Ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron sin orden judicial a la casa de una dirigente social en el barrio La Antena de Barquisimeto, el 19 de agosto, para intentar llevársela a un interrogatorio. Ella fue coordinadora de un centro de votación el 28 de julio, en un sector popular de la ciudad ubicada al occidente de Venezuela.
La dirigente social prende la cámara de su teléfono para grabar a los funcionarios que están afuera de su casa, solo separados por una reja.
Una agente con uniforme de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le dice que ella aparece en unos videos de “personas que difamaron o incitaron al odio para salir a la calle a hacer manifestaciones o ‘guarimbas’”.
—Los videos y las pruebas las tenemos en la sede (…) Necesitábamos que nos acompañaras por las buenas. No necesitábamos llegar a estos términos [de grabar el procedimiento]. Primero, yo me imagino que tú no eres ni delincuente ni tienes nada que ver, explica la policía.
—Estoy hablando con el abogado. Me dice que en el momento, mientras ustedes no tengan orden, yo no los puedo acompañar, responde la dirigente social.
La represión postelectoral en Venezuela se ha transmitido en vivo en redes sociales como Instagram y TikTok. También acapara la atención en grupos y chats de WhatsApp. Un mes después de la elección presidencial –cuyos resultados han sido cuestionados por el Centro Carter, el grupo de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional– van 1.674 presos políticos en el país, de acuerdo con Foro Penal.
Activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y ciudadanos comunes usan las cámaras de sus teléfonos para dejar un registro de la persecución ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro después de los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó su victoria, frente al candidato opositor Edmundo González, sin presentar los resultados mesa por mesa.
Operación Tun Tun es considerada una práctica de terrorismo de Estado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó la persecución judicial, el hostigamiento, la criminalización de las protestas y las detenciones y desapariciones forzadas en el contexto de la elección presidencial.
Los videos demuestran un patrón en las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado que arremeten contra manifestantes, miembros de mesa, testigos de oposición, periodistas y dirigentes políticos y sociales entre el 31 de julio y 19 de agosto. El Pitazo monitoreó seis procedimientos de organismos policiales y de inteligencia en Caracas y cuatro estados: Lara, Miranda, Portuguesa y Táchira.
En todos estos casos, los funcionarios no tenían orden judicial de allanamiento o detención. En cinco de los casos, los rostros de los agentes estaban ocultos y sus credenciales o identidades no eran visibles. En cuatro casos, las víctimas o sus acompañantes recibieron amenazas por grabar a los funcionarios mientras eran acusadas de los delitos instigación al odio, ultraje o terrorismo por una denuncia anónima o una fotografía.
En tres de los seis procedimientos analizados, todos dirigidos por la PNB o sus divisiones, los funcionarios trataron de obligar a las personas a salir de sus casas para ir a comandos a rendir declaraciones. Dos de las víctimas –el defensor de derechos humanos Koddy Campos y la dirigente social de Barquisimeto– se negaron a irse con los funcionarios si no presentaban orden judicial y no resultaron detenidas, aunque después de esta persecución debieron abandonar sus hogares y ponerse a resguardo por temor a ser encarcelados posteriormente.
Un manifestante de Cúa, Miranda, fue sacado de su hogar delante de sus familiares y los policías se lo llevaron a la sede de la PNB en el ferrocarril Charallave Sur. La comisión nunca presentó una orden judicial con el argumento de que la tenían en la patrulla y se limitaron a mostrarle una captura de pantalla del hombre participando en una protesta para acusarlo de instigación al odio.
Víctimas graban la persecución
En dos de los procedimientos, ejecutados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las víctimas fueron detenidas arbitrariamente sin recibir la orden de captura ni información sobre los procesos en su contra. En La Candelaria, Caracas, una tiktoker transmitió en vivo la detención de una mujer por parte de la Dgcim el 31 de julio. En una grabación de menos de dos minutos, se oyen los gritos de los vecinos pidiendo que no se la llevaran.
El 6 de agosto, la jefa del comando de campaña Con Vzla en Portuguesa, María Oropeza, mostró en directo desde su cuenta Instagram cuando la Dgcim irrumpió en su casa y se la llevó presa sin orden de un juez. Más de 8.000 personas vieron el video en vivo.
El activista por los derechos de la población LGBTIQ+, Koddy Campos, también mostró en directo el atropello policial en su contra. El viernes 9 de agosto en la noche empezó a transmitir en Instagram la arremetida de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB en su casa, en Petare.
El periodista Vladimir Villegas se unió a la sesión mientras Koddy se defendía desde la ventana de su hogar y exigía que le presentaran una orden judicial para salir. En el video advirtió que los agentes fueron enviados por colectivos del oficialismo, que arremetieron en su contra debido a que trabajó para la campaña de Edmundo González.
Cerca de 9.000 personas siguieron durante más de una hora este episodio. Koddy apagó su cámara tras informar que debía abandonar su casa y buscar un lugar seguro porque temía por su vida.
Su respuesta a la PNB fue descrita por los ciudadanos que siguieron la transmisión como una cátedra de derechos humanos. En medio de las tensiones, Koddy les dijo a los funcionarios que el hogar es un recinto inviolable y reiteró que no abriría la puerta sin antes recibir una orden firmada por un juez.
“Los vecinos me avisaron que mandaron a llamar a los colectivos. Mantente pendiente por si acaso me pasa algo”, le pidió Koddy a Villegas al despedirse.
Una abogada que trabajó en la formación de testigos de mesa de la oposición en Táchira, estado fronterizo, salió de su casa mucho antes de la elección después de que un conocido la alertó de que funcionarios podían irrumpir en su vivienda. Su caso no fue transmitido en vivo en ninguna plataforma debido a que ya ella se encontraba a resguardo porque también temía por su vida.
Alertó a conocidos sobre lo que sucedía en su casa y los vecinos de las zonas aledañas llegaron luego de enterarse por medios de comunicación que había una comisión de funcionarios en el sitio.
«Publicar en redes fue lo que me salvó, esa casa está vacía hace meses y todos lo saben», contó la abogada a El Pitazo.
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su vivienda y sus vecinos les exigieron a los policías garantizar la presencia de testigos, tal como se establece en las leyes venezolanas.
“Me iban a sembrar evidencias falsas, estoy segura. Allí no había nada qué buscar porque no vivo en ese sitio”, aseguró la dirigente política. Los testigos del allanamiento no vieron ninguna orden judicial que avalara el procedimiento.
Funcionarios violan normas
Las grabaciones recientes demuestran que los funcionarios de seguridad entraron o trataron de ingresar a viviendas con el uso de la fuerza y la intimidación, aunque la Constitución de Venezuela establece que el hogar es un recinto inviolable y los allanamientos solo están permitidos por decisión de un tribunal o para impedir que se cometa un delito en flagrancia, explica el abogado Zair Mundaray.
“En estos casos, ese ingreso no solo violenta la Constitución y los pactos internacionales sino que es un delito que está en el Código Penal (…) Estos son actos arbitrarios. El único que puede solicitar el allanamiento es el Ministerio Público o un organismo policial con conocimiento del Ministerio Público. En los países donde hay Estado de derecho, acordar una orden requiere mucho análisis por parte del juez y del fiscal. En Venezuela eso ya no existe”, alerta el exfiscal.
Mundaray también indica que los procedimientos grabados y publicados en redes sociales dejan en evidencia el incumplimiento de las reglas de actuación policial que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y otras normas vigentes en el país, que prohíben que un funcionario esté encapuchado y ordena que se identifique al momento de cualquier actuación.
“Esto es lo primero que violentan porque saben que están cometiendo un delito. Algunos de los que dirigen esas comisiones son funcionarios de mediano rango, como supervisores, que ponen a subordinados a firmar las actas policiales para que sean identificados solo ellos, que quedan claramente en la comisión del delito”, explica el abogado.
Los videos de la represión postelectoral en Venezuela son una variación de un mecanismo de defensa y protección ciudadana que se extendió en los últimos tres años, para denunciar los abusos policiales en puntos de control o alcabalas e incluso las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES y otros cuerpos policiales.
Fuente: elpitazo.net
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