El domingo 18 de junio de 2023, la página de Facebook del portal Cabildeo Digital amaneció hackeada, una clara acción orientada a paralizar los servicios que ofrece a sus más de 220.000 seguidores en esa red social. Cabildeo Digital, dirigido por la periodista Amalia Pando, es uno de los medios digitales independientes más seguidos de Bolivia.
Este no es el primer ataque que sufre Amalia Pando, periodista de amplia trayectoria y ganadora de varios premios nacionales e internacionales. En 2015, se vio forzada a renunciar a radio Erbol debido a la «asfixia» económica que le impuso el gobierno del expresidente Evo Morales como sanción por su postura crítica y sin tapujos frente al poder.
Tampoco fue la primera vez que su medio fue objetivo de ciberataques: en 2022 se registró un intento de hackeo de su cuenta de Instagram que, según denunció, de acuerdo con el reporte oficial de esa red social fue activado por “una persona que estaba ubicada en la Casa Grande del Pueblo”.
La Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet (ONU, OSCE, OEA y CADHP) de 2011 establece que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación” y, por tanto, “el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas, direcciones IP, extensiones de nombres de dominio, puertos, protocolos de red o cualquier tipo de aplicación, constituyen una restricción que vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APL), alertó que son frecuentes los ataques digitales que sufren los medios de comunicación independientes, y recordó que tal como ocurrió con la cuenta de Facebook de Cabildeo Digital “en el pasado, sufrieron situaciones similares medios como Página Siete, Erbol, ANF, Brújula Digital y otros. En todos los casos, los sospechosos de realizar estas acciones eran activistas digitales relacionados al oficialismo”.
La alusión apuntó a los denominados “guerreros digitales”, reclutados y formados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para crear páginas, perfiles y grupos en Internet para difundir contenidos falsos en apoyo del gobierno de turno y en contra de la oposición y, además, hostigar a periodistas y medios de comunicación independientes.
Los “guerreros digitales” una bien montada granja de trolls
Los “guerreros digitales” son parte de una estructura creada en el gobierno de Evo Morales que continúa operando en la gestión del presidente Luis Arce. El alcance de su influencia fue puesto al descubierto por la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, en un informe sobre la desarticulación de cuentas falsas creadas en Bolivia y Cuba para desacreditar a líderes de oposición y estigmatizar a medios de comunicación y periodistas críticos al gobierno.
Meta reportó que identificó y eliminó un total de 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram que estaban siendo utilizadas por los “guerreros digitales’. Estas cuentas violaron las políticas de la empresa al difundir mensajes ofensivos, falsos y acosadores dirigidos a opositores políticos, medios de comunicación independientes y periodistas.
También reveló que al menos 2,3 millones de cuentas siguieron una o más de estas páginas, alrededor de 57 mil cuentas se unieron a uno o más de estos grupos y al menos 23.000 cuentas siguieron una o más de las cuentas falsas en Instagram.
El informe de Meta reportó que se gastó más de $us 1,1 millones en anuncios en Facebook e Instagram, principalmente pagados en moneda boliviana, lo que equivale a más de 7 millones de bolivianos. Según parlamentarios del ala “evista” del MAS los contratos fueron cubiertos con recursos estatales.
Estas granjas de trolls operan en redes sociales desde el anonimato, utilizan perfiles falsos y difunden información falsa o engañosa para desacreditar a opositores políticos y acosar a periodistas y medios de comunicación independientes. Su objetivo es influir en la opinión pública y socavar la credibilidad de aquellos que critican al gobierno.
Meta monitorea de forma automática o por denuncias si las publicaciones cumplen sus normas comunitarias y cuando no lo hacen las deshabilitan. En ese proceso detectaron que las cuentas que se desarticularon en el país estaban atacando sistemáticamente a líderes sociales y políticos de la oposición y desplegaron campañas de deslegitimación contra periodistas y medios de comunicación.
Aunque en la mayoría de los casos se dificulta la identificación de los responsables debido a que se protegen bajo el anonimato en cuentas falsas, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y otras subsidiarias, realizó un importante desmantelamiento de cuentas falsas vinculadas a los gobiernos de Cuba y Bolivia en febrero de este año.
En el informe de Meta se lee claramente que las cuentas dadas de baja pertenecen a los denominados “guerreros digitales» vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS).
Estos ataques no son aislados, y desde que en 2016 se dieron a conocer a los “guerreros digitales”, varios medios de comunicación, entre los que se cuentan Cabildeo Digital, Página Siete, Erbol, ANF, Brújula Digital y otros han sido víctimas de situaciones similares.
El origen de los “guerreros digitales” se remonta al 2016 durante el gobierno del expresidente Evo Morales que entonces creó la Dirección de Redes Sociales del Ministerio de Comunicación Social dependiente del Vice Ministerio de Gestión de Comunicación con la tarea de desarrollar estrategias de difusión orientadas a defender la gestión de Evo Morales Ayma, y así contribuir a su re-reelección.
En pocos meses se graduaron 80 “guerreros digitales” en la ciudad de Cochabamba con la misión de “informar al pueblo boliviano con la verdad” y con la tarea de “defender la gestión del presidente Evo”, según Grover García, entonces presidente del MAS, que detalló que recibieron entrenamiento para el manejo de herramientas digitales, postproducción audiovisual y uso de redes sociales.
Desde la aparición de los “guerreros digitales” se desataron sucesivas campañas de desprestigio y estigmatización orientadas a deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios de comunicación y periodistas incurriendo en una forma de apología de la violencia que, además de incitar a los violentos a agredir a la prensa, profundiza los niveles de intolerancia, la división y la polarización de la sociedad.
En criterio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la estigmatización genera «un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos» y, asimismo, “alienta las agresiones en contra de los periodistas que tienen el objetivo de silenciarlos y constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información”.
El submundo de los “guerreros digitales”
Los “guerreros digitales” son grupos organizados para desinformar, generar ataques virtuales y manipular la opinión pública a favor de determinados intereses políticos o gubernamentales. Utilizan estrategias sofisticadas y coordinadas para influir en la narrativa y el discurso en las redes sociales.
Una de sus características es el anonimato. Operan con seudónimos o perfiles falsos, lo que les permite ocultar su identidad y evitar consecuencias legales por sus acciones. Los guerreros digitales utilizan múltiples cuentas en redes sociales para amplificar sus mensajes y crear la ilusión de un respaldo masivo. Además, emplean técnicas de manipulación como la creación de bots y la compra de seguidores y reacciones para dar mayor visibilidad a sus publicaciones.
Su misión es generar un clima de hostilidad y polarización en línea. Utilizan tácticas de acoso, insultos y amenazas para intimidar y silenciar a sus objetivos. Además, suelen aprovechar eventos políticos o situaciones de conflicto para intensificar sus ataques y manipular la opinión pública.
No actúan de forma aislada, sino que están respaldados por estructuras más amplias, como las denominadas «granjas de trolls». Estas granjas son centros de operaciones donde se concentra un grupo de personas pagadas para llevar a cabo acciones coordinadas de manipulación en línea. Los trolls son asignados a diferentes tareas, como la creación de contenido desinformativo, la difusión masiva de mensajes en redes sociales y la propagación de ataques contra determinados individuos o grupos.
El objetivo principal de los guerreros digitales y las granjas de trolls es influir en la opinión pública, distorsionar la verdad y debilitar la credibilidad de medios y figuras críticas al gobierno. Su accionar representa una amenaza para la libertad de expresión, el periodismo independiente y la democracia socavando la confianza en la información veraz y dificultando el debate público informado.
En el oscuro mundo de los guerreros digitales en Bolivia, el periodista Andrés Gómez ha descubierto una red de funcionarios públicos que se dedican a crear perfiles falsos en redes sociales. Según Gómez, «Estos individuos pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo y comentando en páginas de redes sociales, generando corrientes de opinión en favor del partido político en el poder». Además, se dedican activamente a agredir verbalmente a quienes se oponen a sus intereses y participan en manifestaciones y protestas para amplificar sus mensajes en línea.
De acuerdo con las revelaciones de Gómez, a estos funcionarios se les exige crear cuentas falsas adicionales a sus perfiles reales, desde las cuales deben respaldar las opiniones, declaraciones y decisiones políticas de los gobernantes. Al respecto, algunos de ellos admitieron tener hasta diez cuentas falsas, aunque reconocieron que es difícil mantenerse al tanto de todas ellas. Gómez plantea la pregunta: «¿Cuándo trabajan si están tan ocupados con estas tareas?».
El periodista también indagó sobre las consecuencias de incumplir con estas obligaciones. Los funcionarios reconocieron que existe una vigilancia constante por parte de agentes políticos y que las sanciones por no cumplir pueden ser severas, incluso la pérdida del empleo. Aquellos que cumplen sus tareas reciben recompensas, y el premio mayor puede ser un cargo en importantes instituciones gubernamentales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según señala Gómez.
El propósito principal de este grupo de “guerreros digitales” es influir en la opinión pública mediante la generación de corrientes de opinión favorables al gobierno. Si bien algunos participan por necesidad, otros lo hacen por convicción, creyendo fervientemente en el denominado proceso de cambio.
Gómez cuestionó que «el dinero utilizado para pagar a estos guerreros digitales proviene de los impuestos y, por lo tanto, de los recursos públicos», desviando fondos que deberían destinarse al bienestar de la sociedad para financiar actividades antidemocráticas y manipulativas.
Subrayó que el descubrimiento de esta red de “guerreros digitales” pone en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas para salvaguardar la transparencia y la integridad del debate público en Bolivia. En sus palabras, «es imperativo que los recursos públicos sean utilizados para promover el bienestar de la sociedad en su conjunto y no para perpetuar intereses políticos o partidistas». Destacó que la lucha contra la manipulación en línea y la defensa de la democracia requieren una acción decidida por parte de las autoridades y la sociedad en general, resaltando la importancia fundamental de la libertad de prensa y de la libertad de expresión.
Más cuentas de Facebook que habitantes en cinco departamentos
En Bolivia, se ha descubierto que existen más cuentas de Facebook que habitantes en cinco departamentos del país. Esta situación es atribuida a la estrategia utilizada por los “guerreros digitales”.
Según un estudio realizado por el analista de datos Tonny López, la cantidad de cuentas en Facebook llega a 10.547.491 en un país con una población total de 12.006.031 habitantes, según el Censo 2012. Sorprendentemente, en al menos cinco departamentos, el número de perfiles en Facebook supera la cantidad de habitantes.
En el departamento de Oruro, con una población de 553.088 habitantes, se han registrado 1.202.414 cuentas en Facebook. En Chuquisaca, con una población de 661.116 habitantes, se cuentan 970.369 perfiles en las redes sociales. Tarija, con 601.214 habitantes, tiene registradas 1.033.654 cuentas. En Beni, con 516.338 habitantes, el número de cuentas asciende a 791.061. Y en Pando, con una población de 163.727 habitantes, las cuentas en Facebook se sextuplican, alcanzando las 675.039.
López atribuye esta situación a la estrategia de los “guerreros digitales” que consiste en activar perfiles falsos para un mayor impacto de sus campañas en las redes sociales.
Detalló que su investigación ha verificado que entre los perfiles falsos existen varias cuentas con imágenes del actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Otras cuentas son atribuidas a funcionarios públicos que incluso son amenazados con su expulsión del partido gobernante si no defienden al MAS-IPSP y no muestran lealtad ideológica.
Desde la cuenta «Piojo cabrón» se incita a la creación de milicias para supuestamente proteger a Bolivia de la destrucción que, según afirman, podría ser causada por la derecha. A través de estos mensajes, los “guerreros digitales” -ocultos en el anonimato- estigmatizan a líderes políticos y sociales y, asimismo, deslegitiman
La industria de la desinformación financiada por el Estado
En un hecho inédito a nivel internacional, que un país destine recursos estatales para pagar a un grupo de personas cuya labor consiste en desinformar a través de las redes sociales.
Este fenómeno adquirió relevancia el 15 de abril de 2016, cuando Evo Morales, durante una visita al Vaticano, estrenó su cuenta en Twitter. Esto sucedió después de que el presidente boliviano responsabilizara en varias ocasiones a las redes sociales, en particular a Twitter y Facebook, de su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó su intención de modificar la Constitución para habilitarse como candidato a la reelección presidencial indefinida.
Luego se sentar presencia en Twitter, creó la Dirección de Redes Sociales, dependiente del entonces Viceministerio de Gestión de Comunicación, a cargo de la implementación de estrategias de difusión, consulta e interacción con las comunidades en línea. Muy pronto los denominados “guerreros digitales” emprendieron campañas engañosas, con recursos y desde instalaciones estatales.
En 2018, se reveló que desde la creación de la Dirección de Redes Sociales mediante el Decreto Supremo 2731 de abril de 2016, el Ejecutivo destinó 8,2 millones de bolivianos para difundir la «gestión de Gobierno» a través de medios virtuales. Además, se descubrió que cada mes esta oficina gubernamental destinaba 380 mil bolivianos en salarios para 37 funcionarios, cuyos sueldos oscilaban entre 5.000 y 18.000 bolivianos.
Ese mismo año, Morales dio a conocer que solicitó ayuda al presidente de China, Xi Jinping, para encarar la denominada “guerra digital” en las redes sociales. Lo dijo durante un ampliado de productores de coca del Chapare: “Hablé con el presidente de China: ‘a ver ustedes que tienen tecnología nos pueden orientar en el tema de guerra digital’. El Presidente me dice: ‘Evo no sé qué (es) eso ¿Qué será? pero sirve, no hay problema vamos a transferir para combatir en la guerra digital’”.
En la edición 2023 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, Reporteros Sin Fronteras (RSF) destaca los dramáticos efectos sobre la libertad de prensa de “la industria del engaño” en el ecosistema digital. El informe publicado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, detalla que, en 118 países, es decir, en dos tercios de los evaluados en la Clasificación, la mayoría de los expertos que han respondido al cuestionario reseñan la implicación de actores políticos de sus países en campañas de desinformación masiva o de propaganda, de manera regular o sistemática.
Advierte que la industria de la desinformación esparce producciones manipuladoras a gran escala, y asegura que “La diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo artificial, los hechos y los artefactos se difumina, poniendo en peligro el derecho a la información. Capacidades de manipulación sin precedentes son utilizadas para debilitar a quienes encarnan el periodismo de calidad, al tiempo que debilitan el propio periodismo”.
Periodistas bajo amenaza de muerte y acoso digital
El Informe Anual 2021 del Relator Especial para la Libertad de Expresión, aprobado el 26 de mayo de 2022 por la CIDH, subraya que en Bolivia el periodismo desarrolla su trabajo en contextos cada vez más inseguros, hostiles y violentos y que las y los periodistas soportan actos de violencia, agresiones verbales y físicas, detenciones arbitrarias, amenazas –incluso contra la vida– y hostigamiento, despojo y daño de equipos, vulneración del secreto de fuente, acoso, intimidación y campañas de desprestigio y estigmatización contra periodistas y medios de comunicación, mecanismos directos e indirectos de censura, y vulneración del derecho de acceso libre a la información pública, entre otros.
En criterio de la periodista y exdirectora de Página Siete, Mery Vaca, los ataques a los medios de comunicación surgieron durante el gobierno de Evo Morales alentados por un discurso cargado de odio desde esferas oficiales y, aunque el actual presidente, Luis Arce, ha moderado su retórica en contra de los medios, el nivel de agresión se ha vuelto cada vez más directo y preocupante.
Según Vaca las redes sociales se han convertido en uno de los espacios más riesgosos para las y los periodistas. Mencionó como ejemplo el caso del caricaturista Abecor, que fue blanco de amenazas de muerte en al menos cinco ocasiones entre abril de 2020 y noviembre de 2021. Estas amenazas surgieron después de que publicara una caricatura que hacía referencia al procurador del Estado, Wilfredo Chávez, que le valió una respuesta soez de parte de esta autoridad.
La periodista subrayó que además del caricaturista «también recibimos amenazas el resto de los periodistas a través de las redes sociales. Nos dicen que nos van a matar, que nos van a violar, que conocen nuestros domicilios y hasta mencionan a nuestros hijos».
Esta situación genera un clima de temor e inseguridad para los periodistas que se enfrentan a un constante hostigamiento que limita su labor informativa. La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se ven amenazados por la violencia digital, que claramente tienen el objetivo de silenciarlos.
En un mundo cada vez más conectado, la violencia contra periodistas ha trascendido del terreno físico al ámbito digital, advirtió Rodolfo Huallpa, responsable de comunicación del Observatorio de Defensores de la Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). Según Huallpa, «cualquier agresión hacia los periodistas atenta contra la libertad de prensa, un pilar fundamental de la libertad de expresión». En Bolivia, estas condiciones se han vuelto cada vez más complejas y hostiles, tanto en el terreno físico como en el entorno digital.
Huallpa destacó que los periodistas no sólo tienen el rol de informar, sino que también se convierten en defensores de derechos. Desempeñan una labor crucial al ayudar a aquellos que buscan justicia, siendo un apoyo comunicacional y llevando la voz de diversas causas a diferentes estratos de la sociedad.
Por ello, atacar a un periodista o a un medio de comunicación, ya sea físicamente o en el entorno digital, socava esta labor de defensa de derechos. Según Huallpa, en 2022 se registraron siete casos de violencia contra periodistas en el ámbito digital en Bolivia, desde amedrentamiento en las redes sociales aprovechando el anonimato, hasta amenazas directas a periodistas y medios de comunicación. A pesar de las denuncias, aún no se ha identificado a los responsables.
La protección de los periodistas y la promoción de un entorno seguro para su ejercicio profesional son responsabilidades compartidas por el Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Como destaca Huallpa, «sólo mediante un compromiso conjunto se podrá preservar la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan llevar adelante su misión de informar, empoderar y defender los derechos de la ciudadanía».
En el Informe sobre el Estado de la Libertad de Prensa 2022, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), advierte que “La información errónea o desinformación deliberada, la proliferación de discursos de odio, la concentración y el control de los medios de comunicación, los mecanismos de censura y autocensura al interior de los medios de comunicación o la ausencia de políticas públicas para promover el pluralismo y la diversidad informativa son otras formas de afectación a la libertad de prensa”.
En reiteradas oportunidades la ANPB ha demandado a las autoridades que “cumpliendo con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de delitos contra periodistas, instruya una investigación para identificar y sancionar a quienes intentan desprestigiar y amedrentar a las y los periodistas” y ha denunciado que “Aunque este tipo de hechos son recurrentes, nunca se han identificado a los autores materiales, intelectuales y encubridores por lo que la ausencia de respuesta institucional desde las instancias estatales nutre los ciclos de violencia en contra de la prensa”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha declarado que los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección y, asimismo, “identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos”.
La ausencia de una respuesta institucional nutre los ciclos de violencia en contra de la prensa.
Escalada de ataques y silenciamiento desde 2019
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países sitúa a Bolivia en el puesto 117. Puntualiza que, en Bolivia, «los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales atentan regularmente contra la libertad de prensa» y alerta que «la estigmatización se está convirtiendo en una práctica común, mediante el acoso verbal a los periodistas y ataques a su reputación» y que el Estado boliviano «controla numerosos diarios y ha aumentado la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en las redes sociales».
Las preocupaciones de RSF se han puesto dramáticamente en evidencia el 6 de junio de 2023 con el cierre del periódico Página Siete, originado en el bloqueo publicitario, el hostigamiento público por redes sociales y la presión política judicial que terminaron inviabilizando su sostenibilidad económica. En el contexto de precariedad general por la que atraviesan los trabajadores de los medios, 36 periodista de ese medio de prensa quedaron sin sus fuentes de trabajo.
La crítica situación por la que atraviesan los medios de comunicación en general, y los escritos en particular, hace temer que una situación similar pueda repetirse por cuanto otros medios están sometidos a los mismos problemas. El llamado «En apoyo a la prensa libre» emitido por el periódico Los Tiempos de Cochabamba da cuenta de que la sostenibilidad de las operaciones de los medios de comunicación no está garantizada.
La situación se agrava como consecuencia de un contexto político marcado por la confrontación política que se arrastra desde 2019. Desde entonces, el clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad frente a los ataques a medios de comunicación y a periodistas, está configurando un cuadro en el que la labor de informar resulta de alto riesgo.
Uno de los hechos que permanece en la impunidad es la quema de la casa de la periodista Casimira Lema en 2019. Cuando intentó denunciar el incidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue hostigada a gritos. Hasta ahora, los responsables del ataque no han sido identificados. Lema denunció la falta de instancias que defiendan y protejan a las y los periodistas y cuestionó: ¿Los periodistas tenemos derechos en Bolivia?
Cuatro años después, Lema continúa sin encontrar justicia ni responsables. Sin embargo, sostiene la verdad como su estandarte, confiando en que se hará justicia. Está decidida a mantenerse firme, siempre con la verdad y con la frente en alto.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones». Además, la Resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a los Estados a garantizar la protección de los periodistas y a tomar medidas para prevenir la impunidad en los casos de violencia contra ellos.
Red de desinformación global: desde 14 países atacan a medios y periodistas
Un estudio realizado por la plataforma de verificación de noticias Chequea Bolivia revela un preocupante panorama: existen páginas que difunden desinformación y son utilizadas para atacar a medios, periodistas y opositores al gobierno mediante los llamados “guerreros digitales”. A pesar de que Meta ha eliminado millones de cuentas falsas en redes sociales, estas páginas siguen operando y generando impacto.
Enid López, Fact Checker en Jefe, de Chequea Bolivia, destacó que estas páginas han estado vigentes desde el gobierno de Evo Morales, pasando por el gobierno de transición de Jeanine Áñez y continuando hasta la administración actual del presidente Luis Arce. Sorprendentemente, se descubrió que son administradas por 332 usuarios de Facebook distribuidos en 14 países, con una marcada presencia en España y Argentina. Algunas páginas son administradas por más de 10 personas de un mismo país, mientras que otras son manejadas de manera solitaria por personas que residen en diferentes países.
El análisis de datos revela un aumento progresivo en la creación de estas páginas desde 2018 hasta 2020, coincidiendo con el periodo preelectoral y los conflictos políticos vividos en Bolivia. Pero ¿cómo se financian estas páginas? Chequea Bolivia detectó que algunas ofrecen servicios de suscripción a los usuarios, con tarifas mensuales que oscilan entre 13,91 y 34,87 bolivianos. Los pagos se realizan a través de tarjeta y sistemas de pago en línea, como Meta Pay.
López destacó que la desinformación no se limita solo a Facebook, sino que también se ha propagado en plataformas como TikTok, lo cual es preocupante debido a la cantidad de contenido falso que se comparte en esa red.
La periodista Nancy Vacaflor, directora informativa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), denunció la vulneración sistemática de los derechos de los periodistas, incluyendo las condiciones laborales. Según Vacaflor, se busca afectar la credibilidad y estigmatizar a los profesionales de la comunicación, generando un deterioro en las instituciones y socavando la confianza de los ciudadanos. Esto no sólo perjudica a los periodistas, sino también a la democracia en su conjunto, asegura la periodista.
En su opinión, “La lucha contra la desinformación y la protección de la libertad de prensa son desafíos urgentes que deben abordarse para preservar una sociedad informada y fortalecer la democracia en Bolivia”.
El acoso y la violencia perpetrados por los “guerreros digitales” atentan contra el derecho al trabajo de un grupo específico de defensores de derechos humanos, en este caso, los trabajadores de la prensa. Estas acciones exponen a los periodistas a riesgos significativos para su salud mental y física, así como para las garantías de su derecho al trabajo.
Cabildeo Digital recupera el control de su página de Facebook
El 29 de junio de 2023 Cabildeo Digital logró recuperar su página de Facebook de manos de los ciberatacantes. Este medio independiente celebró que Facebook le devolviera el control total de su página, junto con sus 220 mil seguidores.
Sin embargo, no todos los medios han tenido la misma suerte, Erbol Digital, por ejemplo, continúa luchando por recuperar su página para restablecer el contacto con sus 512 mil seguidores.
Los ataques cibernéticos plantean interrogantes sobre la eficacia de las medidas de seguridad en las plataformas de redes sociales y la responsabilidad de las mismas en proteger la integridad de las cuentas de usuarios legítimos.
Enfrentar y contrarrestar la influencia de los “guerreros digitales” requiere de una combinación de medidas, como promover la alfabetización mediática, fortalecer la verificación de datos y la transparencia en las redes sociales, así como fomentar una cultura de respeto y diálogo en línea. Asimismo, es fundamental que los gobiernos y las plataformas digitales implementen políticas y mecanismos efectivos para detectar y desmantelar estas redes de desinformación, garantizando la protección de la libertad de expresión y la integridad de los espacios virtuales.
Imagen: Abecor
Fuente: Cedib
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