El debate sobre la falta de una ley de acceso a la información pública en Bolivia se extiende desde hace dos décadas, sin que hasta el momento haya habido voluntad política para tratar y aprobar una norma que proteja y preserve este derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido en la Constitución Política del Estado (CPE).
En entrevista con Poder DIC – Derecho a la Información y Comunicación, un programa de la Fundación para el Periodismo (FPP), el investigador y comunicador Diego Cuadros dijo que, en 22 años, fueron presentados 10 proyectos de ley de acceso a la información pública en el país y todos quedaron en nada.
Cuadros consideró que la principal causa para que el Legislativo no quiera aprobar una ley de esta naturaleza es porque existe una “cultura del secretismo”, ya que los funcionarios públicos creen que solo deben entregar información a sus superiores.
“Hay un desconocimiento del derecho de acceso a la información pública y se impone el secretismo”, insistió Cuadros a tiempo de señalar que los políticos tienen temores de que se hagan públicas sus actuaciones.
Proyectos de ley presentados
Este recuento en orden cronológico resume las veces en que se presentó una propuesta de ley a ser analizada por el Legislativo, aunque algunas de estas iniciativas ni siquiera llegaron a la Asamblea.
1.- En 2001, durante el Gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga, la diputada Susana Peñaranda presentó un proyecto de ley de acceso a la información, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un proyecto modelo para la región.
Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores, pero luego fue archivado.
2.- En 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa, la periodista Lupe Cajías, trabajó un proyecto de ley de acceso a la información, pero el escenario complejo del Congreso en ese momento frustró la iniciativa jurídica.
Este proyecto de ley fue socializado en los escenarios regionales, pero no fue propuesto al Parlamento. Finalmente, este documento de ley se tradujo en el Decreto Supremo 28168.
3.- En 2007, el Viceministerio de Transparencia Institucional, a través de Nardi Suxo, elaboró un proyecto de acceso a la información y socializó los marcos regulatorios de la iniciativa con varios sectores sociales.
4.- En 2012, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, el Ejecutivo a través del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información, pero tampoco avanzó.
5.- En 2013, el Ejecutivo volvió a presentar un proyecto de ley de acceso a la información, una versión modificada de la propuesta de 2012, sin embargo, este documento durmió en una comisión de la Cámara de Diputados. Esta propuesta pone excepciones a temas medioambientales y de explotación de recursos humanos.
6.- En 2016, la Asociación de Periodista de La Paz (APLP) presentó un proyecto de ley de acceso a la información, sin el impacto necesario.
7.- En 2016, el sociólogo e investigador, Henry Oporto, presentó el proyecto Transparencia y Acceso a la Información, sin mucho éxito porque el trámite tampoco avanzó.
8.- En 2021, la representación parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información, pero la propuesta no fue enviada a ninguna comisión y su tramité terminó ahí.
9.- En 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la presentación de un proyecto de ley de acceso a la información, cuyo documento, supuestamente, estaba en revisión. Sin embargo, el proyecto nunca fue presentado a la Asamblea ni publicado en su sitio web o en algún otro medio.
10.- En 2023, la senadora de CC, Silvia Salame, presentó un proyecto de acceso a la información a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero sin repercusiones.
Expertos coinciden en la falta de voluntad política
Para el constitucionalista Julio Veizaga, la información pública es una fuente del poder ciudadano en una sociedad democrática. “El Gobierno que no comparte el derecho a la información pública denota que no tiene voluntad política para el fortalecimiento del sistema democrático. Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información pública porque no se confía mucho en el ciudadano”, dijo.
“Los periodistas que ejercen la fiscalización de los actos del Gobierno representan un obstáculo para el ejercicio del poder político. La necesidad de asegurar el derecho de acceso a la información pública no es una tarea de prioridad en la sociedad actual. Mantener en secreto toda información pública se constituye en una herramienta que evita que el pueblo tenga la posibilidad de ejercer el control social”, explicó Veizaga.
El abogado y experto internacional en libertad de prensa, Ramiro Orias, le dijo a Bolivia Verifica que este Gobierno, como los anteriores, no quiere comprometerse con un instrumento que permita al ciudadano acceder a la información pública ante la falta de transparencia y la opacidad en ciertos temas referidos a la gestión pública.
“Bolivia no quiere aprobar una ley de acceso a la información porque no quiere ceder ante la discrecionalidad que tienen los políticos y los funcionarios públicos en su trabajo”, añadió Orias.
Susana Saavedra, investigadora y directora ejecutiva de la Fundación Construir, se refirió también al tema y apuntó que entre las causas para que en Bolivia no haya prosperado hasta el momento ningún proyecto de ley de acceso a la información pública es la falta de conciencia de la propia ciudadanía en el ejercicio de este derecho y de la voluntad política.
“No puede ser que Bolivia, teniendo una Constitución tan amplia, porque este derecho está garantizado desde una Constitución tan de avanzada, hasta ahora esté rezagada”, señaló.
Agregó que es muy importante conocer la información para que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera informada. La falta de una ley restringe la toma de decisiones sin la suficiente evidencia, precisó.
Cuadros apuntó a que ha sido tan poco el interés político en un proyecto de ley de información, que los debates al respecto se han dado, sobre todo, en escenarios de discusión de la sociedad civil o en espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil más que en la propia Asamblea Legislativa.
“En todo caso, nunca se ha profundizado lo suficiente esta discusión. Se ha dado en escenarios muy pequeños, muy muy cerrados. No se ha generado un debate que haga que haya una conciencia ciudadana o que determinados actores tomen determinada posición respecto al tema”, afirmó el investigador.
Contradicciones de los legisladores
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, explicó que este tema es importante para las y los bolivianos. “Nosotros vamos a escuchar y vamos a debatir cualquier iniciativa sobre el tema. Pero, sobre todo, vamos a consensuar un eventual proyecto”.
“Si en más de 15 años del Gobierno de Evo Morales no se pudo hacer nada, nosotros vamos a escuchar y vamos a abrimos a la posibilidad de debatir un proyecto de ley sobre el tema”, añadió el legislador de la denominada “ala arcista”.
El diputado de Comunidad Ciudadana, George Komadina, explicó que la razón principal para que el Legislativo, en un periodo de 20 años, no haya mostrado interés en aprobar la ley de acceso a la información es porque no existe voluntad política.
“A través de la información se puede cuestionar los presupuestos de los ministerios, algunos muy inflados irracionalmente, el exceso de gasto público; esto es algo intrínseco a una forma o un modelo democrático de los últimos años”, indicó.
Según Komadina, la ciudadanía no conoce el valor del acceso a la información y desconoce sus derechos. En consecuencia, no solo es un problema de los gobernantes, la población tampoco sabe que tiene derecho a conocer y acceder a la información pública.
Acerca del Día Internacional del Acceso Universal a la Información
En octubre de 2019, la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (DIAUI), considerando la importancia que tiene el acceso a la información, en general, y el acceso a la información pública, en particular, para promover el desarrollo de las sociedades con justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Dicha jornada ya había sido proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 2015, tras la adopción de la Resolución 38 C/57 que proclama el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (DIAUI).
Fuente: Bolivia Verifica
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