La noche de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, miles de votantes permanecieron a las puertas de sus centros y grabaron en video la lectura de cada acta, en la mayoría de los casos favorables a Edmundo González Urrutia. Durante unas horas, esos videos —un ejercicio distribuido de vigilancia colectiva que incomodó al poder— con cientos de escenas casi idénticas, firmadas con la voz de funcionarios que leyeron los resultados, marcaron el punto más alto de una movilización electoral ciudadana que venía creciendo semanas antes de la cita electoral.
Esa efervescencia tuvo un alto costo. Tras la proclamación de Nicolás Maduro, estallaron protestas con víctimas mortales, detenciones arbitrarias y una campaña de acoso estatal en línea. En pocos días se instaló un silencio cauteloso que, un año después, todavía condiciona la conversación pública.
Para entender cómo aquella euforia digital —que permitió documentar, compartir y fiscalizar el proceso electoral— se transformó en un clima de persecución y miedo, conviene reunir las voces que acompañaron cada etapa: ciudadanos que subieron actas, especialistas que rastrearon los datos y defensores de derechos humanos que denunciaron los abusos.
Sus relatos trazan la conquista de ese espacio de participación, muestran hasta dónde se perdió y apuntan los caminos que aún quedan para reactivarlo.
El auge de la conversación y la organización ciudadana
“La gente no solo fue capaz de compartir información de calidad, sino también de rechazar la mentira, la propaganda, la manipulación”, afirma el periodista Luis Carlos Díaz. Desde su mirada, el entusiasmo que marcó el período preelectoral fue un fruto de la resiliencia comunicacional acumulada durante más de una década de activismo digital en Venezuela.
Ese entusiasmo preelectoral también se reflejó en la conversación en redes sociales y pudo documentarse mediante análisis de datos.
La organización Cazadores de Fake News analizó gráficamente la conversación electoral que hubo en X del 4 al 12 de julio. El análisis constató que los mensajes de los simpatizantes del candidato opositor Edmundo González Urrutia superaron, de manera orgánica, a la conversación favorable al oficialismo, a pesar de que esta última estaba siendo impulsada, en gran parte, por militantes del PSUV, medios afines al oficialismo, empleados públicos e incluso redes militares.
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz explicó que, en un ejercicio por mantenerse informados durante el proceso electoral, los venezolanos construyeron redes para compartir contenidos en espacios de confianza. Fue precisamente la existencia de estas redes lo que permitió que documentaran los resultados electorales desde los propios centros de votación. “La gente tuvo su propia verdad antes de que se divulgara la supuesta verdad oficial”, explica.
La diáspora también fue clave. Venezolanos en todo el mundo esperaban el cierre de mesas para revisar actas, compartirlas y compararlas. Este compromiso fue aún más significativo si se considera que, a pesar de que más de 7 millones de venezolanos forman parte de la diáspora, solo 69.211 personas fueron habilitadas para sufragar en el exterior.
La exclusión del voto migrante consolidó la necesidad de que quienes estaban fuera del país se implicaran en la verificación ciudadana y el relato colectivo del proceso.
La plataforma resultadosconvzla.com, puesta en marcha el 30 de julio como un repositorio centralizado por la oposición de las actas originales que los mismos ciudadanos estuvieron escaneando por varios días, terminó de cohesionar ese proceso. Cada nueva carga de actas generaba hilos colaborativos en los que ciudadanos las contrastaban con los resultados escuchados en vivo en sus propias comunidades, mientras analistas y estadísticos cotejaban los totales.
“Esto nació desde lo más profundo del sentimiento ciudadano de justicia”, recuerda Giusseppe Gangi, activista digital y creador del portal macedoniadelnorte.com. Sin esa colaboración, dice, no habría sido posible construir el archivo ciudadano más amplio de una elección en Venezuela.
Ante la aparición en línea del archivo con miles de actas escaneadas, la primera reacción del gobierno fue deslegitimarlas. Voceros oficiales alegaron que presentaban “firmas planas” o “metadatos corruptos” y otras desinformaciones que fueron desmontadas sucesivamente por iniciativas de verificación de hechos, medios de comunicación y activistas digitales como el mismo Gangi.
“Buscar desacreditar las actas por metadatos o firmas demuestra lo poco que tenían a su favor”, dijo Gangi, recordando que éstas eran legítimas, pues provenían del papel que las máquinas del CNE imprimieron en los centros de votación y fueron escaneadas, de forma colaborativa y en red, por los propios venezolanos organizados.
La campaña de miedo para callar la protesta
La misma noche del 28 de julio comenzó a apagarse el entusiasmo de la fase preelectoral y fue convirtiéndose en miedo.
Tras el anuncio oficial que ratificó a Nicolás Maduro, miles de personas se movilizaron para denunciar las inconsistencias entre los resultados divulgados por el CNE y los conteos de cierre verificados por observadores en cada centro de votación. Las manifestaciones se multiplicaron y, en varios puntos, testigos reportaron la presencia de grupos armados progubernamentales cuya actuación dejó heridos y víctimas mortales.
Los días siguientes al proceso electoral, la respuesta estatal derivó en el despliegue de la llamada “Operación Tun Tun”: una campaña de detenciones masivas acompañada de vigilancia y delación. Debido a esta campaña, más de dos mil personas fueron arrestadas en todo el país, en muchos casos de forma arbitraria y sin pruebas claras. Así comenzó una estrategia de intimidación destinada a sofocar tanto la protesta en las calles como la conversación en línea.
“Después del 28 de julio se siente un silencio dentro de Venezuela, pero no es por apatía, sino por miedo”, aseguró la politóloga Ana Milagros Parra. Según ella, el castigo por opinar a través de contenidos digitales —como los videos que publica regularmente en sus redes sociales— ya no se limita al escrutinio digital: también puede significar cárcel o tortura.
Muchos venezolanos sufrieron la consecuencia de esta campaña, detenidos e imputados por presuntos delitos de incitación al odio o terrorismo por tan solo publicar estados de WhatsApp, tuits críticos o estampar una franela con una imagen incómoda para el poder.
Aunque piensa que expresarse sigue siendo posible, Parra cree que el riesgo es alto: “Expresarse a salvo en Venezuela implicaría que no hubiera un aparato represivo que persiguiera a los disidentes”, aseguró.
Rafael Uzcátegui considera que la campaña —en la que circularon videos intimidatorios, amenazas públicas y criminalización para inhibir la expresión ciudadana— representa una forma de terrorismo de Estado. “No se puede normalizar lo que está mal. La gente debe seguir dándole nombre y señalando los abusos”, sostiene.
Uno de estos abusos quedó claro tras la publicación de una investigación digital que demostró la vinculación de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con la administración de grupos de Telegram dedicados a la delación digital. En uno de estos canales se alentaba a los usuarios —la mayoría funcionarios policiales— a denunciar a manifestantes, en muchos casos sin aportar ninguna prueba adicional a fotografías y ubicación.
En el canal circuló, por ejemplo, un cartel de “se busca” con la fotografía de un periodista venezolano, actualmente en el exilio. El mensaje ofrecía una recompensa por información sobre su paradero y le atribuía, sin evidencia, haber “pagado a menores de edad” y “vender droga a los motorizados” que protestaban en las calles.
Valentín Ruíz, periodista de Monitor Civil y parte del equipo que investigó el caso, advierte que con este tipo de métodos “se dinamita la acción colectiva para instalar un régimen del terror mediante el uso de la misma sociedad”, una estrategia que calificó como “maquiavélica”.
La “guerra cognitiva” como justificación del control informativo
Entre el inicio de la campaña electoral, el 4 de julio de 2024 y la toma de posesión de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, se documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web y servidores DNS, incluyendo medios de comunicación, ONG y verificadores de datos. A estos se suman otros cinco sitios bloqueados previamente en 2024, según datos de la organización VE sin Filtro.
A la fecha, más de 60 medios de comunicación independientes permanecen bloqueados por varios proveedores de internet, y persisten las restricciones de acceso a X (Twitter) y la aplicación de mensajería instantánea Signal. Este cerco digital permanente es una pieza fundamental de una política estatal que busca moldear la conversación pública incluso más allá del período electoral.
Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, asegura que el bloqueo de prácticamente todo el ecosistema de medios independientes del país no solo afecta a voces opositoras, sino a todos los venezolanos, independientemente de su afinidad política.
“Aunque no estés de acuerdo con lo que dicen, necesitas distintas perspectivas para estar realmente informado”, subrayó Azpúrua
Una de las vías utilizadas para justificar este cerco ha sido la narrativa de una “guerra cognitiva”, según la cual potencias extranjeras y medios de comunicación intervienen para desestabilizar al gobierno de Maduro. Ese argumento, repetido por varios voceros del oficialismo, ha servido como un escudo contra el trabajo de periodistas, observadores y verificadores que documentaron las irregularidades del proceso electoral en tiempo real.
Ewald Scharfenberg, periodista y cofundador del medio de periodismo de investigación Armando.info, también bloqueado en Venezuela, interpreta el concepto de la “guerra cognitiva” como un argumento cínico y manipulador. “Busca aplanar el terreno estableciendo la idea de que todos mienten por igual, y que, por lo tanto, nadie merece credibilidad”, afirmó.
Adicionalmente, la etiqueta de “guerra cognitiva” sirve no solo para justificar la censura, sino también como arma retórica para desacreditar a quienes refutan la versión oficial, incluso frente a pruebas exhaustivas como las actas electorales digitalizadas y publicadas por la oposición.
“Para un sistema que se funda sobre la mentira, como lo es el régimen venezolano, la verdad siempre resulta subversiva”, sostuvo Scharfenberg.
La importancia de documentar
Las consecuencias del control informativo impuesto se evidencian en historias concretas que exponen la importancia del trabajo de documentación y divulgación de incidentes por parte de periodistas y defensores de derechos humanos, pues la desinformación estatal puede borrar víctimas y diluir responsabilidades.
El caso del asesinato durante las protestas postelectorales del joven Aníbal José Romero Salazar, conocido por sus amigos como “Pimpina”, es muestra de ello.
En una rueda de prensa ante medios internacionales, Nicolás Maduro presentó el caso como una “fake news”, mostrando el video de otro joven que hablaba y confesaba haber fingido su muerte. Posteriormente, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de la ONG Provea, publicó en X el nombre completo de Romero Salazar, de 27 años, reiterando que sí había sido asesinado pese a la negación oficial, y señaló que había testigos que aseguraban que funcionarios de la División de Asuntos Estratégicos (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon cuando él cayó.
Hasta la fecha, la muerte de Romero Salazar y la de muchas otras personas asesinadas durante las protestas se mantienen bajo negacionismo gubernamental. Incluso, voceros del gobierno se han referido a todos los asesinados como militantes del oficialismo, ocultando que la mayoría eran personas que protestaban contra los resultados divulgados por el CNE, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
“Pareciera que hay una firme política desde el Ministerio Público de generar impunidad frente a los asesinatos que ocurrieron en el marco de la represión a las protestas después del 28 de julio de 2024”, expresó Alvarado.
Frente a esta estrategia de negación y encubrimiento, los informes y registros de organizaciones de derechos humanos se han vuelto herramientas cruciales para reconstruir los hechos y preservar el recuerdo colectivo sobre lo sucedido. Rafael Uzcátegui destaca que “estos informes no solo sirven para la denuncia inmediata, también son un ejercicio de memoria”.
Sin embargo, la represión ha forzado a muchos venezolanos al silencio. Alvarado alerta que “hay personas encarceladas que exigen a sus familias que no sigan denunciando sus casos”, producto del miedo sembrado tras liberaciones condicionadas o amenazas directas.
A pesar de ello, el esfuerzo por documentar y visibilizar persiste como la única vía para evitar que las violaciones queden en el olvido y, en gran medida, es posible gracias a la denuncia ciudadana que, incluso con miedo y ciertas cautelas, continúa alzando la voz tanto en espacios públicos como en las redes sociales.
Cómo reconstruir la conversación
Un año después del 28J, los desafíos se acumulan.
Luis Carlos Díaz identifica tres ejes a reconquistar: mantener la producción de contenido pese a la falta de financiamiento a medios y organizaciones en Venezuela, vencer el miedo a expresarse y reconstruir referentes confiables en redes sociales. “Siento que en Venezuela hemos perdido el ecosistema que había de articulistas de opinión”, señaló como un ejemplo. “Ahora necesitamos generar comunidades de referencia”.
También insiste en no subestimar acciones como compartir un reportaje o verificar una denuncia.
“Eso combate la desinformación y fortalece espacios donde la democracia todavía puede respirar”, dijo.
La lección que deja el primer aniversario del 28J es clara: solo una ciudadanía activa, crítica e informada puede enfrentar la propaganda, la manipulación de redes sociales y los vacíos de información. El reto es devolver el cauce al debate en línea para que la postverdad no se apodere de la memoria colectiva.
Fuente: Connectas
