En 1879 perdimos la Guerra del Pacífico porque Bolivia tenía un Estado débil que no poseía presencia en todo su territorio, con instituciones famélicas; en cambio, Chile había desarrollado un Estado sólido con instituciones más fuertes que las bolivianas. Los estudiosos sobre la realidad boliviana afirman que en Bolivia nunca existió un Estado que posea instituciones desarrolladas y creíbles, casi al unísono lanzan la hipótesis que expresa que históricamente Bolivia tuvo más sociedad civil que Estado, por eso la institución más fuerte es la de la política en las calles.
Se creía que era un mérito tener una sociedad civil fuerte, pero en realidad es todo lo contrario, pues desde esa fortaleza se ha contribuido a derrumbar las instituciones nacionales. En consonancia con el neoinstitucionalismo, comprendemos a las instituciones como hábitos o costumbres a seguir, éstas pueden estar enmarcadas en leyes o solamente existir como conductas y costumbres sociales. Justamente por eso decimos que la política en las calles es la institución estelar del país, posee más fuerza e intensidad que los órganos Judicial o Legislativo.
Las masas en las calles han aprendido a lanzar sus demandas, a agitarlas contra el Estado y arrancarle a éste sus reivindicaciones; es en las calles donde se han volteado gobiernos. Hablamos de una sociedad de tipo corporativo, con sellos de enorme autoritarismo, cuyo norte es la búsqueda de intereses particulares y no el de un objetivo común para todos los bolivianos.
En Bolivia la ciudadanía es débil, su construcción es todavía inicial, la tarea de edificar al ciudadano es incompleta, por eso es natural que la masa, protestando, marchando en las calles, bloqueando consiga sus reivindicaciones corporativas.
La masa que protesta es consciente de sus derechos y casi nunca de sus obligaciones. Las masas en sus movilizaciones pudieron tener contenidos democráticos cuando marchaban contra las dictaduras militares, pero no siempre la conducta de la masa ha sido progresista; muchas veces se han movilizado con códigos conservadores.
Las masas que acompañaron al colgamiento de Villarroel estaban más cerca de los códigos conservadores de las oligarquías que de ideas avanzadas de democracia. Así sucede con las masas cooptadas por el MAS, que se mueven con códigos conservadores, arcaicos y autoritarios que no coinciden en nada en la búsqueda de la democracia ciudadana.
La Revolución de 1952 no condujo a la construcción de un sistema de partidos, no edificó los check and balances necesarios para cualquier democracia. Aunque en 1956 y 1960 hubo elecciones, éstas fueron más un escrutinio que actos electorales. Aunque ellas ya estaban ganadas por el MNR, paradójicamente éste hizo fraude electoral abierto, pues no había institucionalidad democrática, no existía la autoridad electoral como institución independiente.
Inclusive, durante la primera fase de la democracia pactada, la institución electoral era débil y totalmente dependiente del Ejecutivo, por eso se tuvo que dejar atrás a la “banda de los cuatro” y formar una Corte Nacional Electoral de notables, éstos le dieron autonomía a la autoridad electoral y comenzaron la edificación independiente de esa Institución; empero, durante el proceso de cambio, la institucionalidad del poder Electoral se erosionó, de tal manera que con el MAS de Morales y de Arce, ese poder, durante varios años, fue apéndice del Ejecutivo. En las elecciones de 2025, por exigencia de la población, tuvo que mostrar independencia.
El Parlamento y el Órgano Judicial han seguido con obsecuencia las decisiones del Ejecutivo, eso quiere decir que no han llegado a ser instituciones fuertes que mantengan independencia y que cumplan sus competencias en favor de la ciudadanía. Formalmente, el Órgano Judicial se eligió por medio del voto ciudadano, en realidad, lo hizo el Parlamento – de mayoría masista–, sin hacer caso a la meritocracia, sino solo siguiendo de manera obsecuente la línea del partido de gobierno.
Esto implica que ese poder está desinstitucionalizado, más aún, si sabemos que sus fallos son hechos a la “carta”, según sea la conveniencia del del Ejecutivo. Hace años los miembros del Tribunal Constitucional aceptaron la repostulación anticonstitucional de Morales, al hacerlo demostraron que el Órgano Judicial estaba desinstitucionalizado.
En el presente, al castigar a Morales, impidiendo su candidatura, lo que hicieron fue demostrar que sus decisiones emanan no de ellos, sino del Órgano Ejecutivo; esa es la vergüenza de un Órgano Judicial que durante los gobiernos del MAS ha sido y es servil al gobierno; ahora opera por medio de las salas constitucionales departamentales para hacer todo que desea el gobierno de Arce.
Cuando el poder del caudillo es absoluto, sea el caso de Morales o de Arce, sus obsecuentes –el Órgano Judicial– entienden que la palabra del caudillo es divina, por ello interpretan sus necesidades para mantenerlo en el poder. Cuando se llega a esa situación quiere decir que está instalada la desinstitucionalización del Estado; por tanto, la única institución que existe es el capricho del jefe de gobierno.
En los debates electorales, los candidatos y la gente apuntan a la urgencia económica, gasolina, diésel, dólares, inflación de alimentos, pero otra urgencia es reconstruir la institucionalidad en Bolivia.
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