En un sistema democrático, la transparencia de la gestión pública y el acceso a la información están estrechamente vinculados; aunque en Bolivia se ha institucionalizado la “cultura del secretismo” y el acceso “nulo” a datos, lo que hace una administración poco clara, aseguran políticos y periodistas.
Por ejemplo, es constante el reclamo de los opositores y líderes de opinión para que se transparenten los contratos del litio, pero el Gobierno los mantiene en secreto.
Lo propio ocurre con las reservas de gas y otros aspectos de la cadena hidrocarburífera. Al respecto, la Fundación Jubileo estableció que el 75% de la información sobre el sector de los hidrocarburos no se publica en el país, lo que le lleva a afirmar que “no existe transparencia en la gestión del sector energético, principalmente en Hidrocarburos”.
Y, esta semana fueron publicados los resultados de una encuesta internacional 2023, que indican que Bolivia sacó 11 puntos sobre 100 en materia de transparencia del Presupuesto, registrándose una caída respecto a 2023 y ubicando al país en los últimos lugares de región y del mundo. El estudio corresponde al International Budget Partnership (IBP).
Los testimonios de periodistas que buscan acceder a información de cualquier área son también elocuentes, en sentido de que los tienen esperando por semanas e incluso meses sin responder a sus solicitudes. Incluso, hay datos que en Bolivia son pagados, como los de la AJAM, y otros, como los del SICOES, que no son amigables para la ciudadanía en general.
“Lamentablemente se ha institucionalizado la cultura del secretismo en las instituciones públicas en todos los niveles”, afirma la periodista y editora en jefe de Bolivia Verifica de la Fundación para el Periodismo, Patricia Cusicanqui.
Un “secretismo” que no es coherente con la Constitución Política del Estado que en su artículo 21 (numeral 6) dice que los bolivianos y bolivianas tienen el derecho “A acceder a la información”, además de interpretarla, analizarla y comunicarla libremente.
Pese al marco constitucional, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Alanes dice que es muy evidente la “falta de transparencia” en el país, observa que el Estado no contribuye para que la ciudadanía pueda tomar “decisiones informadas” en todos los ámbitos.
En esta misma línea, Cusicanqui afirma que la rendición pública de cuentas o la información que se comparte a través de las plataformas de WhatsApp o las conferencias de prensa están bien, pero “no son suficientes, porque es información selectiva e interesada.
“Los funcionarios públicos no entienden que la información pública le pertenece a la ciudadanía y que es su obligación transparentarla”, sostiene y añade que el objetivo de abrir la información pública no es por una necesidad de los medios de comunicación, sino de la población.
Sin embargo, en las leyes teóricamente está garantizada la transparencia e la gestión pública. La Constitución Política del Estado (CPE) hace hace referencia al tema en los artículos 8, 93, 115, 180, 213, 232 y 235.4; asimismo, en las leyes 004, 341, 031 y 974. Sin embargo, el país no cuenta con una ley de acceso a la información. (https://www.unodc.org/documents/bolivia/Cuaderno_de_Formacion_Continua_2.pdf)
Según la Ley 341 de Participación y Control Social “la transparencia es el manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de información pública desde los Órganos del Estado y las entidades privadas que administran recursos fiscales y recursos naturales, de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable”, “salvo la restringida por norma”, añade la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
La Ley 004 de Lucha contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, en su definición incorpora que la transparencia es la “práctica y manejo visible de los recursos del Estado”. Mientras que la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción refrenda los anteriores conceptos.
Pero la normativa se queda en el papel y en la retórica afirma Zulema Alanes. “Hay un engranaje institucional que, lejos de contribuir a la transparencia, afirma la opacidad del Estado”.
La población tiene derecho de acceder a la información, ese principio permite su participación en la toma de decisiones que afectan su vida, es más, la carta magna prevé la participación y el control social para el escrutinio de los asuntos del Estado.
La corrupción gana terreno
La corrupción está prosperando en el mundo según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 de Transparencia Internacional; resultados que se presentaron en enero de 2024.
El IPC clasifica 180 países y territorios del mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio) (https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/bol)
Bolivia ha obtenido un puntaje de 29 sobre 100, en el rango 133 de 180. Los cambios de puntuación desde 2012 a 2023 muestran el descenso de Bolivia. El más bajo se registró en 2018.
Solo Venezuela y Paraguay son los países de la región que están por debajo de Bolivia, Paraguay con un puntaje de 28 y Venezuela con 13, con el que ocupa el rango 177 de 180 países. Solo Somalia supera su situación.
Transparencia Internacional dice que la tendencia mundial al debilitamiento de los sistemas judiciales, de parte de líderes autoritarios y democráticos, está reduciendo la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, lo que permite que prospere la corrupción y aumente la impunidad.
Alanes comenta que la poca transparencia en la administración pública y la política “errónea” de quienes conducen el Estado en sus diferentes niveles contribuye a la corrupción, pero cree que este ilícito “se descubre debajo de las piedras”, principalmente por investigaciones periodísticas.
Impedir o no facilitar un amplio acceso a la información “Nos lleva a pensar que hay la intencionalidad de ocultar cosas que están pasando, pero no quieren que la población conozca. Pueden tratarse de errores de gestión, pero también pueden ser actos de corrupción”, alerta Cusicanqui.
La falta de transparencia es en todos los niveles gubernativos
La falta de acceso a la información y transparencia no se limita al Órgano Ejecutivo, sino al resto de los órganos estatales, es decir la Asamblea Legislativa Plurinacional, Judicial, Electoral, pero no solo el nivel central, sino también en los gobiernos autónomos.
“En general creo que todos se aplazan”, afirma Cusicanqui al explicar que en ninguno de los niveles del Estado se generan mecanismos adecuados para transparentar la información, unos más que otros, percibe que existen muchas “debilidades” en el manejo transparente de la administración estatal.
En 2009, en el gobierno del entonces presidente Evo Morales incluso se aprobó mediante Decreto Supremo la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, “con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción de actos de corrupción”.
Sin embargo, la presidenta de la ANPB percibe que la falta de transparencia incluso limita a la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional “entonces si a la asamblea se le limita su rol fundamental, imagínate a los periodistas o a los ciudadanos de a pie”, sostiene.
La ALP -desde el año pasado y por decisión de una sala constitucional de La Paz- no puede ejercer su facultad de interpelación a los ministros del gabinete del presidente Luis Arce. Las interpelaciones están previstas en la Constitución y tienen como objetivo fiscalizar los actos del Órgano Ejecutivo.
Alanes cree que no existe una “voluntad abierta” desde el Ministerio de Justicia para avanzar en el acceso a la información y por lo tanto en transparentar el manejo de los asuntos públicos. Cita como ejemplos que YPFB no informe sobre las reservas de gas.
“A nosotros que somos legisladores, nos pasa”, afirma enfática la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame, en relación a la falta de acceso a la información que cree que es “nulo”; por el manejo discrecional de las páginas web oficiales que generalmente están actualizadas.
Cuestiona que se quiera limitar el acceso a la información a las rendiciones públicas de cuentas, cuando eso “no es suficiente”. Los ciudadanos y periodistas pueden requerir datos más específicos “para hacer seguimiento de un gobierno transparente”, comenta.
En la línea de su colega, Leonardo Loza (MAS-evista) señaló que pese a cumplir todos los formalismos y la burocracia, “ni siquiera con eso conseguimos alguna información”, y criticó la conveniencia del Gobierno de dar información según el interés que tiene.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, cree que en una democracia madura el acceso a la información debería estar garantizado para que los datos no sigan «ocultos», atribuye esta característica a los gobiernos denominados “socialistas del Siglo XXI”.
“Es urgente (una ley de acceso a la información), es necesario, es lo más importante que necesita este país, porque hoy por hoy no hay confianza en las instituciones del Estado, no hay confianza de los gobernantes”, declaró Reyes.
“El acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción -una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y social de cada país- ya que permite implementar el control público en la mayoría de los actos del gobierno y promueve una mayor rendición de cuentas, haciendo posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público”, sostiene la OEA en un documento “El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos”: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechaza la versión de las limitaciones en el acceso a la información. “No escondemos ninguna información, siempre respondo sus consultas y le pido que me publique completa. Me gustaría que seamos precisos en el tema. Si necesita alguna información se le puede derivar a la empresa que requiera porque somos un Estado, es información pública y es transparente. Si usted necesita algo se le remite con total transparencia y eso es lo que siempre hemos hecho”, señaló la autoridad (10.05.2024) a propósito del Día del Periodista.
El acceso a la información un imperativo para la transparencia
En la última década se presentaron al menos 12 proyectos de ley sobre acceso a la información, todos fueron rechazados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), comenta Zulema Alanes. Una norma prevé responsabilidades a los servidores públicos que no entregan información.
Recientemente se presentó un proyecto de ley denominado de “Acceso a la información y documentación pública” que organizaciones de la sociedad civil como Fundación Construir, CLADEM Bolivia, Red Unitas, Comunidad de Derechos Humanos y Cedib; además de gremios como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y Asbora, trabajaron desde 2023.
El proyecto fue presentado a la Cámara de Senadores a través de la senadora Silvia Salame, que acompañó el proceso de diseño. Espera que la comisión a la que llegue el documento abra un proceso de discusión y socialización.
“Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión, pero también el acceso a la información. Los ciudadanos no pueden acceder a sus derechos si no conocen el accionar del Estado, todos los documentos deben ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía y periodistas”, sostiene.
La propuesta prevé solo algunas restricciones vinculadas a la seguridad del Estado o la salud pública y orden público. “Para que haya una cultura de transparencia y una máxima divulgación, como se dice de transparencia activa, son dos principios de la doctrina de acceso a la información”, añade su asesor Marco Loayza.
Recuerda que durante la gestión de la exministra de Transparencia, Nardi Suxo, en un proyecto de ley se colocaron al menos 40 restricciones “todo era seguridad del Estado”. Eso está prohibido en la ley modelo de la ley interamericana 2.0 y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respetando todo eso, las restricciones primero deben ser mediante ley, no puede ser mediante decreto”, explicó.
El proyecto prevé un procedimiento para el acceso a información y también los pasos ante la negativa de los servidores públicos. Tras cumplir la ruta crítica de solicitud, si pese a un informe de la Defensoría del Pueblo, que hace de garante del cumplimiento, se abre la vía penal de denuncia.
Alanes precisa que los funcionarios pueden ser pasibles a sanciones en caso de negarse a facilitar la información, “los servidores públicos deben saber que el ocultamiento de información será sancionado, eso plantea el proyecto de ley, y así ocurre en todos los países donde tienen una norma”.
Fuente: Sumando Voces
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