“Ya no puedo más, sáquenme de aquí”, escribió en una carta Royner, de 23 años, detenido en el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón. Royner forma parte de los presos políticos detenidos después de los resultados electorales del 28 de julio.
Antes de ser detenido, Royner vivía como cualquier joven: estudiaba, disfrutaba momentos con sus amigos y compartía tiempo con su novia. Ahora, esos días de libertad se sienten como un recuerdo distante. Cada día, ruega por su liberación, convencido de que no merece estar encarcelado por un delito que no cometió.
La historia de Royner es similar a la que vive Chiquinquirá, de 19 años, detenida en el Comando de Yare, en Miranda. El 29 de julio, sus sueños de la nada se apagaron cuando la llevaron detenida y la imputaron por terrorista.
“¿Cuál fue el delito de mi hija?”, se pregunta a diario su madre, mientras lucha con el sentimiento de no saber qué decirle cada vez que le toca verla.
La palabra libertad para estos dos jóvenes parece tan lejana que es difícil para ambos mantener la esperanza de que algún día puedan recuperar su vida normal.
En el lugar donde está detenida Chiquinquirá, las condiciones de reclusión están fuera de toda norma. Está hacinada con otras compañeras, le corresponde compartir el colchón donde duerme y dentro de la celda también debe hacer sus necesidades, mientras las otras reclusas intentan desviar la mirada y evitar observar, esto para que el momento no resulte más incómodo.
“Al principio tenía algo de esperanza. En las últimas visitas, la veo más desganada. Me pregunta: ‘Mami, cuándo voy a salir’”, expresa su madre.
La joven estudiante de Enfermería en la Unefa nunca había anhelado tanto algo tan sencillo como ver la luz del sol, caminar por las calles que recorría a diario para llegar a su casa o a la universidad, sentarse junto a su mamá en el hogar, y reírse de pequeños momentos, como ver videos en TikTok.
¿Libertad? En espera
El 23 de enero representa un día histórico para Venezuela. En 1958, los venezolanos salieron a celebrar la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este año, el ambiente está lejos de ser festivo. Se respira miedo, ansiedad e incertidumbre.
Foro Penal afirma que continúan 1687 personas detenidas por razones políticas. Por su parte, el Estado defiende que han excarcelado a más de 1000 personas, pero la ONG solo ha registrado casi 500.
El 23 de diciembre de 2024, se anunciaron las primeras excarcelaciones. El fiscal, designado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab indicó que dejaron en libertad a 910 personas. Ese día, Foro Penal solo pudo comprobar 188.
Desde el Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticas denuncian que a las personas “las coaccionan” para que no puedan ofrecer declaraciones cuando los liberan.
“Muchas personas quisieran hablar, pero no se les permite. Antes de salir, los hacen firmar un documento en el que les prohíben dar declaraciones a la prensa y eso hace que sea más fácil de documentar lo que experimentan dentro de los centros penitenciarios”, afirmó Andreína Baduel, miembro del comité.
Sumado a esto, son excarcelados bajo medidas cautelares, deben presentarse cada quince días en los tribunales y no tienen permitido salir del país. La libertad, esa cuyo Día Mundial se celebra cada 23 de enero, para ellos sigue siendo un derecho que disfrutan a medias.
En enero de 2025, la situación no ha sido diferente. Las detenciones por motivos políticos continúan. En un balance presentado por la coordinadora de Encuentro, Justicia y Perdón, Martha Tineo, añade que se han registrado más de 70 detenciones por razones políticas, lo que eleva el total a más de 1.700 personas actualmente detenidas por motivos políticos en Venezuela.
“Estos números son alarmantes y sin precedentes, reflejando una crisis de derechos humanos que continúa en aumento”, recalca.
Tineo afirmó que más de 200 mujeres se encuentran actualmente presas por razones políticas, un fenómeno sin precedentes desde el 28 de julio. Además, se registran más de 1.400 hombres detenidos, “muchos de ellos en condiciones críticas”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a otras ocho instancias han alertado sobre esta situación. Han denunciado recientemente que los presos políticos son víctimas de abuso de poder y que no se les está cumpliendo el debido proceso. Principalmente, porque sus familiares no tienen la posibilidad de elegir a un defensor privado.
“Nadie debe ser encarcelado por pensar diferente”
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la ONU estableció la obligatoriedad de que se respeten algunas libertades básicas como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de movimiento, el derecho a la vida y a la seguridad, entre otros.
“Nadie debería ser encarcelado por pensar diferente y por eso es que mi hijo está detenido”, expresa el padre de Jesús Gabriel Useche, de 19 años, detenido en Barquisimeto, estado Lara.
Useche tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y, recientemente, fue sometido a una evaluación médica por el Estado, la misma pudo comprobar su diagnóstico, pero a pesar de eso y de su inocencia, continúa detenido.
“La libertad es transitar por donde quieras y pensar lo que quieras, pero aquí es difícil hacer una o la otra”, dice el padre del joven.
Jesús Gabriel fue detenido mientras pasaba cerca de una protesta en Cabudare, el 9 de enero. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana alegaron que “tenía actitud de protesta”.
Informar también es una actividad de alto riesgo en el país y el panorama no luce alentador. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa siguen “ilegal y arbitrariamente detenidos durante el período de precampaña y hasta este 11 de enero de 2025”.
Algunos de ellos continúan en desaparición forzosa. Espacio Público denunció que Julio Balza, quien forma parte del equipo de María Corina Machado, y fue interceptado el 9 de enero, está desaparecido.
En un video publicado en las redes sociales, la madre de Balza relató que cuando intentaba salir del Sambil de Chacao, en Caracas, una camioneta les impidió el paso y unos hombres vestidos de negro y con rostro tapado se lo llevaron.
Una tarea pendiente
Después del 28 de julio, la represión está a la orden del día. En su informe, presentado el 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU destacó que el gobierno de Nicolás Maduro “está cometiendo el crimen de lesa humanidad, de persecución por motivos políticos”.
De acuerdo a los datos recabados, el Estado se centra en “aplastar” a la oposición a través de acciones que son “parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a la disidencia. Documentaron casos que los llevaron a afirmar que en Venezuela, se está perdiendo el “Estado de derecho”, y con eso también las libertades de las personas que continúan en el país.
A propósito de cumplirse los 67 años del 23 de enero de 1958, varias organizaciones no gubernamentales enfatizaron en la progresiva pérdida de las libertades de los venezolanos.
Caleidoscopio Humano denunció que en la Venezuela actual “no existen garantías para la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la asociación”, mientras que Provea advirtió que el país enfrenta un nuevo autoritarismo y destacó que la “sucesiva extinción del Estado de derecho ha tenido un grave impacto sobre los derechos civiles, políticos y las libertades de los ciudadanos,
Fuente: Runrun
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