Las soluciones tecnológicas también brindan la posibilidad de crear plataformas de reporte descentralizado de irregularidades y de canalización de denuncias ciudadanas. Esto debe ser aprovechado para los Estados para reducir los altos costos y la desconfianza de reclamar por vías tradicionales, y así fomentar el rol monitor de la ciudadanía.
“También es esencial invertir en políticas de transparencia, apoyándose de nuevo en las posibilidades que ofrece la tecnología. Los gobiernos que digitalizan y dan acceso a información relevante para el combate a la corrupción, como la referida a procesos de compras y contrataciones públicas, registros de propiedad y de compañías, declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios, entre otras, permiten un mayor escrutinio ciudadano de la acción estatal. Esto puede tener un importante efecto disuasivo sobre la corrupción”, afirmó Gustavo Fajardo, economista principal de CAF, durante la presentación del reporte.
Finalmente, la tecnología permite disminuir algunos espacios de excesiva discrecionalidad. Un caso donde esto ocurre es la realización de trámites ante la administración, cuya simplificación y digitalización ayuda a cerrar desigualdades de poder entre ciudadanos y funcionarios. En este sentido, el RED2019 destaca la importancia de redoblar los esfuerzos de simplificación de trámites que han hecho los países de la región.
En sus palabras de apertura, el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Vicente Zeballos, aseguró que “Uno de los lineamientos del Gobierno del presidente Vizcarra es el de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. Y como parte de ello hemos instituido la Secretaría de Integridad Pública y en cada ministerio ahora tenemos una oficina de Integridad. Como Gobierno hemos asumido compromisos importantes, uno de ellos fue la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, con autonomía e independencia. Queremos un Estado transparente, pues eso genera confianza”, agregó.
El RED 2019 busca aportar a la actual agenda de reformas en favor de la integridad en las políticas públicas. El estudio abarca un amplio espectro de ámbitos de acción, incluyendo el funcionamiento y capacidad disuasoria de las instancias de control y fiscalización estatales; el papel de los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política para seleccionar funcionarios independientes y honestos; el ejercicio del control ciudadano y las iniciativas de transparencia; y el fortalecimiento de procesos y marcos legales para limitar la influencia de intereses privados en las decisiones de política pública.
El reporte plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:
- Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.
- Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
- Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
- Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
- Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
- Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
- Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
- Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
- Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés.
- Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.
Luego de la presentación del reporte se realizó un panel de comentarios en los que participaron Susana Silva Hasembank, secretaria de Integridad Pública de la PCM; Milagros Campos Ramos, docente de la PUCP e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, bajo la moderación de Manuel Malaret, representante CAF en Perú.
Imagen: BID
Fuente: CAF
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