fin de cuentas siempre son las ideas impopulares las que tienen problemas para expresarse. Y una visión cautelosa nos recordaría que también nosotros podemos ser desagradables para otros a quienes nuestras ideas les parezcan idioteces. Se trata de un debate resbaladizo pero importante.
En los últimos tiempos ha habido varias sentencias preocupantes, como la condena a la revista Mongolia por vulnerar el honor de una figura pública o la sentencia del Tribunal Constitucional que decía hace unas semanas que la incitación a quemar la bandera no estaba protegida por la libertad de expresión: la corrección política, la defensa de la dignidad o sensibilidad de determinados grupos, la protección de símbolos pueden ser enemigos de la libertad en nuestras democracias.
El profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel ha escrito con acierto que la libertad de expresión exige tolerar un cierto nivel de basura. El mal gusto no es suficiente: “Solo cuando hubiera un insulto evidente a una persona o una amenaza auténticamente coactiva, o cuando se provoque a actos ilícitos generando un peligro cierto e inminente, puede estar justificado limitar jurídicamente la libertad de expresión”.
El debate sobre la libertad de expresión es un debate sobre sus límites: no se acaba nunca e incluso los que defendemos la mayor amplitud posible encontramos matices, contradicciones y expresiones censurables. El caso de Hasél ejemplifica esa complejidad; al mismo tiempo, sus peculiaridades pueden distraernos del asunto central.
Al leer sus tuits no parece que constituyan una amenaza: no superan el nivel de la diarrea mental. Las críticas pueden parecernos desafortunadas en el fondo o en la forma pero, como ocurre con algunos extremistas religiosos, uno casi piensa que esa protección de las instituciones frente a ataques revela una conciencia histérica de su fragilidad. ¿Una frase como “Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo” causa algún perjuicio? El mayor peligro de esa oración está en la coma que separa sujeto y predicado.
Varios magistrados y expertos han señalado el desacuerdo con la sentencia. El voto discrepante de Manuela Fernández Prado cuestiona las conclusiones. Muchas desafían a la lógica: si el castigo del enaltecimiento pretende evitar la incitación a la comisión de actos terroristas, resulta complicado imaginar que sus tuits sobre Isabel Aparicio Sánchez, condenada por pertenecer a la organización terrorista GRAPO y fallecida en prisión, puedan tener ese efecto.
El catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico, impulsor del proyecto LibEx, que contiene información sobre casos de libertad de expresión, ha dicho que la sentencia contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El espacio para proteger el honor de figuras públicas, como el rey emérito, es menor que en el caso de individuos que carecen de esa función. También recordaba Dopico que, aunque la crítica a la actuación policial de Hasél es brutal, la pena de prisión transgrede los estándares que ha establecido el TEDH en cuestiones sobre libertad de expresión y actuación policial.
En ocasiones se culpa a los jueces; se recuerda que ellos no hacen las leyes sino que se limitan a aplicarlas. A menudo la regulación es producto de un contexto —por ejemplo, en el caso del terrorismo de ETA— y acaba utilizándose para otro caso: es extraño que haya más condenas por enaltecimiento del terrorismo ahora que cuando las organizaciones criminales contra las que se diseñó estaban activas.
El partido Unidas Podemos propuso despenalizar las injurias a las instituciones y a la vez aboga por un control público de los medios. El Partido Socialista Obrero Español ha defendido despenalizar algunas acciones, pero hace unos meses anunciaba el propósito de prohibir la apología del franquismo. La Generalitat de Cataluña, que se solidarizó ahora con Hasél, denunció al periodista crítico con el nacionalismo Arcadi Espada por un presunto delito de odio a causa de unas frases sobre personas con discapacidad. Por desgracia, muchas veces parece que estamos a favor de la despenalización de unos delitos y otros no, y que el argumento central es quién los comete: defendemos la libertad de expresión de aquellos que piensan como nosotros o que, por alguna razón, nos resultan más próximos.
Hay motivos para relajar algunas normas que protegen a las instituciones y se deberían modificar las que estaban destinadas a combatir el terrorismo. Eso exigiría reconocer la complejidad y los matices, estudiar el problema en general y no pensar solo en un caso o los ejemplos más controvertidos. Entre las dificultades para hacerlo están la polarización de la política española, una sensibilidad contemporánea que valora la capacidad de indignarse, y el uso partidista y deshonesto de los problemas del país.
Fuente: NYT
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