Manifiesto a la opinión pública boliviana

Las instituciones firmantes, preocupadas por las características, condiciones e implicaciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales de los contratos suscritos por YLB con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, cumplimos con el deber patriótico de hacer públicas nuestras principales observaciones y objeciones a dichos contratos:

1. Los contratos y sus anexos presentados a la ALP son incompletos, confusos e incongruentes. Su presentación dificulta una comprensión adecuada y su aprobación «en combo» genera incertidumbre sobre su transparencia.

2. A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de EDL que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del Salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio.

3. Contrariando el objetivo de lograr acuerdos con socios estratégicos que aporten las inversiones de riesgo para el desarrollo productivo del litio y otros recursos evaporíticos, los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.

4. Existe una incongruencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, sin que se ofrezca una explicación clara.

5. Las proyecciones financieras de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales (por debajo de 10.000 dólares por tonelada) ni a las previsiones razonables a futuro. Esto genera serias dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano.

6. Los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros. El indicador de «costo de producción vs. precio de venta» es excesivamente alto en comparación con estándares internacionales y regionales.

7. Las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.

8. Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar.

9. Los contratos y sus anexos no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Ñor Lípez.

10. El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual.

11. Las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos, pero en ambos casos resultan desfavorables para el país.

12. Los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros, los cuales tienen un valor considerable en el mercado.

13. Los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.

En conclusión, una vez más, constatamos que la improvisación y falta de experiencia de parte YLB en la negociación de los contratos de recursos naturales y la camisa de fuerza de las normas podrían llevamos a una nueva frustración, por la duración de los contratos (más de 30 años), similar a lo sucedido con otros proyectos fallidos en los últimos 19 años.

Por todo lo expuesto, consideramos que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar un análisis exhaustivo de cada cláusula de los contratos y, con la gran responsabilidad que le corresponde, no debe aprobar los contratos hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales.

La Paz, febrero 2025.

Fuente: Fundacion Milenio

The Beatles revivió gracias a la IA y los Grammy: cómo se hizo la canción Now and Then

The Beatles ganó la categoría de Mejor Interpretación de Rock en los Premios Grammy 2025 con ‘Now and Then’, una canción restaurada con inteligencia artificial. En la misma categoría competían Green Day, Pearl Jam, The Black Keys, Idles y St. Vincent.

La canción se originó a partir de una demo que John Lennon grabó a finales de los años 70. Posteriormente, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en ella a mediados de los 90 con la intención de incluirla en el proyecto The Beatles Anthology.

Sin embargo, ‘Now and Then’ no se publicó en ese momento debido a limitaciones técnicas que impedían separar la voz y el piano de Lennon de la grabación original, que tenía baja fidelidad.

McCartney y Starr lograron completar la canción en 2021 con la ayuda del cineasta Peter Jackson y su equipo de sonido, quienes desarrollaron una tecnología de aprendizaje automático capaz de aislar y limpiar distintos componentes de la grabación de Lennon.

A diferencia de la inteligencia artificial generativa, que puede crear música imitando el estilo y la voz de un artista, esta tecnología se utilizó exclusivamente para mejorar la calidad de la grabación original. La confusión en torno a la terminología de la IA generó algunas reacciones negativas en redes sociales cuando se lanzó la canción.

“Para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos participamos en ello”, afirmó McCartney en 2023 en X (antes Twitter), en respuesta a las especulaciones sobre el papel de la IA en el proceso. “Hemos limpiado algunas grabaciones existentes, un proceso que lleva años en marcha”.

Durante la ceremonia de los Grammys 2025, Sean Lennon, único hijo de Yoko Ono y John Lennon, aceptó el premio en nombre de la banda.

En su discurso, expresó: “Realmente no esperaba estar aquí aceptando este premio en nombre de la banda de mi padre, The Beatles, pero es algo increíble si lo piensas. Los Beatles han hecho tanto trabajo increíble, siguen siendo parte de la cultura y la gente sigue escuchando su música. En lo que a mí respecta, son la mejor banda de todos los tiempos”.

El discurso de aceptación de Sean Lennon fue publicado por la página oficial de los Grammys en YouTube. Muchos usuarios reaccionaron de forma positiva frente a este nuevo premio de Los Beatles.

“¡Sean! ¡Qué discurso de aceptación tan improvisado y maravilloso! ¡Buen trabajo! Estoy de acuerdo y les pongo a mis hijos canciones de The Beatles cada vez que tengo la oportunidad. ¡Estoy tan feliz de que The Beatles hayan ganado!”, escribió una persona.

“Esto demuestra que, sin importar quién sea la banda o el grupo más importante de la cultura pop en cualquier momento, los Beatles siempre estarán por encima del resto. Es alucinante pensar que en 2025, todavía son tan relevantes e influyentes en la música y la cultura pop. Son la banda más importante de todos los tiempos”, comentó otra persona.

En la sección de comentarios del discurso no se mencionó el uso de inteligencia artificial en la restauración de la canción, sino que se centró en la relevancia de The Beatles en la historia de la música reciente.

Cuáles son las reglas de los Premios Grammy sobre el uso de IA

Las reglas de los Premios Grammy establecen que el galardón reconoce la excelencia creativa y solo los creadores humanos pueden ser considerados, nominados o recibir un premio.

Las obras sin autoría humana no son elegibles en ninguna categoría. No obstante, aquellas que incluyan elementos generados por inteligencia artificial pueden ser consideradas en ciertas categorías, siempre que cumplan con requisitos específicos.

Para ser elegible, la contribución humana debe ser significativa y no meramente testimonial. Además, la participación del creador humano debe ser relevante para la categoría en la que se inscriba la obra. Por ejemplo, en una categoría de composición, debe existir una aportación sustancial en la música o la letra; en una categoría de interpretación, la ejecución humana debe ser evidente.

Asimismo, quienes hayan generado material mediante IA no podrán ser nominados ni ganar un premio por la parte de la obra que incluya dicho contenido.

Fuente: Infobae

Advierten una alta sospecha que la tortura sigue siendo utilizada por la policía como técnica de investigación

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de la Defensoría del Pueblo, advirtió este viernes que existe una “alta sospecha” que los métodos de violencia como la tortura continúa siendo utilizado por la Policía como una “técnica de investigación”.

La postura surge tras el reciente caso del Juan L.M. quien fue detenido injustamente en la cárcel de San Pedro como si fuese el principal sospechoso de la desaparición de su pareja, Reyna H., quien al final apareció en un alojamiento de la sede de gobierno junto a sus dos hijos.

Mientras se encontraba detenido, el joven denunció que fue víctima de golpes y torturas de parte de efectivos del orden en una sala de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con el fin de obligarle a confesar sobre el paradero de su pareja.

“Diríamos que hay una alta sospecha de que estos métodos violentos siguen siendo utilizado como técnicas de investigación, malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes e inclusive tortura siguen siendo aplicados por la Policía boliviana”, afirmó el coordinador del MNPT, Juan Ledezma, en entrevista con ERBOL.

El caso de Juan L.M. generó indignación y una serie de críticas hacia la Policía después de conocerse la violencia ejercida en su contra a quien incluso lo comparaban con el caso de Odalys, una joven que desapareció y cuyo novio fue detenido e imputado por los delitos de trata de personas y feminicidio.

Entre el período 2019 a 2022 las denuncias por tortura que implican a miembros de la institución del orden superaron los 1.400, sin embargo, solo 19 llegaron a ser sancionados, de acuerdo con representante de la Defensoría del Pueblo, con base de datos de la Policía.

Ledezma reconoció lo compleja que puede llegar a ser una investigación por torturas, más aún dentro de la Policía, no obstante, consideró que en Bolivia debe regir el Estado de derecho donde se encuentran vigentes tratados internacionales que velan por los derechos humanos y la presunción de inocencia. 

Imagen: ITEI

Fuente: Erbol

México: No necesitamos revivir a los institutos de transparencia

Era una tarde extrañamente calurosa de enero en Guadalajara cuando el diputado César Madrigal, con visible entusiasmo, anunció su propuesta: traer de vuelta el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco (ITEI), extinguido tras la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea sonaba como un acto de heroísmo político, un intento de devolverle al estado una herramienta clave para la rendición de cuentas. Sin embargo, detrás del discurso apasionado se esconde un problema mucho más profundo: revivir al ITEI no solo es inconstitucional, sino un acto de terquedad que ignora las lecciones del pasado.

La historia de los institutos de transparencia en México es, como mínimo, complicada. Nacidos en 2002 con la promesa de transformar el acceso a la información pública, estas instituciones partieron de un diseño institucional que mezclaba elementos contradictorios: la Ley por la Libertad de Información (FOIA) estadounidense y la estructura del IFE mexicano. Esta combinación resultó en organismos absolutos que, aunque menos malos que los sistemas autoritarios previos, nunca fueron realmente buenos.

Para entender por qué es un error intentar resucitar estos institutos, primero debemos enfrentarnos a su legado de ineptitud. Durante más de dos décadas, los institutos de transparencia fueron incapaces de lograr dos de sus funciones principales:

• Garantizar que toda la información pública estuviera disponible de manera automática, sin necesidad de solicitudes individuales.
• Proteger los datos personales, como lo demuestran los persistentes problemas de robo de identidad, fraudes bancarios y tráfico ilegal de información.

Estos fracasos no son casualidades ni accidentes de implementación; son síntomas de un diseño defectuoso. Centralizar el acceso a la información y la protección de datos en un solo organismo no solo diluyó su eficacia, sino que creó un monstruo administrativo autoritario y arrogante, incapaz de cumplir con sus atribuciones.

Ahora, el panorama es aún más sombrío. La reforma constitucional promovida por Morena no solo eliminó los institutos de transparencia, sino que prohibió que los estados los reestablecieran. Aunque esto pueda parecer una barrera insalvable, en realidad es una oportunidad: una invitación a pensar más allá de los paradigmas obsoletos y las ocurrencias.

Un cambio de paradigma: documentación, no información

La solución no está en resucitar un modelo fallido, sino en construir algo mejor. Es hora de dejar de hablar de “acceso a la información pública” y empezar a hablar de “rendición de cuentas, competitividad e integridad gubernamental”. Este cambio no es solo semántico; implica una transformación profunda en cómo concebimos y gestionamos la gobernanza.

El nuevo modelo debería basarse en cuatro pilares:

• Un Instituto de Estadística: Encargado de recibir, sistematizar y digitalizar toda la documentación generada por las entidades públicas. La experiencia de países como Suecia, que ha digitalizado 200 años de información pública, demuestra que esto no solo es posible, sino esencial para un sistema funcional.
• Una Agencia de Protección de Datos Personales: Separada del organismo de transparencia, siguiendo el ejemplo exitoso de España, para garantizar una gestión especializada y efectiva de los datos.
• Una Agencia de Integridad Gubernamental: Supervisora de que la documentación entregada al Instituto de Estadística sea completa, clara y puntual. Este organismo sería el guardián de la rendición de cuentas en tiempo real.
• Un Tribunal Especializado: Con procedimientos claros y ágiles para resolver controversias en esta materia, respetando el estado de derecho y la división de poderes.

Este enfoque, además de cumplir con la prohibición constitucional de crear nuevos institutos de transparencia, tiene el potencial de superar las deficiencias estructurales del modelo anterior. Más importante aún, distribuye responsabilidades de manera que cada organismo pueda enfocarse en su función específica, sin diluirse en competencias que no puede manejar.

Hacer las cosas bien

El intento de resucitar a los institutos de transparencia no solo es anacrónico; es un acto de ceguera institucional. Como dijo alguna vez José Alfredo Jiménez, “nada te han enseñado los años, siempre caes en los mismos errores”. Resucitar al Frankenstein institucional que fue el ITEI equivale a perpetuar los mismos problemas que lo llevaron al fracaso.

En cambio, tenemos la oportunidad de construir un sistema que no solo sobreviva a los vaivenes políticos, sino que sirva realmente a los ciudadanos. Los gobiernos opacos no son buenos amigos de la inversión, la innovación ni el desarrollo. Los gobiernos íntegros y confiables no son un lujo; son una necesidad para cualquier sociedad que aspire a prosperar.

El verdadero reto no está en volver al pasado, sino en aprender de él para crear algo mejor. Dejemos descansar al viejo instituto de transparencia y aprovechemos esta coyuntura para transformar la rendición de cuentas en México. Porque si algo es seguro, es que no necesitamos otro cadáver institucional; necesitamos un sistema vivo, fuerte y funcional.

Y esta vez, hagámoslo bien.

Fuente: Letras Libres

Urgen a aplicar conteo rápido para garantizar transparencia electoral

A medida que se aproxima la fecha para las elecciones generales, una de las mayores interrogantes es si el 17 de agosto se contará con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicita el respaldo de una ley y presupuesto para aplicarlo, los analistas consideran que es la única garantía para desarrollar unos comicios idóneos y transparentes.

En días pasados, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó a los medios que la Sala Plena asumió el compromiso de reponer el sistema de TREP para las próximas elecciones generales de agosto.

Señaló, además, que el TSE analiza dos propuestas para implementarlo. La primera se refiere a que sea desarrollado directamente por el Órgano Electoral, y la segunda contempla la posibilidad de externalizar este sistema a través de la contratación de una empresa nacional o internacional.

Consultado por Los Tiempos, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, dijo que durante la jornada electoral existen dos fórmulas para proporcionar los resultados; en boca de urna y el conteo rápido. “Esta última consiste en recoger los resultados de las actas que lo puede hacer cualquier empresa, debidamente registrada y autorizada, que tiene la responsabilidad de entregar resultados preliminares hasta las 21:00.

Sin embargo, y ante este vacío, debe existir una ley para que el Órgano Electoral presente resultados preliminares. “En este aspecto no podemos ser juez y parte”, indicó. 

Tahuichi informó que todos estos temas serán tratados en la reunión concertada para el 17 de febrero con las organizaciones políticas, donde se informará sobre las necesidades del TSE y el presupuesto que se solicitará. “Es importante señalar que la aplicación del TREP no tiene carácter obligatorio”, advirtió.

Presupuesto

El vocal Tahuichi Quispe indicó que el presupuesto para las elecciones generales, sin contar la aplicación de TREP, es de 319 millones de bolivianos. Y para la aplicación del sistema se requiere un presupuesto de hasta 10 millones de dólares.

“Si se diera el caso de contratar una empresa nacional o internacional, que ofrezca sus servicios, tendrá que ofrecer un taller para capacitar y exponer sus beneficios y metodologías de trabajo”, concluyó.

Para el abogado y analista político, Daniel Valverde, hay urgencias que no pueden ser postergadas, y una de ellas tiene que ver con la TREP. No tener este sistema genera incertidumbre, desconfianza y puede afectar al mismo Órgano Electoral, asegura.

“Por lo tanto, creo que deber ser una de las prioridades que debe tomar en cuenta el Órgano Electoral, a efecto de que tengamos el día de la votación, al final de jornada, resultados preliminares. Como sucede en todos los países vecinos”, afirmó.

Por su parte, el analista político, Paúl Coca, considera que si se contrata a una empresa internacional, es preciso asegurar que el TSE cuente con el presupuesto económico correspondiente.

“La idea tampoco es contratar a empresas cuestionadas, que han llevado procesos eleccionarios en otros países, donde no hay una democracia real. Donde la gente vota y los resultados ya están previamente arreglados. Lo que se quiere es tener una absoluta transparencia y que no existan más susceptibilidades en torno a los comicios de 2025”, finalizó el analista Coca.

Elecciones 2019

La interrupción de la TREP el 20 de octubre de 2019, fue un “error imperdonable”, declaró en su momento, Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia que realizó el grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite. El experto dijo que estas irregularidades no se pueden presentar en un proceso electoral.

Fuente: Los Tiempos

Bolivia avanza en la inclusión financiera, pero aún falta superar algunas barreras

Bolivia avanzó en la inclusión financiera, de acuerdo a la última edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), elaborado por Credicorp en colaboración con Ipsos Perú, un estudio, que analiza la accesibilidad, uso y percepción de la calidad de los servicios financieros en ocho países de Latinoamérica; aunque también muestra que aún existen algunas barreras que superar.

El estudio, que empezó a levantar datos desde el 2021, señala que este 2024 Bolivia dejó el último puesto que ocupó en las tres anteriores ediciones y se posicionó por encima de México (42,6) en el ranking de inclusión financiera, con una puntuación de 43,7, sobre 100.

El informe reconoce que, si bien existe una tendencia positiva en el nivel de inclusión financiera, se mantiene en un rango ‘medio bajo’, ya que la región aún se encuentra por debajo de los 50 puntos con 47.6.

También explica que, en el caso particular de Bolivia, este progreso se debe “principalmente a sus avances en la dimensión de calidad percibida, la cual no había reportado mayores incrementos en ediciones pasadas”.

En esta dimensión, Bolivia mostró el mayor progreso de la región, ya que escaló tres posiciones en el ranking, con una puntuación de 60,8 y pasó por encima de Chile (59,6), Perú (59,4), México (56,8) y Argentina (54.4).

Si bien Bolivia registra que el 40% tiene confianza en el sistema financiero, indica que sólo un 28% en seguridad percibida, que mide la “percepción de seguridad que tienen los ciudadanos al guardar su dinero en una entidad financiera, realizar transferencias de dinero o utilizar algún producto financiero digital”.

A pesar de este progreso en calidad percibida, Bolivia continúa presentando el puntaje más bajo en cuanto al uso del sistema financiero, que evalúa transacciones básicas, con información sobre el uso de medios bancarizados para hacer pagos y transferencias; medios de recepción de ingresos y los medios de ahorro.

En esta dimensión Bolivia está en el fondo del ranking con 24.0, pese a que tuvo un incremento significativo en relación a los últimos dos años, ya que en 2022 registró 19.9 y en 2023 tuvo 20,5.

“Si bien la frecuencia de uso mensual de productos financieros ha aumentado en comparación con la medición anterior, esta se mantiene muy por debajo del promedio regional y no se registran avances en los demás indicadores de uso”, dice el informe sobre Bolivia.

El estudio muestra, por ejemplo, que sólo el 29% usa medios formales para realizar transferencias, el 7% recibe sus ingresos en cuenta de terceros, el 31% en cuenta propia y el 41% no tiene ingresos; además que sólo el 22% ahorra dentro del sistema financiero, el 16% lo hace fuera y el 63% no ahorra.

Bolivia enfrenta varios desafíos en la dimensión de uso, ya que el efectivo continúa siendo dominante, con un 100% de la población utilizándolo como principal método de pago, el promedio mensual de uso de productos financieros mejoró, pasando de 2,5 veces al mes en 2023 a 4,5 en 2024. Sin embargo, el país todavía está por debajo del promedio regional de 8,4 veces al mes.

Sin embargo, existe un avance en el uso de las billeteras móviles. En 2024, el 45% de los bolivianos utiliza regularmente este tipo de herramienta, un incremento notable comparado con el 20% registrado en 2023. El estudio señala que el 38% de los bolivianos tiene una tarjeta de débito, el 34% billetera digital y el 30% una cuenta de ahorro.

Este avance ha sido impulsado por la entrada de billeteras digitales como Yape en el mercado boliviano, consolidando al país como el de mayor crecimiento en este aspecto dentro de la región.

La tenencia de billeteras móviles evolucionó en gran medida en los últimos años en el país, ya que en 2021 sólo el 15% contaba con ellos y para 2024 alcanzó un 34%.

Finalmente, en la dimensión de acceso al sistema financiero, Bolivia se mantiene en el penúltimo lugar en el ranking con 46,3 puntos.

Pese a su posición, Bolivia tuvo una mejora constante desde  2021, año en el que registró una puntuación de 39.3, en el 2022 tuvo 42.4 y el año pasado 45.3.

En cuanto al acceso, Bolivia mostró avance ya que ahora el 35% de los bolivianos afirma conocer al menos 10 productos financieros, frente al 27% en 2021.

“A pesar del aumento en la adopción de servicios financieros digitales, persiste el temor a realizar transacciones a través de esos medios, tanto entre usuarios como no usuarios de productos de ahorro y crédito. Esto es más pronunciado en Panamá y Bolivia”, dice el informe.

 Fuente: Los Tiempos

Revista: En/clave salvaje

En una Bolivia todavía marcada por las cicatrices de los acontecimientos de 2019 y las profundas secuelas sociales, económicas y familiares que dejó la pandemia, las palabras parecen insuficientes para capturar los sentimientos, reflexionar sobre lo vivido y comprender plenamente la realidad en la que hoy nos encontramos.

Poco se ha explorado sobre estos temas y aún menos desde perspectivas que se aparten de las narrativas predominantes. En este sentido, esta revista nos propone en una primera parte ‘’Coordenadas’’, a través de siete ensayos, principalmente elaborados por autoras y, cabe decirlo, insignes intelectuales bolivianas, un recorrido por relatos, reflexiones críticas y agudas observaciones que iluminan la encrucijada en la que nos encontramos.

Entre las joyas del volumen destacan los sublimes micro relatos o “viñetas”, de Virginia Ayllón, que, desde la íntima sensibilidad de su experiencia de vida, nos invitan a desentrañar las complejidades de los acontecimientos y tensiones vividos en 2019, contemplados desde la periferia urbana paceña. Por su parte, Huáscar Salazar ofrece una lúcida deconstrucción de las falsas dicotomías que emergen de los corrosivos fenómenos del “chantaje progresista” (del MAS) y la “tentación liberal” (de la oposición), desafíos que constriñen nuestras reflexiones sobre lo políticamente posible y lo éticamente deseable.

Mijail Miranda, en tanto, entrega una incisiva crítica sobre el poder de las plataformas digitales, particularmente TikTok, para capitalizar nuestros miedos, angustias y ansias de sentido frente a una realidad que los medios de comunicación tradicionales, en su decadencia, ya no logran decodificar. Su llamado es claro: reivindicar ese espacio como un territorio de disputa, evitando que quede en manos de ecosistemas reaccionarios y maquinarias de desinformación que han manipulado multitudes en otros contextos globales.

Y todo ello, sin dejar de mencionar otros cuatro artículos de profundidad notable, escritos por pensadoras del calibre de Raquel Gutiérrez Aguilar, Claudia López Pardo, Silvia Rivera Cusicanqui, Magali Copa Pabón y Alison Spedding Pallet, quienes aportan nuevas dimensiones y claves interpretativas a este mosaico intelectual.

En un contexto de crisis socioecológica y económica que no deja de profundizarse, recobra fuerza la necesidad de repensar la Amazonía en toda su complejidad, como territorio y como concepto. Este desafío, asumido en la segunda parte de la revista, recae sobre una nueva generación de activistas y académicas para expresar lo que consideran vital en este momento de auge de intereses extractivistas, despojadores y biocidas.

Entre las contribuciones más destacadas, el análisis de José Octavio Orsag Molina expone cómo las narrativas sobre el oriente boliviano, en ausencia estatal, permitieron a las élites locales operar como engranajes de un sistema de despojo que, bajo discursos de modernidad, legitimó matanzas, esclavización y apropiación territorial. Este relato, central en la historia oficial y regional, oculta resistencias y normaliza las violencias fundacionales. Orsag nos invita a repensar “los orientes” desde una ecología política que desentrañe estas estructuras coloniales aún vigentes.

En cuanto a Marxa Chávez León nos conduce a las profundidades de las amazonías, no como meros espacios geográficos, sino como entramados vivos de interdependencia. Desde su vivencia en el TIPNIS, desnuda las fracturas sociales y ecológicas provocadas por el avance extractivista y la descomposición política que arrasó los lazos comunitarios. Con una voz lúcida y respetuosa, rechaza el paternalismo y nos convoca a una praxis de lucha situada, consciente de los privilegios y las tensiones que nos atraviesan.

No se puede obviar el poderoso texto de Elizabeth López, que reconstruye las memorias de mujeres tacanas en el norte amazónico de La Paz. Desderelatos fragmentados, López traza cómo la colonialidad, con raíces patriarcales y racistas, ha despojado a estas mujeres de su territorio y busca reproducirlo sobre sus cuerpos, transformando los modos de habitar la tierra. Frente a este proceso, su texto da cuenta de cómo las mujeres han resistido organizándose, construyendo alternativas y politizando sus prácticas cotidianas, desde el cuidado comunal hasta la reivindicación de sus derechos.

Como un complemento, el texto de Ara Goudsmit amplía esta reflexión desde la narrativa oral amazónica, rescatando los cuentos de Núku Xidipau. Para Goudsmit, la ficción actúa como una política especulativa que desorienta certezas coloniales y abre nuevas sensibilidades para escuchar e imaginar mundos más allá del conflicto extractivista. Los cuentos Yaminawa, al resistir a finales felices, asumen los conflictos como espacios productivos de transformación.

A esto se suma Soledad Enríquez que desde su experiencia con la agroforestería desenmascara una verdad incómoda pero necesaria: el trabajo agronómico en la Amazonía no puede desligarse de las personas que habitan y transforman estos territorios y fracasan al no considerar las lógicas, los ritmos y los saberes de las comunidades locales.

Finalmente, destacan los textos de Stasiek Czaplicki, del equipo de Nómadas, y de Simón Muiba Inchu, del Territorio Indígena Multiétnico. El primero es un análisis crítico que desentraña las narrativas y la historia de las políticas públicas en torno a los incendios, cuestionando las perspectivas ‘’ecológicas’’ dominantes desde una mirada incisiva. El segundo, una carta íntima y profunda dirigida a su territorio y del cual les compartimos para finalizar estas palabras inspiradoras: ‘Territorio y Dignidad es saberse libre, vivir donde uno quiera, escuchar los sapitos y el sonido del silbaco en la noche, no tener patrón que te diga que hacer, rumbear por el monte, asustarse del cantar del guajojó, conocer nuestra propia historia pa’ que no nos la charlen, vivir del chaco y el cambalache y que no falte nada’’.

Post Scriptum: El libro viene yapado con una sección llamada “Otros Lenguajes”. No les contamos más, porque parte de la belleza de abrir un libro nuevo está en encontrarse con esas sorpresas inesperadas, sobre todo cuando están tan cuidadosamente curadas como esta sección.

Fuente: Nomadas

La libertad se siente como un bien perdido

“Ya no puedo más, sáquenme de aquí”, escribió en una carta Royner, de 23 años, detenido en el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón. Royner forma parte de los presos políticos detenidos después de los resultados electorales del 28 de julio. 

Antes de ser detenido, Royner vivía como cualquier joven: estudiaba, disfrutaba momentos con sus amigos y compartía tiempo con su novia. Ahora, esos días de libertad se sienten como un recuerdo distante. Cada día, ruega por su liberación, convencido de que no merece estar encarcelado por un delito que no cometió.

La historia de Royner es similar a la que vive Chiquinquirá, de 19 años, detenida en el Comando de Yare, en Miranda. El 29 de julio, sus sueños de la nada se apagaron cuando la llevaron detenida y la imputaron por terrorista.

“¿Cuál fue el delito de mi hija?”, se pregunta a diario su madre, mientras lucha con el sentimiento de no saber qué decirle cada vez que le toca verla.

La palabra libertad para estos dos jóvenes parece tan lejana que es difícil para ambos mantener la esperanza de que algún día puedan recuperar su vida normal.

En el lugar donde está detenida Chiquinquirá, las condiciones de reclusión están fuera de toda norma. Está hacinada con otras compañeras, le corresponde compartir el colchón donde duerme y dentro de la celda también debe hacer sus necesidades, mientras las otras reclusas intentan desviar la mirada y evitar observar, esto para que el momento no resulte más incómodo.

“Al principio tenía algo de esperanza. En las últimas visitas, la veo más desganada. Me pregunta: ‘Mami, cuándo voy a salir’”, expresa su madre. 

La joven estudiante de Enfermería en la Unefa nunca había anhelado tanto algo tan sencillo como ver la luz del sol, caminar por las calles que recorría a diario para llegar a su casa o a la universidad, sentarse junto a su mamá en el hogar, y reírse de pequeños momentos, como ver videos en TikTok.  

¿Libertad? En espera

El 23 de enero representa un día histórico para Venezuela. En 1958, los venezolanos salieron a celebrar la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este año, el ambiente está lejos de ser festivo. Se respira miedo, ansiedad e incertidumbre. 

Foro Penal afirma que continúan 1687 personas detenidas por razones políticas. Por su parte, el Estado defiende que han excarcelado a más de 1000 personas, pero la ONG solo ha registrado casi 500. 

El 23 de diciembre de 2024, se anunciaron las primeras excarcelaciones. El fiscal, designado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab indicó que dejaron en libertad a 910 personas. Ese día, Foro Penal solo pudo comprobar 188. 

Desde el Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticas denuncian que a las personas “las coaccionan” para que no puedan ofrecer declaraciones cuando los liberan. 

“Muchas personas quisieran hablar, pero no se les permite. Antes de salir, los hacen firmar un documento en el que les prohíben dar declaraciones a la prensa y eso hace que sea más fácil de documentar lo que experimentan dentro de los centros penitenciarios”, afirmó Andreína Baduel, miembro del comité. 

Sumado a esto, son excarcelados bajo medidas cautelares, deben presentarse cada quince días en los tribunales y no tienen permitido salir del país. La libertad, esa cuyo Día Mundial se celebra cada 23 de enero, para ellos sigue siendo un derecho que disfrutan a medias. 

En enero de 2025, la situación no ha sido diferente. Las detenciones por motivos políticos continúan. En un balance presentado por la coordinadora de Encuentro, Justicia y Perdón, Martha Tineo, añade que se han  registrado más de 70 detenciones por razones políticas, lo que eleva el total a más de 1.700 personas actualmente detenidas por motivos políticos en Venezuela. 

“Estos números son alarmantes y sin precedentes, reflejando una crisis de derechos humanos que continúa en aumento”, recalca.

Tineo afirmó que más de 200 mujeres se encuentran actualmente presas por razones políticas, un fenómeno sin precedentes desde el 28 de julio. Además, se registran más de 1.400 hombres detenidos, “muchos de ellos en condiciones críticas”. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a otras ocho instancias han alertado sobre esta situación. Han denunciado recientemente que los presos políticos son víctimas de abuso de poder y que no se les está cumpliendo el debido proceso. Principalmente, porque sus familiares no tienen la posibilidad de elegir a un defensor privado. 

“Nadie debe ser encarcelado por pensar diferente” 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la ONU estableció la obligatoriedad de que se respeten algunas libertades básicas como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de movimiento, el derecho a la vida y a la seguridad, entre otros.

“Nadie debería ser encarcelado por pensar diferente y por eso es que mi hijo está detenido”, expresa el padre de Jesús Gabriel Useche, de 19 años, detenido en Barquisimeto, estado Lara. 

Useche tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y, recientemente, fue sometido a una evaluación médica por el Estado, la misma pudo comprobar su diagnóstico, pero a pesar de eso y de su inocencia,  continúa detenido. 

“La libertad es transitar por donde quieras y pensar lo que quieras, pero aquí es difícil hacer una o la otra”, dice el padre del joven. 

Jesús Gabriel fue detenido mientras pasaba cerca de una protesta en Cabudare, el 9 de enero. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana alegaron que “tenía actitud de protesta”. 

Informar también es una actividad de alto riesgo en el país y el panorama no luce alentador. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa siguen “ilegal y arbitrariamente detenidos  durante el período de precampaña y hasta este 11 de enero de 2025”.

Algunos de ellos continúan en desaparición forzosa. Espacio Público denunció que Julio Balza, quien forma parte del equipo de María Corina Machado, y fue interceptado el 9 de enero, está desaparecido. 

En un video publicado en las redes sociales, la madre de Balza relató que cuando intentaba salir del Sambil de Chacao, en Caracas, una camioneta les impidió el paso y unos hombres vestidos de negro y con rostro tapado se lo llevaron. 

Una tarea pendiente

Después del 28 de julio, la represión está a la orden del día. En su informe, presentado el 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU destacó que el gobierno de Nicolás Maduro “está cometiendo el crimen de lesa humanidad, de persecución por motivos políticos”.

De acuerdo a los datos recabados, el Estado se centra en “aplastar” a la oposición a través de acciones que son “parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a la disidencia. Documentaron casos que los llevaron a afirmar que en Venezuela, se está perdiendo el “Estado de derecho”, y con eso también las libertades de las personas que continúan en el país. 

A propósito de cumplirse los 67 años del 23 de enero de 1958, varias organizaciones no gubernamentales enfatizaron en la progresiva pérdida de las libertades de los venezolanos.

Caleidoscopio Humano denunció que en la Venezuela actual “no existen garantías para la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la asociación”, mientras que Provea advirtió que el país enfrenta un nuevo autoritarismo y destacó que la “sucesiva extinción del Estado de derecho ha tenido un grave impacto sobre los derechos civiles, políticos y las libertades de los ciudadanos, 

La ONG reivindicó “la importancia de la resistencia pacífica” y  de seguir al lado de los ciudadanos  “acompañando a las víctimas y sus familiares”. Al mismo tiempo, instó a “promover la esperanza en la construcción de un horizonte con un país compartido”, para lo cual, es indispensable que se respete ese concepto tan amplio y tan necesario para el funcionamiento cabal de una democracia: la libertad de acción, decisión y pensamiento. 

Fuente: Runrun