“Si la ciudadanía está obligada a votar, los candidatos también deben ser obligados a debatir”. Bajo ese razonamiento, más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los diarios independientes de Bolivia, emitieron un pronunciamiento de respaldo a una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentada ante la Asamblea Legislativa.
Tras 20 años sin debates entre los candidatos a la Presidencia de Bolivia, el proyecto de modificaciones a la Ley No. 26 plantea la promoción del debate electoral público y obligatorio para la reflexión y deliberación acerca de las propuestas programáticas de candidatas y candidatos a cargos públicos elegibles.
La tradición de los debates entre candidatos presidenciales se extinguió tras la llegada de Evo Morales a la Presidencia en el año 2006, como parte de la estrategia de imagen del ahora expresidente que evitó exponer sus planes de gobierno y menos debatirlos ante sus oponentes.
Morales gobernó entre 2006 y 2019, con un férreo dominio partidario sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los partidos opositores cedieron posiciones sin posibilidades de cuestionar leyes y ejercer su rol de fiscalización.
“Consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos los que disponen que el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos, sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones”, señala el pronunciamiento.
Elecciones
En Bolivia, las elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas se realizarán el domingo 17 de agosto próximo, con la posibilidad de segunda vuelta el 19 de octubre. “En la misma línea, la RELE – CIDH considera que: Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.
Fuente: Opinion
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